Para el régimen de Daniel Ortega fue insostenible mantener por más tiempo a Sonia Castro como titular del Ministerio de Salud (Minsa) luego de que la funcionaria fue sancionada por Estados Unidos (EE.UU.) y Canadá, por violaciones a los derechos humanos. Ortega quitó a Castro del Minsa, pero a fin de no dejarla del todo desprotegida le dio el cargo de “ministra asesora del presidente de la República para temas de salud”.
Castro es señalada de haber dado órdenes en los hospitales públicos de no atender a quienes resultaron heridos en las protestas que iniciaron en abril de 2018 contra el régimen.
El retiro de Castro como ministra de Salud se hizo efectivo mediante el Acuerdo Presidencial 108-2019 publicado en La Gaceta, Diario Oficial, este 26 de julio, en el que también se le nombra asesora de Ortega.
Para oficializar el nuevo cargo de asesora, al que Castro quedó relegada, Ortega reformó el reglamento de la Ley 290, Ley de organización, competencia y procedimientos o del Poder Ejecutivo, en el que amplió la lista de sus asesores, que es el puesto que ha otorgado el dictador a una serie de exfuncionarios de su círculo personal cuando a estos los quita de un ministerio para poner a otro de sus fieles políticos.
No es protegida, dice Dora María Téllez
Dora María Téllez, exministra de Salud y actual opositora, señaló que el hecho que Castro fuese removida evidencia que no “es de las protegidas” del régimen, porque según Téllez, bien se le pudo quitar las funciones administrativas y financieras y pasarlas a los dos viceministros que había en el Minsa.
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Castro fue sancionada por EE. UU. y Canadá el pasado 21 de junio junto con Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional; al director del Telcor, Orlando Castillo, y al general en retiro y exministro de Transporte, Óscar Mojica.
Sin embargo, a Porras el régimen lo mantiene al frente de la Asamblea Nacional, aunque le quitó las funciones administrativas, financieras y legales a través de dos reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
“Vemos que en el caso del Minsa le resultaba complicado mantener a Sonia Castro porque no podía firmar cheques, suscribir contratos de compra de medicamentos, acuerdos, protocolos ni reportes internacionales, como con la Organización Mundial de la Salud (OMS), por lo que tenerla como funcionaria decorativa no funciona”, afirmó la exguerrillera Téllez.
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La separación de Castro como ministra de Salud se oficializó mientras ella está de gira por Qatar y Emiratos Árabes Unidos donde busca inversiones para Nicaragua.
Para Téllez, que la salida de Castro se diera mientras hace esas gestiones, “evidencia que las sanciones son efectivas por cuanto seguramente ella no pudo firmar acuerdos en nombre del Minsa”.
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Téllez ve también que quitaron a Castro porque “ha demostrado ineptitud total ante la epidemia de dengue, que el régimen no quiere reconocer a pesar de que ya hay varias muertes, pero la Sonia ha tenido una pésima labor en responder al problema epidémico”, dijo.
Dirigió represión en hospitales
Castro estuvo como titular del Minsa desde marzo del 2010. Personal médico ha denunciado que durante las jornadas de protestas, Castro ordenó no atender a los manifestantes heridos, lo que causó varias muertes, una de las más conocidas es la de Álvaro Conrado, de 15 años de edad, quien murió desangrado tras negársele atención en dos hospitales públicos cuando resultó herido de bala en la garganta, durante el ataque de grupos de choque y la Policía en el sector de la Universidad de Ingeniería (UNI).
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GIEI sugirió que se investigara que órdenes dio Sonia Castro
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), concluyó en su informe sobre la represión en Nicaragua que “existe información consistente sobre múltiples situaciones de negación de atención, de formas de atención inadecuadas”, maltrato a los heridos “que implicaron una nueva forma de violencia del Estado contra los manifestantes”.
Específicamente el GIEI sugirió investigar “qué tipo de órdenes emanaron de la ministra de Salud, Sonia Castro, y de la dirección de cada hospital, qué rol tuvo Fetsalud en los hechos, y qué medidas se tomaron —o no— para garantizar la salud pública en casos de suma gravedad”.
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Matrimonio ahora dirige el Minsa
Carolina Asunción Dávila Murillo es la nueva ministra de Salud, a quien le atribuyen la representación legal “para los asuntos administrativos, financieros y de cooperación externa”, según el Acuerdo Presidencial 109-2019, publicado en La Gaceta, del 26 de julio de 2019.
Dávila Murillo era hasta ahora la viceministra de Salud para asuntos del Sistema Local de Atención Integral en Salud (Silais-Managua), desde 2017.
Con el ascenso de Dávila ahora el Minsa está controlado por un matrimonio, ya que el esposo de la ahora ministra es Enrique Beteta, secretario general y también viceministro de Salud.
Beteta es además diputado propietario del orteguismo en la Asamblea. Dávila y Beteta también son sindicalistas de Fetsalud, brazo represor dirigido por Gustavo Porras.