El miércoles de la semana pasada la ciudadanía nicaragüense se estremeció por la noticia de que el joven de 23 años de edad, Bryan Murillo López, fue asesinado a balazos en la ciudad de León por policías que dispararon contra él sus armas de guerra. Dos jóvenes más, habitantes de la misma casa donde Bryan fue asesinado, sufrieron graves heridas por los disparos de los policías.
La madre del joven asesinado en León declaró públicamente que él había participado en los tranques y las marchas pacíficas de la oposición autoconvocada. De manera que a todas luces se trata de otro asesinato político.
Ha pasado un año desde que las fuerzas represivas de la dictadura desmontaron a punta de metralla los tranques de la resistencia ciudadana, causando al menos 325 muertos según los organismos internacionales de derechos humanos. Las manifestaciones de los autoconvocados azul y blanco han sido reducidas a una mínima expresión por la feroz represión, pero no cesa la matanza de ciudadanos opositores.
El jueves 4 de julio corriente, LA PRENSA publicó un reportaje titulado “Los nueve casos de opositores nicaragüenses que han sido asesinados en lo que va de año”. Ahora son diez. Dos de esas personas fueron asesinadas en territorio hondureño fronterizo con Nicaragua, adonde huyeron de la represión después de participar en la insurrección cívica del año pasado. Pero hasta allá los alcanzó el célebre “largo brazo” asesino del poder revolucionario.
Los defensores nacionales de derechos humanos, los movimientos políticos opositores y los familiares de las víctimas denuncian estos crímenes y reclaman justicia. También los organismos internacionales de derechos humanos, y representantes de gobiernos de Europa, América Latina, de los Estados Unidos y la OEA, piden al régimen de Ortega que pare la matanza y cese la represión. Pero el odio vengativo y el ansia de matar de la dictadura es insaciable.
Suponemos que es por eso que algunos senadores de los EE. UU. pidieron el 10 de julio a su gobierno, que imponga sanciones más duras y persuasivas a la dictadura de Nicaragua, inclusive a Ortega de manera personal.
Hasta ahora las sanciones han sido insuficientes. Y a pesar de que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, condenó el nuevo asesinato de la dictadura en la persona del joven leonés Bryan Murillo, el organismo interamericano se mantiene pasivo. Ni siquiera ha integrado la comisión especial para hacer gestiones de alto nivel, como acordó la Asamblea General de Medellín, a fin de ayudar en la búsqueda de una salida política a la crisis. Mientras tanto, en el país sigue la represión y la matanza de opositores.
Se recuerda que de la dictadura militar argentina de 1976 a 1981, que presidió el general Jorge Videla, se dijo que era “una verdadera industria de asesinatos”. ¿Qué se podría decir ahora de la dictadura policial y paramilitar de Daniel Ortega? Videla aceptó plenamente su culpa ante un tribunal argentino, porque dijo que él era un hombre de honor. Nos parece muy difícil, por no decir imposible, que algo como eso pudiera ocurrir también en Nicaragua.