Pese a que la reforma tributaria en cuatro meses de vigencia le ha generado al régimen de Daniel Ortega 4,442 millones de córdobas en ingresos adicionales, este ordenó quitarle exoneraciones a la importación de 16 productos de consumo nacional, entre los que se cuenta las sardinas enlatadas, las sopas preparadas (tipo Maggi y Maruchán), así como productos de higiene personal como desodorantes corporales y jabón de tocador.
También afectó a varios aceites refinados, incluyendo el de oliva y de maíz.
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La medida fue adoptada de manera silenciosa por el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific) a través de un acuerdo ministerial publicado el 25 de julio que modifica los acuerdos ministeriales Mific 073-2008 y sus reformas establecidas en los acuerdos ministeriales Mific 009-2009 y el 016-2009.
En el acuerdo 073-2008 se establecía que productos como harina, pastas alimenticias, avena, cebada, cera vegetal, sardinas, sopas preparadas, desodorantes antitranspirantes, lámparas y cepillos de dientes, estaban exonerados del cobro del DAI.
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Sin embargo, con la nueva disposición ministerial se ordenó que de esa lista se excluyera las sardinas enlatadas, las sopas preparadas, los desodorantes corporales y antitranspirantes, el jabón de tocador, los cepillos de dientes. Con ello, a estos productos se les comenzará a aplicar una tasa que oscilará entre cinco y 15 por ciento (ver gráfico en portada).
También el acuerdo 073-2008 establecía que los aceites refinados a base de maní, de oliva, de girasol, de algodón, de coco, de almendra y de maíz dejarán de pagar cinco por ciento en concepto de DAI, como se tenía establecido hasta el 24 de julio.
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Ahora a estos aceites se cobrará entre 10 y 15 por ciento, como está establecido en el Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano.
Otros productos en riesgo
En la normativa se establece que los productos que aún quedan gozando de exoneración (harina, pastas alimenticias, avena, cebadas, cera vegetal), mantendrán su vigencia hasta el 31 de diciembre de este año, lo que implica que si luego de esa fecha no se renueva la disposición comenzarán a pagar este impuesto.
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Esto representa un duro golpe para los nicaragüenses, agobiados por un creciente desempleo y deterioro del poder adquisitivo debido al impacto de la crisis política en la economía, que se prevé este año caiga cinco por ciento tras reducirse 3.8 por ciento el año pasado.
El régimen de Ortega ya aplicó una reforma tributaria a inicios de años, en la que ordenó quitar exoneración del Impuesto al Valor Agregado a varios productos de la canasta básica, pese a que había asegurado que la misma no iba a afectar a los más pobres.
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En la reforma a la Ley de Concertación Tributaria se gravó con el 15 por ciento de IVA a bienes de uso para el hogar como papel higiénico, jabones de lavar y baño, detergente, pasta y cepillo dental, desodorante, escoba, cerillos o fósforos y toalla sanitaria de producción nacional.
Sergio Maltez, presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin), manifestó que la eliminación de esta exoneración a las importaciones de estos productos viene a reducir aún más el poder adquisitivo de los consumidores.
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“Lo que estamos viendo es que los pocos productos que no estaban gravados, ahora van a ser gravados, entonces si suman el IVA, el ISC y el DAI, están sumando casi el 27 por ciento. ¿Qué pasa? El distribuidor tiene que pasar ese costo al consumidor y para el consumidor este es un golpe muy fuerte, porque todo le está costando mucho más caro y su poder adquisitivo se va reduciendo porque sigue con el mismo salario o ingreso”, afirmó Maltez, también vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).
Para el representante gremial, “al final el consumidor va a tener que dejar de comprar algunas de estas cosas o seleccionar cuáles son las más importantes para poder subsistir, entonces se contrae más el consumo”.
Se esperan alzas
Y es que, según analistas, la medida de quitar la exoneración a varios productos de consumo masivo provocará alza de precios debido a que al importar el producto “no solo se pagará más DAI, sino también más IVA, ya que el IVA de la importación grava los otros tributos”.
Es decir que si se importa un producto cuyo precio antes de impuestos es de 6,750 córdobas, a este monto se le aplicará el DAI, luego sobre el resultado se calculará el ISC y sobre ese otro resultado se estimará el IVA, lo que provocará un fuerte aumento de precio al consumidor final.
Por ejemplo, un producto importado con el precio antes mencionado y con un DAI de 20 por ciento, un ISC del 15 por ciento y un IVA del 15 por ciento, el precio al consumidor puede llegar a alcanzar los 10,712.25 córdobas, de los cuales 3,962.25 córdobas son impuestos.
Reforma fiscal extrajo más de C$4,000 millones
El titular del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, reveló ayer que la reforma tributaria en sus primeros cuatro meses ha generado en ingresos adicionales 4,442 millones de córdobas, por lo que esperan que el déficit presupuestario comience a retornar por la tendencia del equilibrio.
No obstante, Acosta aseguró que están revisando la reforma tributaria para hacer los “ajustes pertinentes” en el momento adecuado para que se busque una posición óptima del equilibrio fiscal. “Lo que podemos decir es que hay un impacto de 4,442 millones de córdobas adicionales, es decir, ya el déficit viene con una tendencia de un presupuesto equilibrado”, afirmó.
Acosta aseguró que los números han sido compartidos con el sector privado. “Hemos compartido con ellos, pues que la tendencia de la reforma va por buen camino, el impuesto de ingreso sobre renta, el impuesto del valor agregado, lo que tiene que ver con el impuesto sobre las ganancias de capital, van por buen camino, porque ya ha generado en cuatro meses 4,442 millones de córdobas, es decir esperamos se pueda ejecutarse el ciento por ciento de lo proyectado”, enfatizó.
Quiere precios razonables
En la disposición publicada por el Mific, el régimen de Ortega asegura que “es voluntad de este gobierno mantener un diálogo abierto, franco y permanente con los productores, empresarios y distribuidores de bienes, a fin de encontrar formas y mecanismos que permitan mantener precios razonables, para el beneficio de los consumidores”.
Además señala que la intención del Gobierno es que los bienes de consumo básico, sus insumos y materias primas lleguen a precios razonables a la población.