El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) ha identificado cuatro etapas de represión que el régimen de Daniel Ortega ha emprendido contra periodistas y medios de comunicación independiente en Nicaragua, desde abril hasta diciembre de 2018.
Según el CPJ, los riesgos a los que se enfrentaron los periodistas durante las coberturas “pasaron de las heridas recibidas en las protestas y el acoso y las amenazas a los periodistas en las redes sociales y en los medios oficialistas, a las detenciones arbitrarias, los allanamientos de medios informativos, la vigilancia y hasta el encarcelamiento”.
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En una primera etapa, el CPJ identificó que los periodistas, en especial los fotógrafos que cubrían las protestas en el periodo comprendido entre abril y mayo de 2018, “tenían que esquivar a agentes policiales que disparaban balas de goma y gases lacrimógenos” contra manifestantes.
La violencia en las protestas
El Comité cita el caso del periodista de la agencia AFP, Inti Ocón; la destrucción de Radio Darío en León y el asesinato del periodista Ángel Eduardo Gahona en Bluefields, como evidencia de la primera etapa represiva.
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En la segunda etapa, el CPJ afirma que los riesgos para los periodistas independientes “pasaron de la violencia a las amenazas y la intimidación”, citando casos en los que funcionarios del régimen divulgaban en medios oficialistas los datos personales de periodistas independientes para que posteriormente los fanáticos del régimen emprendieran contra estos.
También menciona el hecho de que los periodistas eran constantemente detenidos e interrogados por la Policía Orteguista (PO) para interrumpir su labor informativa.
Ocupación de equipos
A mediados de agosto, según la CPJ, la PO ya no solo interrogaba a los periodista, sino que también confiscaba sus equipos para evitar que dieran coberturas a las protestas, advirtiéndoles que no regresaran. Esto representó la tercera etapa.
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Entre los caso citados por CPJ está la deportación que realizó el régimen orteguista contra la documentalista brasileña Emiliana Mello, a quien además confiscaron sus equipos cuando cubría una marcha en Carazo y el secuestro del documentalista y periodista austríaco-estadounidense Carl David Goette, el 1 de octubre de 2018, quien también fue deportado y que en su momento denunció que las autoridades lo sacaron casi desnudo del aeropuerto donde lo interrogaron.
Según la CPJ, la última etapa que identificaron consistió en el arresto directo de periodistas y allanamientos arbitrarios de medios de comunicación, como los caso de Radio Darío, Confidencial y 100% Noticias, el 3, 13 y 21 de diciembre respectivamente, donde además, secuestraron a los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda, quienes fueron liberados seis meses después, el 11 de junio de este año.