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Jaime Navarrete

El autoconvocado Jaime Enrique Navarrete Blandón fue acusado primeramente de asesinato en perjuicio de Ariel Ignacio Vivas. LA PRENSA / ARCHIVO.

Policía Orteguista allana la casa del excarcelado político Jaime Navarrete luego de secuestrarlo

Navarrete se encuentra en las celdas del Chipote, en Managua, donde no lo dejan ver ni dan información de él, más que está en investigación, detalló la abogada Yonarqui Martínez

El excarcelado político Jaime Navarrete fue secuestrado por la Policía Orteguista (PO) el miércoles 24 de julio. Navarrete se encuentra en las celdas del Chipote, en Managua, donde no lo dejan ver ni dan información de él, más que está en investigación, detalló la abogada Yonarqui Martínez, quien lo representa.

Según el Comité Pro Liberación de Presos Políticos, la casa de Navarrete fue allanada la mañana de este viernes en el barrio Santa Rosa.

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Según la Policía, Navarrete es investigado y por eso allanaron su casa y se llevaron una computadora. Un primer allanamiento ocurrió el miércoles 25 de julio.

Al respecto, Margine Blandón, madre del afectado, expresó que la casa está sola porque ella está fuera del país y espera que la Policía no le salga inventando nada a su hijo, porque este no tiene armas ni droga.

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Según Blandón, la Policía de civil que se mantenía asediando a su hijo se lo llevó el miércoles 24 de julio a las 6:10 p.m., cuando Jaime abrió el portón de la casa para realizar una foto a un carro que estaba estacionado enfrente asediando e insultando, momento que aprovecharon para llevárselo.

La Policía se encuentra apostada en la casa de Jaime Navarrete. LA PRENSA/CORTESÍA

“Desde que él salió me lo hostigaban día y noche, ni siquiera podía ir a las citas con la psicóloga. No salía de la casa”, dijo vía telefónica la adolorida madre.

“Estoy muy mal de salud y me están martirizando mi vida y la de mi hijo, ¿qué más quieren de él? Tiene dos lesiones en el cerebro, le desbarataron la boca, le fracturaron la nariz, lo quemaron con puro, le metieron el AK en el ano, le echaron ácido en sus partes íntimas, ¿qué más quieren de él?”, reclamó Blandón, detallando todas las torturas que le hicieron a su hijo en el Chipote cuando lo detuvieron en junio de 2018.

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El año pasado Navarrete fue condenado por el orteguismo a 22 años de cárcel por el presunto asesinato de Ariel Ignacio Vivas, quien andaba desmontando tranques a punta de balas con la Policía y la Alcaldía de Managua en barrios orientales.

La condena contra este autoconvocado la ordenó la exjuez y ahora magistrada orteguista de Apelación, Rosario Peralta, en el Juzgado Tercero Distrito Penal de Juicio de Managua.

Presentará recurso

La abogada Yonarqui Martínez expresó que este viernes fue al Chipote a preguntar por Navarrete y no quisieron mostrárselo para hablar con él como su defensora, ni ver su estado de salud, ya que el día de la captura manifiestan vecinos que fue golpeado por hombres vestidos de civil.

Martínez procederá a presentar un recurso de exhibición personal por detención ilegal, pues Navarrete lleva detenido más de 48 horas permitidas por la ley.

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La Policía causó destrozos en la vivienda de Navarrete al momento de los allanamientos. Destruyó puertas y muebles.

Según Blandón, al no haber nadie de la familia en la casa durante el allanamiento, la Policía llamó a un vecino para que sirviera de testigo.

“Yo confío que esa persona elegida no se preste al juego de la Policía”, manifestó Blandón, asimismo aseguró que ni ella ni su hijo han tenido problemas en el vecindario. “Mientras mi hijo esté en manos de esa gente, rogaré a Dios que me lo proteja, como madre pido que me lo valoren, porque se encuentra mal de salud”.

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Navarrete tiene dos lesiones en el cerebro según su mamá, de una caída que tuvo desde pequeño y la tortura que pasó en el Chipote el año pasado deterioró su salud mental.

Más acoso en Masaya

La persecución de la Policía Orteguista y paramilitares contra excarcelados políticos se intensifica en Masaya, después del incidente de ayer en la iglesia San Miguel Arcángel, cuando policías rodearon ese templo, donde se oficiaba una misa en conmemoración a jóvenes asesinados en las protestas contra el orteguismo, denunciaron los autoconvocados Dany García y el profesor Gabriel Putoy.

Según García —quien fue procesado junto a su esposa Ruth Matute y su tío el artesano en la pólvora Lázaro García—, sus vecinos les han comentado que la Policía ha llegado a preguntar por ellos. Además, se estacionan patrullas cargadas con policías en la cuadra de su casa. “Vemos que el asedio viene más fuerte por el piquete que se hizo en la iglesia y en diferentes departamentos del país”, dijo García.

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Mientras el profesor Putoy denunció que varios chavalos adeptos al partido sandinista le lanzaron piedras a su casa este jueves 25 de julio, causando daños al zinc de la vivienda y lo amenazaron de muerte.

“Se presentaron a la casa de mis padres, por el colegio Salesiano, cinco motos, de las cuales se bajaron seis personas y apedrearon el portón, destruyeron el zinc de la caseta que está afuera. También le quebraron la puerta a mi vecina Teresa Ñamendy. Las turbas estaban al mando de Iván Zeledón, del barrio 26 de Febrero”, denunció Putoy.

El excarcelado también señaló que durante el asedio en la iglesia San Miguel un exalumno de él lo amenazó de muerte. “El joven Tomás López Vásquez me expresó que quien me mata es él, porque dice que soy tranquero y que le daba vergüenza que mi persona haya sido su maestro en secundaria, entonces si algo me llegara a pasar, hago responsable a mi exalumno López Vásquez”, dijo el profesor.

Fue uno de los primeros condenados

Jaime Navarrete Blandón fue uno de los primeros condenados mediante el uso de testigos encubiertos, ante la falta de pruebas legales que sustenten las acusaciones del Ministerio Público contra ciudadanos que participaban en las protestas en contra del dictador Daniel Ortega. El agente encubierto está contemplado en el artículo dos de la Ley 735 o Ley Contra el Crimen Organizado y se refiere al funcionario especializado de la Policía Nacional o del Ejército de Nicaragua que, con autorización del máximo órgano de la institución a la que pertenezca, oculta su identidad oficial.

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