¿Cuáles han sido las consecuencias de las sanciones de Estados Unidos para los 11 funcionarios orteguistas señalado de corrupción y violaciones a los derechos humanos?

La dictadura ha removido de sus cargos a algunos de los funcionarios sancionados, mientras que a otros les ha quitado facultades administrativas en las carteras que dirigen

sanciones

En la ilustración aparecen los 11 funcionarios orteguistas sancionados por Estados Unidos.

El gobierno de los Estados Unidos ha sancionado a 11 funcionarios que forman parte del círculo cercano del dictador Daniel Ortega, como una medida de presionar al régimen de Nicaragua por la matanza ocurrida en el contexto de la crisis social, política y económica en la que está sumergido el país desde abril de 2018.

El régimen orteguista ha asegurado que dichas sanciones no afectan en nada a su administración y que representan actos injerencistas de Estados Unidos en asuntos internos de Nicaragua. Sin embargo, la dictadura ha removido de sus cargos a algunos de los funcionarios sancionados, mientras que a otros les ha quitado facultades, con tal de mantenerlos en sus puestos, lo que evidencia que las sanciones si golpean a la estructura de la dictadura.

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Con estas acciones el régimen busca evadir que las sanciones contra sus funcionarios no afecten el funcionamiento de las instituciones y carteras estatales que dirigen. Esta es lo que ha ocurrido con cada caso.

Roberto Rivas

El 21 de diciembre de 2017, Estados Unidos sancionó al entonces presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, en el marco de la ley Global Magnitsky, que implica cancelar visas, congelar bienes y activos a personas extranjeras acusadas por actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.

Rivas ha sido cuestionado por ser el encargado de destruir la credibilidad del sistema electoral en Nicaragua, favoreciendo la consolidación en el poder de la familia Ortega Murillo a través de fraudes en las elecciones.

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Roberto Rivas, exmagistrado del Consejo Supremo Electoral (CSE) reaparece en el estadio Dennis Martinez. LA PRENSA/J. Flores

Luego de las sanciones contra Rivas, éste desapareció de la esfera pública. Ortega ordenó  a su aplanadora de diputados fieles en la Asamblea Nacional, el 7 de febrero de 2018, reformar la Ley Electoral para quitarle a Rivas las facultades legales y administrativas del CSE y que este siguiera gozando de todos los beneficios como magistrado.

Sin embargo, tres meses después, el 31 de mayo de ese mismo año, Rivas anunció su renuncia como presidente del CSE “por razones de salud”, un argumento usado por funcionarios orteguistas que son separados de Ortega. Rivas fue sustituido por el vicepresidente del Poder Electoral, Lumberto Campbell.

Francisco López

El 5 de julio de 2018 la Ley Magnitsky alcanzó  a Francisco López, el tesorero del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y presidente de las juntas directivas de Petróleos de Nicaragua (Petronic) y de la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas), por corrupción y por “usar compañías de su propiedad para ganar contratos con el gobierno”.

López, considerado el hombre fuerte de los negocios del dictador nicaragüense, fungía también como vicepresidente de Alba de Nicaragua, S.A. (Albanisa), la subsidiaria de Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA), que domina el dictador venezolano y aliado de Ortega, Nicolás Maduro y por donde se canalizaron al menos 3, 600 millones de dólares desde 2007 y que fueron administrados de forma discreta por Ortega y sus allegados.

Cinco días después de las sanciones, López tuvo que dejar sus cargos tanto en Petronic como en Eniminas, siendo sustituido por el general en retiro Ramón Humberto  Calderón Vindell, exinspector general del Ejército de Nicaragua hasta 2010. Formalmente, sigue como vicepresidente de Albanisa.

Fidel Moreno

El secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno, fue sancionado bajo la Ley Magnitsky junto a López y Francisco Díaz, comisionado general de la Policía Orteguista (PO) el 5 de julio.

A Moreno lo sancionaron por dirigir “actos de violencia cometidos por la Juventud Sandinista y grupos armados progubernamentales” durante las protestas ciudadanas que iniciaron en abril de 2018 contra Ortega.

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Fidel Moreno celebra un título. LAPRENSA/CORTESÍA/ LIGA PRIMERA.

Pese a que Moreno, al igual que López y Rivas, no ha sido removido de su cargo como consecuencia de las sanciones, la firma de este ya no tiene poder en la comuna.

Durante el mandato de Alexis Argüello, el de Daysi Torres, e incluso, antes de ser sancionado en el de Reyna Rueda, Moreno era quien realizaba las contrataciones. Sin embargo, quien firma los contratos y cheques de esa institución es la alcaldesa orteguista, Reyna Rueda. El traspaso de poder se hizo efectivo en septiembre de 2018.

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Además, producto de las sanciones, Moreno también se vio obligado a renunciar a la presidencia de la junta directiva del Real Estelí el 18 de agosto de 2018. Moreno dirigió a ese equipo durante tres períodos.

Francisco Díaz

El entonces subdirector de la PO, Francisco Díaz, lideró la lista de tres sancionados por Estados Unidos que completó López y Moreno. A Díaz, quien además es el consuegro de Daniel Ortega, lo responsabilizaron de dirigir la represión ocurrida contra la población desde abril de 2018 a través de la PO, el principal órgano represivo de Ortega.

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Pero Díaz no fue removido de su cargo. No se conoce públicamente si perdió facultades administrativas al frente de la Policía Orteguista. En cambio, un mes después de ser sancionado, Ortega lo premió al nombrarlo como formalmente como Director General de la PO, en lugar de Aminta Granera. El nombramiento se hizo oficial el 5 de septiembre de 2018.

