Francisco Javier Jiménez Rayo cumplió este 23 de julio un año de ser preso político del régimen. El universitario de 22 años de edad fue secuestrado por la Policía Orteguista (PO) hace exactamente un año en el sector de la rotonda de Bello Horizonte, cuando regresaba a su casa en la colonia Cristhian Pérez, luego de participar en una marcha de autoconvocados contra el dictador Daniel Ortega.
Lesli Rayo, mamá de Francisco Javier, sigue denunciando como un secuestro el de su hijo y exige su liberación de la cárcel donde la dictadura le mantiene, a pesar de que el joven es parte de los presos políticos de la primera lista presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ahora de los 109 que reclama la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia que siguen encarcelados.
Francisco Javier desde que fue detenido ha sido golpeado, interrogado muchas veces y el tiempo en la prisión le está causando ansiedad y depresión. A este estudiante de segundo año de Psicología la PO lo acusa de portación ilegal de armas y robo agravado, delitos que no han podido demostrarse, según sus familiares y el Comité Pro Liberación de Presos Políticos.
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Su mamá Lesli Rayo Rocha explicó que el estado de ánimo de su hijo ha desmejorado debido a que el régimen orteguista se niega a devolverles su libertad “a pesar de que hemos demostrado que es inocente” de los delitos comunes que le acusan.
“Yo le digo que estoy en pie de lucha por su libertad, hasta conseguir que esté de nuevo en la casa”, dijo la señora Rayo mientras las lágrimas se deslizan en sus mejillas.
Problemas en salud
La insalubridad en la celda, según Rayo, le ha causado a Francisco Javier problemas en la piel y estomacales. A pesar de la difícil situación Rayo sigue “confiando en la presión internacional y del pueblo de Nicaragua” que mantendrán el apoyo a los familiares de los presos políticos para que sean liberados.
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Tras el estallido de las protestas ciudadanas el 18 de abril del 2018, primero contra unas brutales reformas a la Seguridad Social y luego en rechazo por la masacre a las marchas de los estudiantes, la población exige la liberación total de los presos políticos, reformas electorales que conduzcan a elecciones transparentes, supervisadas por observadores nacionales e internacionales así como adelantadas.
El dictador Ortega respondió con una brutal represión de su PO y paramilitares que han dejado un saldo de al menos 326 muertos, miles de heridos, unos 80,000 exiliados así como una profunda crisis económica causando que más de 90 mil personas perdieran su empleo en 15 meses de crisis sociopolítica.
A pesar de que el dictador Ortega se niega retomar las negociaciones con la Alianza Cívica, la oposición mantiene la demanda para que se liberen a todos los 109 presos políticos que aún falta, así como que se acuerden las reformas institucionales para restablecer la democracia en el país.
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“Sigo pidiendo a la comunidad internacional, al Comité Internacional de la Cruz Roja, a la Alianza y a la Unidad Nacional de que siempre se unan y sigan exigiendo la libertad de todos nuestros secuestrados políticos”, dijo Rayo.
Más de mil protestantes fueron detenidos y procesados como “terroristas” por el régimen orteguista, siendo excarcelados unos 600 reos políticos, una parte bajo la Ley de Amnistía conocida como autoamnistía con la que la dictadura pretende dejar en la impunidad sus crímenes contra la población. Otro grupo de alrededor de 250 presos políticos fueron excarcelados bajo el acuerdo con la Alianza Cívica, pero que el régimen no ha cumplido en su totalidad porque no se les han cerrado las causas penales y además la PO sigue acosando a los autoconvocados y a sus familiares.