Mientras la opositora Alianza Cívica (AC) denunció que el objetivo del dictador Daniel Ortega es imponer una reforma electoral “cosmética, prebendaria y excluyente” que facilite su continuidad en el poder, hubo reacciones de la comunidad internacional como Naciones Unidas, España y Estados Unidos (EE. UU.), demandando al régimen retornar al diálogo.
El régimen orteguista unilateralmente dio por terminada la negociación con la Alianza Cívica y, según fuentes legislativas, pretende montar un convenio con los partidos políticos tradicionales para discutir reformas electorales.
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La Alianza Cívica no ha sido notificada oficialmente sobre la decisión de Ortega, pero esto supone un “nuevo reto” ante el cual se convocó “a todas las fuerzas democráticas del país a potenciar los esfuerzos de unidad y organización para continuar la lucha cívica y pacífica”, hasta lograr “un cambio de gobierno por la vía democrática”.
“La unilateralidad y los intentos de reformas con actores cuestionados por la sociedad nicaragüense, y fuera de la Mesa de Negociación, no pueden generar la confianza y la credibilidad necesaria para que mediante elecciones realmente democráticas los nicaragüenses podamos escoger al gobierno que asegure la democratización del país, la recuperación económica, una verdadera reconciliación, verdad, justicia…”, alertó la Alianza Cívica.
“Traerá consecuencias”
Juan Sebastián Chamorro, miembro de la alianza opositora, dijo que cerrarle las puertas al entendimiento pacífico traerá consecuencias al país y responsabilizó al régimen por el dolor de las familias de las víctimas de la represión, de los presos políticos y sus parientes.
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“El régimen será responsable por el sufrimiento, desesperanza y consecuencias económicas”, aseveró Chamorro.
El hecho que la dictadura ni siquiera notifique oficialmente su negativa a dialogar, para la Alianza Cívica, “evidencia el desprecio de Ortega al pueblo de Nicaragua al negarse a dar la cara e informar de una decisión de gran trascendencia que afecta negativamente a toda la ciudadanía”, dijo la Alianza Cívica.
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El canciller Denis Moncada notificó al Vaticano la cancelación de las negociaciones con la oposición. Así lo confirmó el jueves reciente el nuncio apostólico Waldemar Sommertag, quien recibió la carta el 30 de julio pasado.
También se habría informado a la Organización de Estados Americanos (OEA), pero esto no ha sido confirmado por el secretario general Luis Almagro.
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La OEA y el Vaticano eran testigos y acompañantes de las negociaciones a través del nuncio Sommertag y Luis Ángel Rosadilla, enviado especial del organismo.
Según explicó el nuncio Sommertag, el régimen alegó que el diálogo terminó porque la Alianza Cívica se ausentó desde mayo pasado.
Sin embargo, la oposición lo que hizo fue suspender temporalmente su participación en protesta por el asesinato del reo político Eddy Montes, estando bajo custodia en el sistema penitenciario La Modelo, en Tipitapa.
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Para la Alianza Cívica, ese asesinato mostraba la “gravedad del reiterado incumplimiento de los acuerdos alcanzados” por parte del régimen en la mesa de negociación.
Nicaragua está sumergida en una profunda crisis social, política y económica, causada por la represión de fuerzas gubernamentales a las protestas ciudadanas, que desde abril del 2018 han dejado al menos 326 muertos y suspendido las libertades fundamentales al imponer el régimen un estado policial.
Oacnudh, España y EE. UU. piden volver a la mesa
La decisión de Ortega de cerrar las puertas del diálogo provocó reacciones internacionales.
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La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a través de Twitter, pidió al régimen “reconsiderar su postura y reanudar urgentemente un diálogo con sociedad civil, serio, inclusivo y basado en las obligaciones internacionales de derechos humanos para abordar la persistente crisis sociopolítica y de derechos”.
