Unos años atrás, lo más dinámico en la protección de los Derechos Humanos (DD. HH.) era alcanzar una meta mínima de desarrollo (Agenda 2030), y en un segundo nivel, el desarrollo de indicadores que permitieran medir el cumplimiento objetivo y no retórico de los DD. HH. Lo que ha ocurrido en Nicaragua y Venezuela, tiene el potencial de impactar en el futuro inmediato del Sistema Interamericano de Derechos Humanos por la percepción de ineficacia ante la comisión de Crímenes de Lesa Humanidad.
Pero ¿cómo la crisis de Nicaragua está aportando a estos cambios?
El diseño del Sistema Interamericano de Derechos Humanos está orientado para gobiernos de vocación democrática a quienes el respeto a los DD. HH. les limita en su actuar. Por ello, las recomendaciones de la CIDH resultan suficientes para atender problemáticas y en su defecto, el poder jurisdiccional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordaba sus deberes primarios a un Estado. Pero nuestra realidad superó por mucho el diseño del sistema, el régimen Ortega-Murillo está compuesto por oportunistas, inmorales de propensión criminal sin la menor decencia. El modelo no ha dejado de ser eficaz para las democracias, pero es inútil ante déspotas como Daniel Ortega.
Determinar la responsabilidad internacional de un Estado es insuficiente para garantizar el derecho de acceso a las víctimas de Crímenes de Lesa Humanidad (CLH). Naciones Unidas tiene claridad de esta situación y eso dio lugar al surgimiento de la Corte Penal Internacional (CPI), pero esta instancia ha brindado atención a situaciones mucho más graves que se han presentado en África. El hecho que nuestro continente no tenga problemas tan graves, torna a la CPI en una salvaguarda de uso improbable para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de CLH en Latinoamérica, por ello han surgido iniciativas a nivel regional que permitan hacer frente a esta situación.
La creación de un instrumento regional que garantice el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de CLH por medio de un tribunal internacional (ad Hoc o permanente) que determine responsabilidades individuales (no solo del Estado) es una iniciativa que gana adeptos en la región. Es trágico que en Nicaragua tenga que haber muerto tanta gente; que muchas personas fueran y sigan siendo encarceladas y torturadas; y que la represión gubernamental haya alcanzado niveles nunca antes vistos para que en la región comprendamos que la protección internacional eficaz de los DD. HH. pasa también por la creación de mecanismos internacionales para garantizar el derecho de acceso a la justicia a las víctimas de CLH. El debate se ha abierto, ahora solo falta el compromiso político para concretarlo ante la OEA.
El autor es maestro en Derechos Humanos.