El asesinato a ráfagas de un joven y heridas a dos miembros de una misma familia en León, el intento de muerte a balazos contra un reo político excarcelado de Wiwilí y las ejecuciones de varios campesinos opositores, más las incontables denuncias de secuestros y asedio de policías y paramilitares, incluyendo las amenazas contra monseñor Rolando Álvarez en Matagalpa, podrían marcar una nueva y sangrienta etapa de represión de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, según expertos en seguridad ciudadana.
Para el jurista experto en derechos humanos Uriel Pineda, la nueva situación de violencia que azota al país con la Policía y cuerpos parapoliciales como actores, es una nueva y más cruda etapa de la represión estatal desatada desde el 18 de abril de 2018.
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“Yo creo que es una nueva etapa de la represión. El régimen se vio obligado a liberar a los presos políticos, pero para mantenerse en el poder debe evitar a toda costa que existan nuevos brotes de protesta y es por eso que siguen las detenciones arbitrarias”, dijo Pineda, para quien existe una grave orientación detrás del comportamiento visceral de la Policía Orteguista (PO).
“La instrucción parece ser detenerlos, pero si se resisten no tener contemplación. Desde los derechos humanos estamos en presencia de ejecuciones extrajudiciales y como tal deben reportarse, investigarse y denunciarse”, dijo Pineda.
“No quieren presos…”
Para la exguerrillera Dora María Téllez, opositora del régimen de Ortega y Murillo, la dictadura ha entrado en una fase de ejecuciones selectivas.
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“Yo creo que esta etapa de ejecuciones selectivas, casi masivas en el caso rural, es una etapa distinta de la represión de la dictadura de los Ortega-Murillo y tiene que ver con el fracaso del resto de las modalidades de la represión”, analizó.
“En la medida en que han salido los presos políticos y van a seguir sacando presos políticos por presión internacional, ellos van a seguir optando por tres modalidades: primero el asedio, amenaza y hostigamiento de paramilitares y ahora sicarios, como el caso de Martín Blandón en Ayapal y los que asesinaron en El Cuá; segundo, la represión policial y las ejecuciones como lo vimos en León con la masacre a la familia”, aseguró Téllez.
Para ella, la tercera modalidad es el secuestro policial acompañado de la creación de juicios creados bajo falsas acusaciones de delitos comunes graves, vinculados a las drogas, asaltos armados y otras invenciones siniestras.
“Ya en esta etapa toman cuenta de lo que no pueden hacer, que es tener presos políticos porque luego vienen las presiones internacionales para sacarlos, entonces amenazan, persiguen, secuestran, inventan cargos, siembran pruebas y realizan ejecuciones selectivas”, acusa.
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La denuncia constante y permanente de abusos policiales contra la ciudadanía que mayoritariamente rechaza al régimen, ha llegado incluso a los foros internacionales y personajes como el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, quien denunció la persecución religiosa del régimen orteguista.
Y de igual modo el exdiputado del Parlamento Europeo, Ramón Jáuregui, denunció que la represión en Nicaragua sigue sin soluciones, por lo cual anunció posibles sanciones a funcionarios del régimen.