El fiscal general de El Salvador, Raúl Melara, declaró que continúa la persecución contra el expresidente de ese país, Mauricio Funes, quien es acusado por corrupción, y que se mantiene la solicitud de su extradición desde Nicaragua a pesar de que fue nacionalizado por el gobierno de este país.
Funes es perseguido por la justicia salvadoreña porque supuestamente cometió graves delitos de corrupción cuando fue presidente de El Salvador, en el período de 2009 a 2014. Funes se refugió en Nicaragua desde septiembre de 2016, junto con su mujer y dos hijos, siendo protegidos por la dictadura de Daniel Ortega.
Según información publicada este viernes por el periódico en línea elsalvador.com, que es la versión digital de El Diario de Hoy, el expresidente Funes es procesado en El Salvador “por presuntamente apropiarse y lavar más de 351 millones de dólares del presupuesto estatal…” Agrega la mencionada publicación que ese dinero habría sido canalizado por Funes, “mediante una cuenta presupuestaria de gasto secreto de la Presidencia a cuentas particulares”.
Funes no quiso enfrentar a la justicia salvadoreña y demostrar su alegada inocencia ante los tribunales de su país. Habiendo sido presidente de El Salvador bajo la bandera del partido izquierdista FMLN, hermano gemelo del FSLN de Nicaragua, Funes se acogió a la protección de Daniel Ortega, que no solo le dio la condición de asilado político sino que le asignó sueldo del Estado a él y uno de sus hijos y finalmente le otorgó a toda la familia la nacionalidad nicaragüense.
Expertos legales de Nicaragua han cuestionado el otorgamiento de la nacionalidad a Funes, porque según ellos no cumple los requisitos establecidos legalmente, sobre todo el de que se debe tener por lo menos dos años de residir en Nicaragua, en calidad legal de residente que no es la misma que de asilado político. Pero la ley es lo de menos en Nicaragua, donde impera una dictadura que no respeta la Constitución ni la ley internacional, mucho menos la legalidad doméstica. Ortega dispuso proteger a su camarada, y punto. Para eso le dio asilo político a pesar de que es perseguido por la justicia salvadoreña bajo la acusación de delitos comunes, y para salvarlo de la extradición lo nacionaliza nicaragüense, independientemente de que cumpla o no los requisitos legales.
Sin embargo, Funes estará protegido en Nicaragua solo mientras Ortega esté en el poder. Un nuevo gobierno democrático anularía la nacionalización del prófugo expresidente salvadoreño y autorizaría su extradición.
Además, el gobierno de El Salvador podría pedir a Estados Unidos (EE. UU.), que se le aplique a Funes la Ley Magnitsky Global. Esta no solo procede contra funcionarios públicos en ejercicio que cometen actos de corrupción y violaciones de derechos humanos, sino también contra exgobernantes y personas particulares acusadas por esos mismos delitos.
Cabe señalar, como ejemplo, que uno de los expresidentes sancionados con la Magnitsky Global ha sido Yahya Jammeh, de Gambia, y entre los empresarios castigados figura el dominicano Ángel Rondón Rijo, involucrado en la red de corrupción de Odebrecht.