Como un balde de “agua fría”, que desató una oleada de temor en el sector empresarial y productivo, cayó en Guatemala la amenaza que lanzó esta semana el presidente Donald Trump de gravar las remesas y las exportaciones de ese país hacia EE.UU., luego que fracasara un programa migratorio que busca frenar la llegada ilegal de centroamericanos hacia Estados Unidos.
De concretarse la advertencia, en Guatemala el sector privado fue claro: “matarían el aparato productivo” , lo que ocasionaría una mayor oleada de migrantes hacia Estados Unidos por un mayor desempleo en los campos chapinos, advirtió ayer el sector empresarial, según recogió el diario Prensa Libre en su edición digital.
En 2018, los guatemaltecos en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, enviaron una cifra récord de 9,287.7 millones de dólares. Además las exportaciones de Guatemala hacia ese mercado sumaron 3,845 millones de dólares de un total de 10,969 millones de dólares, según datos del máximo emisor bancario de este país.
Según el diario guatemalteco, Estados Unidos compra principalmente textiles, bananos, café, azúcar, entre otros.
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Pero ¿qué originó la amenaza de Donald Trump hacia Guatemala y que tiene al sector empresarial de ese país nervioso? Como parte de su estrategia antiinmigrante, Trump busca que al igual que México, Guatemala se declarare como “país seguro”, pese a tener graves problemas de pobreza e inseguridad por la operación no solo de pandillas juveniles violentas sino también por la penetración del crimen organizado en las instituciones estatales.
El presidente guatemalteco Jimmy Morales, que ha estado bajo fuerte críticas en su país, al parecer tenía negociaciones avanzadas con Estados Unidos para declarar al país como “tercer país seguro”, lo que ocasionaría que los migrantes en su ruta hacia Estados Unidos para pedir asilo, debían primero pedir esa protección al primer país que llegaran bajo esa categoría.
Si en dado caso la solicitud de protección es rechazada en el “tercer país seguro”, entonces se le permitirá en Estados Unidos pedir el asilo y deberá demostrar a las autoridades estadounidenses que hizo el esfuerzo por asentarse en otro país antes de llegar a EE.UU.
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En Centroamérica, las dos opciones que Trump quiere imponer a los migrantes como “tercer país seguro” son México y Guatemala. El primero, al igual que el segundo, se mostró en un principio reacio a aceptar el acuerdo, por lo que el mandatario estadounidense amenazó con crear un impuesto progresivo a las exportaciones mexicanas, comenzando con una tasa del 5 por ciento hasta alcanzar el 25 por ciento.
Pero a diferencia de México, Trump con Guatemala no solo busca gravar las exportaciones sino también las remesas, en un país donde se estima que cada hora la economía recibe un millón de dólares en concepto de envío desde el exterior, según publicó Prensa Libre en abril de este año.
Juan Carlos Tefel, presidente del Comité de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales, y Financieras (Cacif), dijo a ese mismo diario que las amenazas de Trump tienen preocupado el sector por el fuerte vínculo comercial con ese mercado.
“(Se trata del) 35 por ciento de las exportaciones del país, por más de US$4 mil millones y por remesas de US$9 mil millones y más de un millón de personas se verían afectados por el empleo si ponen estos aranceles de productos guatemaltecos”, detalló Tefel, según Prensa Libre.
Fue la Corte Constitucional de Guatemala que bloqueó al Ejecutivo de cualquier posibilidad de pactar con Estados Unidos un acuerdo que convierta al país en nación segura para migrantes, sin antes este fuera aprobado por el Congreso. Esto luego que se filtrara un supuesto documento que contenía el acuerdo.
El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) de Guatemala emitió un comunicado en el que advirtió que de concretarse los aranceles “pone en riesgo la sobrevivencia de millones de guatemaltecos, que con dichos recursos, proveen la alimentación y combaten la desnutrición crónica y pobreza en las zonas migrantes”.
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Además golpearía a miles de pequeños productores guatemaltecos y a más de un millón de trabajadores. En el comunicado el sector empresarial responsabiliza a la Corte Constitucional y cuestionó que esta actuara sin conocer el contenido de cualquier acuerdo al respecto.
Y señaló que siendo esta amenaza de Trump un problema que afecta a millones de guatemaltecos, este debe abordarse como un tema de interés nacional.