En la Ley 844, que es la Ley que Declara el Día Nacional del Abogado y la Abogada, se dice que “a través de la historia de Nicaragua, se ha contado con grandes precursores del derecho, quienes se han entregado con su esfuerzo y dedicación al establecimiento y preservación del estado de Derecho, contribuyendo de esta manera al fortalecimiento de la identidad cultural de la nación y de la democracia en Nicaragua”.
También se establece en dicha Ley que “es importante que tanto el Estado como la sociedad en general hagan un reconocimiento a la noble labor y aporte que día a día los hombres y mujeres Abogados y Abogadas brindan a la sociedad nicaragüense…”.
Esta Ley, que institucionaliza la celebración del Día Nacional del Abogado y la Abogada el 29 de septiembre de cada año en honor del ilustre jurisconsulto nicaragüense y padre de la independencia de Nicaragua, Miguel Larreynaga, fue dictada por la Asamblea Nacional en agosto de 2013 y está firmada por Daniel Ortega.
Pero el régimen de Ortega no honra esa ley que él firmó y promulgó, de la misma manera que deshonra todas las normas constitucionales y legales que garantizan las libertades, los derechos y la dignidad de los nicaragüenses.
Decimos esto a propósito del caso de la abogada defensora de presos políticos, María Oviedo Delgado, quien por haber abofeteado a un oficial de la Policía Orteguista que la ofendió física y verbalmente fue ultrajada por dos mujeres policías, estuvo encerrada en la cárcel durante varios días y fue excarcelada con medidas cautelares para ser sometida a un proceso criminal. Y por si fuera poco, el poder judicial orteguista abrió un arbitrario procedimiento disciplinario contra la abogada agredida, en vez de enjuiciar a los agresores como en derecho y justicia corresponde.
La abogada Oviedo es sin duda un ejemplo del profesional jurídico del que se habla en la ley creadora del Día del Abogado y la Abogada, que paradójica o sarcásticamente fue suscrita por Ortega.
María Oviedo es una digna representante del abogado defensor, que según estableció el eminente maestro uruguayo y latinoamericano del Derecho, Eduardo Couture, en sus Mandamientos del Abogado, tiene como su deber irrenunciable defender la justicia y la recta aplicación de la ley, y proceder en todos sus actos con absoluta buena fe.
No todos los abogados se ajustan a las reglas fundamentales de la ética profesional y personal del abogado. Por el contrario, muchos de ellos ultrajan el derecho y atropellan la justicia. La mayoría de jueces, fiscales y magistrados del poder judicial orteguista son una muestra clara de esto. Pero por fortuna en Nicaragua hay muchos abogados honestos, valientes y dispuestos al sacrificio por defender los derechos de los demás y proteger su dignidad profesional. La defensora de presos políticos María Oviedo es una auténtica y admirable representante de esos abogados íntegros.