El gobierno ha dado por definitivamente cancelada la vía pacífica a la salida de la crisis, y así deben entenderlo todos los sectores nacionales e internacionales que han demostrado, genuinamente, que tienen interés en una solución negociada que conduzca a una solución política, democrática y constitucional de la misma. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), que nos representa en esas negociaciones, en sus comunicados del 16 y 20 de mayo, y posteriores, claramente señaló que suspendía, pero no cancelaba, las negociaciones.
¿Cómo se pensaba que actuara la ACJD, después del asesinato del prisionero Eddy Montes, la vapuleada de otros presos políticos, y el incumplimiento por el gobierno de otros compromisos asumidos en las negociaciones? Y posteriormente, la ACJD, pese a que muchas de las condiciones para reiniciar las negociaciones no se habían cumplido, y esto lo saben los testigos de las mismas, manifestó su positiva disposición para reiniciarlas y así lo dijo públicamente.
Entonces, debemos preguntarnos: ¿a qué apuesta el gobierno con la cancelación definitiva de las negociaciones? Una primera respuesta a esa pregunta de fondo es que todo lo tiene bajo control.
Pero la cancelación de negociaciones —lo que transmite una inequívoca señal de desconfianza— y el control en base a la represión, solamente van a profundizar la crisis política y sus consecuencias económicas y sociales. Es la natural reacción de los agentes económicos, y ya no se diga de ciudadanos.
Una segunda respuesta, vinculada a la anterior, es continuar unilateralmente con un remedo de preparación de las elecciones de 2021, con o sin participación, y sería mejor que sin la participación, de los partidos minoritarios que tienen representación en la Asamblea Nacional, en circunstancias que parte fundamental de la explicación de la crisis que estalló en abril de 2018 se origina en la total exclusión que Ortega hizo de la oposición en las elecciones generales de 2016.
Una tercera respuesta es que el gobierno pueda rehacer las alianzas nacionales e internacionales que le permitieron crecimiento económico sin democracia durante una década, y revertir la crisis.
Con las consecuencias de las sanciones hasta ahora aplicadas, que contaminan toda la actividad comercial, financiera, industrial y crediticia de los sancionados y empresas vinculadas, ¿se podrán rehacer esas alianzas? Y la expectativa de levantamiento de las sanciones, choca flagrantemente con el expediente de violación a los derechos humanos del régimen de Ortega.
En este contexto, ¿volverán las inversiones y los turistas y se levantarán las sanciones? Que quede claro: la profundización de la crisis es total responsabilidad del gobierno, y quienes influyeron en la decisión de Ortega para iniciar negociaciones de solución de la crisis, así deben decírselo.
El autor fue candidato a la Presidencia de Nicaragua.