Juan y Toño son nombres ficticios de los últimos dos nicaragüenses a los que Estados Unidos les otorgó asilo luego de comprobar que en su país natal corrían peligro de muerte debido a la represión orteguista que ya cumplió 15 meses y que en el mismo contexto han sido asesinadas al menos 326 personas.
Pero para poder recibir el asilo, Juan y Toño tuvieron que permanecer en un centro de detención durante casi un año y demostrar que si regresaban a Nicaragua, sus vidas estarían en inminente riesgo. No fue fácil ni inmediato el proceso y esto, según Dora Argüello, directora del área de Comunicación de Nicaraguan American Human Rights Alliance (NAHRA), episodio Washington, es desconocido por quienes huyen de Nicaragua e indudablemente es uno de los principales problemas.
Argüello explica que si una persona es detenida en su intento de entrar al país sin una visa y solicita asilo, mientras se resuelve el caso, proceso que puede durar meses o años, debe permanecer en un centro de detención “y muchas veces no presenta pruebas que pueda calificar para solicitar ese asilo que busca y muchas veces las detenciones son una barrera contra una representación porque no tiene acceso a abogado, no tienen asistencia legal”.
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Al no gozar de un asesoramiento, el solicitante no se prepara para las preguntas que se les realiza, un interrogatorio conocido como miedo creíble. “Ellos dicen que quieren asilo pero no demuestran con hecho y la narrativa, no responden adecuadamente. Ese es otro problema que estamos enfrentando con los que solicitan asilo”, manifiesta Argüello.
Asilo aprobado pero sin dónde ir
NAHRA, organización creada a principios de 2019 que cuenta con más de 30 voluntarios autoconvocados y brinda acompañamiento y asistencia legal, revela que hay otro drama en la migración forzada por la crisis en Nicaragua. Se trata de cuando se le brinda el asilo a una persona y no hay familiares en EE.UU., no tiene adonde ir.
“Aquí nosotros entramos como organización y los mismos voluntarios abren las puertas de sus casas o les buscan lugares temporales para vivir. No tienen trabajo porque su asilo fue aprobado pero hay que esperar que les salga su permiso de trabajo y mientras tanto los voluntarios se encargan de garantizarles alimento, ropa y donde van a vivir temporalmente”, indica Argüello.
La crisis sociopolítica estalló en Nicaragua el 18 de abril de 2018 a raíz de una reforma al Seguro Social. Los ciudadanos salieron a las calles a protestar y el régimen orteguista atacó sin piedad con su policía y turbas. Como consecuencia al siguiente día empezaron a contarse los muertos y el tema de violación de derechos humanos tocó fondo al punto de que la comunidad internacional ha condenado la represión y cerrado filas.