El régimen orteguista ha reconocido, de hecho, que el asesinato el 23 de julio de 2018 de la joven brasileña estudiante de Medicina en Managua, Raynéia Gabrielle Da Costa, fue perpetrado en el contexto de la represión gubernamental contra las protestas políticas y sociales.
Los movimientos opositores y organismos de derechos humanos denunciaron oportunamente, que la ciudadana brasileña fue una víctima más de la despiadada represión de la dictadura que mató a por lo menos 325 personas. Pero las autoridades orteguistas lo negaron a pesar de las evidencias y procesaron al asesino por el delito de homicidio común.
Ahora el autor de aquel asesinato ha sido puesto en libertad —aunque no se sabe si en realidad estuvo en algún momento encarcelado—, al amparo de la Ley de Amnistía que fue dictada por el régimen el 8 de junio pasado.
Esta Ley dice en su artículo primero que la amnistía es para beneficiar “a todas las personas que han participado en los sucesos acaecidos en todo el territorio nacional a partir del 18 de abril de 2018 hasta su entrada en vigencia”. Y en el artículo 2 precisa que la amnistía cubre “todos los delitos políticos y los delitos comunes conexos con políticos”.
De manera que si la muerte violenta de la estudiante brasileña fue un homicidio común y el hechor condenado a 15 años de prisión, este no debe ser beneficiado por la amnistía. El mismo tribunal que ordenó su libertad así lo reconoce al indicar que fue condenado por un delito común, pero lo beneficia con la amnistía.
Este descaro judicial ha sido señalado por el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão, como “un caso explícito de contradicción del gobierno”, el cual siempre argumentó que el asesinato de Raynéia Gabrielle Da Costa “no estaba relacionado al contexto de las protestas, que es el objeto de la Ley de Amnistía”.
En realidad, nadie debería esperar que estando Ortega en el poder se hará justicia a las víctimas de la represión, ni debe sorprenderse por las barbaridades judiciales de la dictadura.
Cabe señalar que la señora María José Da Costa, madre de la estudiante brasileña asesinada en Managua, al conocer y repudiar el perdón del régimen de Ortega al asesino de su hija criticó que las autoridades de su país se hubieran desentendido del caso; y dijo que “bien podrían entrar con una acción internacional y presionar al Gobierno de Nicaragua para que salga la verdad a luz”.
El gobierno de Brasil ha criticado la decisión del régimen de Daniel Ortega, de amnistiar al asesino de la estudiante Rainéia Gabrielle. “Para el gobierno brasileño, esta medida demuestra el deterioro de las instituciones en Nicaragua y demuestra un patrón de violación sistemática de garantías individuales y derechos fundamentales en ese país”, dice un comunicado de prensa del Gobierno de Brasil.
Pero es muy poco. Las autoridades brasileñas deberían proceder más enérgicamente, como reclama justamente la señora Da Costa.