En tanto, los gobiernos de España y Estados Unidos exigieron retomar el diálogo y cumplir los acuerdos de restablecer los derechos democráticos en Nicaragua. Advirtieron que de no hacerlo, la comunidad internacional “no se quedará con los brazos cruzados”.
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La subsecretaria de Estado adjunta de EE. UU. para Latinoamérica, Kimberly Breier, mediante sus redes sociales dijo que negarse a dialogar solo “erosiona” la legitimidad de su régimen.
“El régimen de Ortega en Nicaragua debe negociar un retorno a la democracia con la Alianza Cívica. Al rechazar el diálogo, Ortega solo logra más presión internacional, erosiona su legitimidad y mete a Nicaragua en una crisis más profunda”, afirmó Breier.
En febrero pasado la Alianza Cívica y el régimen orteguista iniciaron una segunda ronda de negociaciones, logrando en abril acuerdos para la liberación de los manifestantes detenidos, que entonces se cifraban en más de seiscientos encarcelados por su participación en las protestas sociales, así como para la restitución de los derechos civiles suspendidos.
España alza la voz
Mediante un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores de España reclamó al régimen que no ha cumplido ninguno de los acuerdos en materia de respeto a los derechos humanos y, por tanto, le instó a retomar las negociaciones con la Alianza Cívica.
El canciller en funciones de España y próximo ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, a través de Twitter dijo que “solo cumpliendo todo lo acordado en abril con la Alianza en la mesa de negociación y mediante un diálogo creíble y honesto entre las partes, que el gobierno de Ortega debe facilitar, se encontrará una salida definitiva a la actual crisis que vive Nicaragua”.
El Gobierno de España reclamó que “pese a los compromisos adquiridos”, el régimen orteguista “ no ha cumplido en su totalidad los acuerdos”, por cuanto “continúa habiendo manifestantes presos, mientras que los liberados lo han sido al amparo de una Ley de Amnistía adoptada unilateralmente por el Gobierno que condiciona su liberación y podría estar encubriendo responsabilidades en materia de derechos humanos”.
“Tampoco ha avanzado en su compromiso de restituir derechos y libertades civiles que garanticen el derecho de manifestación y expresión a todos los ciudadanos”, afirmaron los españoles.
El llamado fue que hasta lograr un acuerdo serio con la AC “será posible alcanzar una salida política a la crisis política que atraviesa Nicaragua y que está generando enormes perjuicios al país y a sus ciudadanos”.
PLC y PC dicen “estar listos”
Los directivos del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y del Partido Conservador (PC) anunciaron “estar listos” para iniciar el proceso de consultas de reformas electorales, las que, según la información que han recibido del régimen, podrían ser dirigidas por la misión de expertos electorales de la OEA. Uno de los acuerdos entre el régimen y la opositora Alianza Cívica es precisamente discutir los cambios del sistema electoral con la asistencia de la OEA, quien desde abril estaba previsto enviara una misión con ese fin, pero debido al estancamiento de las negociaciones no se concretó. Los diputados Alfredo César, presidente del PC, y Jimmy Blandón, jefe de la banda del PLC, explicaron, por separado, que si bien aún no les convocan oficialmente conocen que los expertos de la OEA conducirán las consultas de la reforma en la que participarían los partidos y la Alianza Cívica. Una vez logrado un acuerdo electoral, la OEA haría las recomendaciones de los cambios al sistema que pasarían a la Asamblea Nacional para su aprobación, según César y Blandón.
Confronta a la OEA
La Organización de Estados Americanos (OEA) en su Asamblea General el 28 de junio pasado demandó al régimen orteguista cumplir los acuerdos de la liberación de los reos políticos (aún hay 120), así como restablecer las libertades fundamentales y restablecer “un diálogo serio, de buena fe, efectivo y sincero” con la Alianza Cívica.
La agrupación opositora reclamó que la dictadura ignora la voluntad mayoritaria de los nicaragüenses para una salida pacífica, cívica, negociada y democrática y confronta a la comunidad internacional, incluida la OEA.