Régimen orteguista se puso en rebeldía ante la OEA al poner fin al diálogo

José Luis Velásquez quien fue embajador de Nicaragua en la OEA, criticó que Ortega conduzca al país al “caos social y económico” por cerrarse a seguir la recomendación de que se restablezcan las conversaciones con la Alianza Cívica

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Las negociaciones entre el régimen de Daniel Ortega y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia iniciaron el pasado 27 de febrero. LA PRENSA/ CORTESÍA ALIANZA CÍVICA

Daniel Ortega cayó en rebeldía ante la Organización de Estados Americanos (OEA) tras decidir no volver al diálogo para encontrar una salida a la crisis política, consideró este jueves el exdiplomático José Luis Velásquez, quien señala que esto traerá consecuencias al país.

Velásquez, quien fue embajador de Nicaragua en la OEA, criticó que Ortega conduzca al país al “caos social y económico” por cerrarse a seguir la recomendación de la Asamblea General del organismo de que se restablezcan en Nicaragua las conversaciones con la opositora Alianza Cívica (AC), para lograr acuerdos democráticos con base en los estándares internacionales.

“El plan de Ortega camina en un sentido contrario en lo que la Asamblea General de la OEA decidió… Ahora, de hecho está rechazando las resoluciones del organismo internacional y con eso va a entrar en mayores contradicciones, lo que lo pone como un Gobierno en rebeldía, lo que acelera la aplicación (total) de la Carta Democrática”, aseguró Velásquez.

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La resolución aprobada por 20 de los 34 gobiernos miembros de la OEA durante su Asamblea General en Medellín, Colombia, en su segundo punto es clara en que se insta “a la reanudación de la negociación efectiva y de buena fe entre el Gobierno de Nicaragua y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y al cumplimiento pleno de los acuerdos alcanzados” previamente.

“Si contradice esa decisión significa mayor aislamiento dentro del sistema internacional, esto también aceleraría el avance de las sanciones bilaterales de los países contra Ortega como las aplicaciones de la Ley Global Magnitsky y la Nica Act”, señaló el exdiplomático.

Velásquez dijo que el diálogo que demanda la comunidad internacional y los nicaragüenses es con la oposición que agrupa a los sectores que han liderado las protestas. Señaló que aunque se sabía que los partidos políticos, que hasta ahora le han servido al régimen como colaboracionista, entrarían cuando se tocara el tema electoral, no pueden pasar a ser los interlocutores directos y desplazar a la AC.

Ortega notificó al Vaticano que dio por terminadas las negociaciones con la AC, decisión que también habría informado a la OEA. Ahora el régimen se prepara para discutir las reformas electorales con los partidos políticos representados en la Asamblea Nacional, confirmaron fuentes del Gobierno.

CIDH lamenta decisión

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lamentó la decisión del régimen de no continuar el diálogo con la oposición cuando aun en el país existe “un contexto de persistencia de violaciones a los derechos humanos y ante la necesidad de reformas que garanticen la no repetición” de estos delitos.

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“El Meseni de la CIDH observa que la crisis de derechos humanos en Nicaragua continúa: hay persecución a opositores por medio de detenciones, amenazas y asedio; faltan investigaciones imparciales en los asesinatos que siguen ocurriendo; las libertades públicas permanecen suspendidas”, afirmó el organismo.

La CIDH reiteró que el deterioro estructural de la democracia en Nicaragua ha sido un factor fundamental para mantener la represión, por lo que abogó por “el diálogo democrático” como “elemento indispensable en las reformas institucionales que requiere” el país.

En la resolución de la Asamblea General de la OEA el pasado 28 de junio de 2019, se reiteró a la dictadura orteguista que las graves violaciones a los derechos humanos desde abril del 2018 y la falta de avances en reformas electorales “que garanticen elecciones libres, justas, transparentes y legítimas, conducen a una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático en los términos del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana”.

Ya se empezó a conformar la comisión de alto nivel diplomático que deberá viajar a Nicaragua a realizar gestiones para “una solución pacífica y efectiva” a la crisis sociopolítica. Esa comisión deberá rendir un informe en un plazo máximo de 75 días.

Ortega intransigente

El director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), Juan Sebastián Chamorro, advirtió por su parte que debido a la “intransigencia” del régimen orteguista de lograr un acuerdo a la crisis sociopolítica basado en el restablecimiento de las libertades y la democracia, como consecuencia la recesión económica se profundizará, lo que causaría mayor desempleo y pobreza en el país.

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“El mensaje es hacia la intransigencia, a la no búsqueda de una salida a los problemas políticos que derivan en lo económico. Reiteramos que es una muy mala señal y nosotros responsabilizamos al Gobierno porque la situación se irá exacerbando en la medida que no se busque una solución”, dijo Chamorro, miembro de la AC.

Tünnermann: OEA no avalará reformas unilaterales

El exembajador en Washington y miembro de la Alianza Cívica, Carlos Tünnermann, dijo que al ser el régimen quien termina las negociaciones, las reformas electorales que acordará con los partidos no serían creíbles ni nacional ni internacionalmente.

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Tünnermann descartó que la comisión de la OEA se preste a validar el pacto de Ortega con los partidos, “porque eso contravendría la resolución de Medellín que claramente mandó a gestionar porque el diálogo sea con la Alianza”.

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