Rosario Murillo y Néstor Moncada Lau

La vicepresidenta designada, Rosario Murillo y el secretario privado de Ortega y asesor de seguridad nacional, Néstor Moncada Lau, fueron sancionados el 2 7 de noviembre de 2018, señalados de corrupción desenfrenada, desmantelamiento de las instituciones democráticas, violaciones a los derechos humanos y explotación de recursos públicos de Nicaragua para beneficio personal.

Las sanciones contra Murillo y Moncada Lau se dieron en el contexto de la orden ejecutiva firmada por el presidente estadounidense, Donald Trump, en la que declaró  al régimen orteguista una “amenaza a la seguridad nacional” de EE.UU., por la represión desatada contra las protestas de antigubernamentales en 2018.

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Moncada Lau, quien fue funcionario de la temida Seguridad del Estado de los años 80, es el asesor personal sobre temas de seguridad de manejar del dictador Ortega y uno de sus principales operadores políticos. Hasta el momento, no se ha conocido algún movimiento en su cargo de seguridad nacional como consecuencia de las sanciones en su contra.

Por su parte, las sanciones contra Murillo, según analistas, la inhabilitan para ejercer a futuro cualquier cargo público, incluyendo su aspiración como candidata a la presidencia del país. Estas sanciones además obligan a Murillo a renunciar a la vicepresidencia de Nicaragua. Sin embargo, Murillo no lo ha hecho.

Laureano Ortega

El hijo de la pareja dictatorial y asesor presidencial, Laureano Ortega, fue sancionado el 17 de abril de este año junto al Banco Corporativo (Bancorp) “por estar involucrado en una vasta red de corrupción” y lavado de dinero, aseguró en esa ocasión Jhon Bolton, asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Como consecuencia de dichas sanciones, Laureano no puede realizar contrataciones, ni adquirir, ni vender, ni tener cuentas bancarias o hacer transacciones financieras con ciudadanos estadounidenses o empresas de ese país, lo que es considerado como una muerte financiera que arrastra a la agencia estatal de inversiones ProNicaragua, en la cual fungía como asesor para la búsqueda de inversiones.

Laureano Ortega Murillo, hijo de los dictadores de Nicaragua y asesor presidencial en temas de inversiones. LA PRENSA/ Tomada de El 19
Laureano Ortega Murillo, hijo de los dictadores de Nicaragua y asesor presidencial en temas de inversiones. LA PRENSA/ Tomada de El 19

Desde 2009, Laureano era el encargado de promover, a través de ProNicaragua, proyectos de inversión en Nicaragua como el Canal Interoceánico o el satélite NicaSat, ninguno realizado hasta la fecha y que son considerados “proyectos fantasiosos”. Sin embargo, desde que fue sancionado, el hijo de la pareja dictatorial se ha desvinculado de la agencia de inversiones.

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Gustavo Porras

El 21 de junio reciente, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras fue sancionado junto a Sonia Castro, ministra de Salud, Orlando Castillo, director de Telcor y Óscar Mojica, director del MTI, como parte del programa Nicaragua related sanctions” (sanciones relacionadas a Nicaragua), que a finales de noviembre de 2018 estrenaron Murillo y Moncada Lau y que está dirigida a sancionar a a corruptos y violadores de derechos humanos en Nicaragua.

Gustavo Porras dijo sentirse orgulloso por las sanciones impuestas por los gobiernos de Estados Unidos y Canadá. LAPRENSA/J. Flores

Tres días después, la aplanadora orteguista en el Parlamento aprobó una reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo (Ley 606) que le quita todo el control presupuestario y las facultades administrativas al presidente de la Asamblea y transferirlos al secretario ejecutivo del Legislativo.

Este movimiento representa un intento del régimen de evadir las sanciones estadounidenses contra Porras, el operador político de Ortega, quien a pesar de seguir siendo presidente del Parlamento, se convierte en una figura decorativa en su funcionamiento.

Sonia Castro

Sonia Castro fue removida este viernes de su cargo como titular del Ministerio de Salud y fue relegada como “asesora del presidente de la República para temas de salud” para no dejarla desprotegida ante los efectos de las sanciones que le impuso Estados Unidos junto a Porras, Mojica y Castillo el 21 de junio. Es señalada de corrupción y violación de derechos humanos, por haber dado órdenes a los hospitales públicos de no atender a manifestantes heridos durante las protestas de 2018.

Castro fue removida de su cargo después de casi nueve años ejerciendo como titular del Minsa. LA sustituta de Castro será la viceministra de salud, Carolina Asunción Dávila Murillo.

Orlando Castillo y Óscar Mojica

El director de Telcor, Orlando Castillo y su par del MTI, Óscar Mojica, fueron parte del último paquete de sanciones impuestas por Estados Unidos contra funcionarios orteguistas.

Castillo fue sancionado por Estados Unidos por dirigir el ente estatal encargado de censurar medios de comunicación en Nicaragua durante las protestas de abril.

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Por su parte, Mojica fue sancionado por promover “la estrategia de exilio, cárcel o muerte” contra la oposición y por administrar “una parte significativa” de las finanzas de la pareja dictatorial que incluyen “inversiones en plantaciones de café y establecimientos hoteleros”.

Al igual que los demás funcionarios sancionados, Castillo y Mojica deberían renunciar a sus cargos. Sin embargo, hasta el momento, el régimen no ha realizado ningún movimiento para proteger a ambos funcionarios de los efectos de las sanciones estadounidenses. Versiones extraoficiales apuntan a serán removidos de su cargos la semana próxima, y nombrados asesores, igual que el caso de Sonia Castro.

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