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CONTENIDO EXCLUSIVO.Pese al creciente déficit de las finanzas públicas, el dictador Daniel Ortega derrocha recursos públicos nombrando “asesores” y delegados presidenciales, cuya planilla solo por este concepto tiene a un selecto grupo de 24 personas.
Además la planilla de cargos públicos de alto rango podría aumentar con el eventual nombramiento de más ministros y viceministros, luego que la propia Asamblea orteguista le diera más poder para hacer este tipo de nombramiento.
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Sonia Castro es la última premiada como “ministra asesora del presidente de la República para temas de salud”, tras ser removida como titular del Ministerio de Salud (Minsa) quedando imposibilitada de seguir con la administración y finanzas al estar sancionada por Estados Unidos (EE. UU.) y Canadá por violación a los derechos humanos durante la represión a las protestas ciudadanas.
Actualmente Nicaragua afronta una crisis económica que estalló en abril del 2018. Eso ha provocado que el Producto Interno Bruto caiga 3.8 por ciento en ese año y las perspectivas apuntan a una reducción de más del cinco por ciento este año. El régimen se vio obligado a impulsar una reforma tributaria para cubrir un “hueco financiero” de más de diez mil millones de córdobas. Las proyecciones apuntan que aún con la severa reforma fiscal habrá un déficit de más de cuatro mil millones de córdobas que cubrir.
El excontralor Agustín Jarquín dijo que el régimen violaría la Constitución y la Ley de Carrera Civil y Carrera Administrativa (476) por el nepotismo con que se nombra a protegidos políticos como a familiares de estos en cargos públicos.
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Con “el nombramiento de tantos funcionarios es evidente que se está contraviniendo la Ley de Carrera Civil porque los cargos no son en función del desempeño de una labor profesional sino que en función de su vinculación familiar o con el partido, pero la gran mayoría de ellos no hacen nada”, dijo Jarquín.
No hay información oficial sobre cuánto se le paga mensualmente a cada asesor de Ortega, pues no aparece reflejado en el Presupuesto General de la República. Lo que sí aparece es que el personal en la Presidencia son 580, que cuestan en salarios 166.6 millones de córdobas este año 2019.
Engrosa gabinete
El Gabinete de Ortega ya lo conforman 96 ministros, viceministros, presidentes de entes descentralizados, los procuradores y subprocuradores, codirectores, subdirectores y delegados presidenciales.
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Según un decreto presidencial del 2007, los salarios de los altos funcionarios del Gabinete andarían entre 2,300 y 3,000 dólares mensuales, aunque se desconoce si esos son los pagos que en verdad reciben los ministros orteguistas.
Sin embargo la cantidad de altos funcionarios en el Ejecutivo incrementaría próximamente ya que los diputados orteguistas reformaron la Ley de Organización, Competencia y Procedimiento del Poder Ejecutivo (Ley 290), para facultar a Ortega a nombrar ministros y viceministros “cuando lo estime conveniente”.
Ese es el mecanismo con el que Ortega pretende esquivar las sanciones de Estados Unidos y Canadá para intentar mantener en sus puestos de ministros a los sancionados.
La reforma a la Ley 290 le facilita al dictador nombrar a cuanto ministros o viceministros requiera para que tenga el control administrativo y financiero de la institución, donde el actual titular sea golpeado por las sanciones individuales que EE. UU. y Canadá, así como la Unión Europea, adopten.
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Ya son 11 altos funcionarios del régimen sancionados por EE. UU. y Canadá por violaciones a los derechos humanos, entre ellos la vicepresidenta designada, Rosario Murillo y su hijo Laureano Ortega Murillo. Los últimos cuatro sancionados son la exministra de Salud, Sonia Castro; el presidente de la Asamblea, Gustavo Porras; el presidente de Telcor, Orlando Castillo, y el ministro del MTI, Óscar Mojica.
El excontralor Jarquín dijo que por el hecho que la mayoría de esos cargos son infuncionales “se les nombra para darles un nivel de inmunidad, asegurarles un ingreso económico con una cantidad de privilegios y mantener la imagen de que el partido prevalece”.
Cargos sin función
Dar el cargo de “asesor” del presidente para temas específicos es la forma en que Ortega premia a exfuncionarios cuando renuncian o los quita de un ministerio o entidad del Ejecutivo para poner a otro, pero sin dejar desprotegidos económica y políticamente a sus operadores.
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Según el Acuerdo Presidencial 01-2017, publicado en La Gaceta, Diario Oficial el 16 de enero del 2017, había 23 personas con el cargo de ministros asesores, asesores y delegados del presidente. Entre esos están el estadounidense Paul Oquits como secretario privado con rango de ministro y Edén Pastora, delegado presidencial en la comisión para el desarrollo del Río San Juan.
Entre los “asesores” específicos se cuentan los exministros de Energía, Emilio Rappaccioli y el excanciller Samuel Santos.
Para enero del 2017 también aparecía de asesor presidencial en Relaciones Exteriores el padre Miguel D’Escoto, quien falleció en junio de ese mismo año.
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Otro era Mohamed Lasthar —sobrino del exdictador libio Muammar Gadafi—, como ministro asesor y delegado presidencial para África, Medio Oriente y Países Árabes. Sin embargo Lasthar fue ascendido a embajador de Nicaragua en Kuwait, Egipto y Emiratos Árabes.
De esa forma el listado de asesores y delegados del dictador se redujo a 21. Pero volvió a subir a 24 entre asesores, delegados y secretarios que directamente le responden a Ortega, entre los que se cuentan la exministra Castro y los hijos de los dictadores Ortega Murillo.
También su familia se beneficia
Como “asesor” es la figura con la que también se protege a aliados políticos, así como a los familiares de la pareja presidencial, como es el caso de tres hijos de Ortega y su vicepresidenta designada Rosario Murillo.
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En 2015 durante la Cumbre de la Celat, los hijos de los dictadores Luciana y Camila Ortega Murillo, fueron acreditadas como “asesoras presidenciales”; Rafael Ortega Murillo apareció como asesor con rango de ministro y Laureano Ortega Murillo es asesor de inversiones en la agencia ProNicaragua.