La detención arbitraria de la abogada María Oviedo, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y el sometimiento de ésta a un proceso judicial por supuesta obstrucción de funciones en Masaya, es un mensaje grave al gremio que se dedica a ejercer la defensa de autoconvocados y evidenciar las ilegalidades procesales de jueces y magistrados, explicaron abogados y abogadas penalistas.
“Es un mensaje que se envía a los abogados de que eventualmente pueden ser detenidos y vulnerados en sus derechos; por el ejercicio libre de la profesión”, dijo Boanerge Fornos, coordinador de Acción Penal.
Este fatal incidente contra la doctora Oviedo, se da una semana después que la Policía trasladó con grúa el carro de la abogada Yonarquí Martínez, quien también es defensora de autoconvocados, así como la acusación que fue archivada en su contra en marzo pasado.
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“El mensaje es claro, por el hecho de ejercer nuestro trabajo podemos ser procesados detenidos a como lo hicieron con los excarcelados y los actuales presos políticos. Nosotros tenemos derecho al trabajo sin importar la ideología o posición política de nuestro defendidos eso nos obstaculiza el ejercer nuestra profesión”, dijo Yonarquí Martínez .
Ya hay abogados condenados por defender a autoconvocados
Martínez explicó que la persecución es permanente, así como las detenciones para requisarle el carro y hacerles fotos. “Todos somos iguales ante la ley, sin embargo a nosotros nos tratan diferente a algunos colegas a fin al gobierno los dejan entrar a las delegaciones y les dan información de sus representados contrario a nosotros nos quitan los celulares, nos tratan de abogados golpistas. Nos ven con odio e irrespetan nuestros derechos humanos y laborales”, dijo la abogada.
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El abogado penalista Elton Ortega tiene la esperanza de que este hecho contra la doctora Oviedo sea “un hecho aislado de exceso policial y no el inicio de una escalada contra el gremio”.
Antes de esto, el primer abogado procesado por ejercer su profesión a favor de los manifestantes fue el abogado esteliano Mathil Alexander Pérez Amador, quien fue detenido ilegalmente, procesado y condenado a 11 años y dos meses de prisión por crimen organizado, entorpecimiento de servicios públicos, tenencia y uso de armas restringidas y otros delitos, porque ejerció defensa contra jóvenes autoconvocados de Estelí.
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La persecución contra el gremio de abogados empezó desde enero de 2018 cuando estos se apostaban frente a la Corte Suprema de Justicia a exigir el respeto a las leyes y sus derechos laborales, a como es ejercer libremente el derecho a la defensa y no obstaculizarlos.
La abogada Martínez insistió en que se deben respetar los derechos laborales de los abogados que es un derecho inalienable y contemplado en la Constitución Política del país.