Diputados de la dictadura siguen adelante con reforma que obliga a notarios y abogados rendir informes a la UAF

La reforma a la Ley 977 será aprobada este martes. A pesar de ser los afectados, ninguna de las asociaciones de abogados y notarios fue tomada en cuenta por el régimen para adoptar los cambios en la Ley contra el lavado de dinero.

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Los diputados regresan este martes 6 de agosto después de un mes de receso parlamentario. LA PRENSA/ U. MOLINA

Los diputados oficialista del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) impondrán la reforma a la Ley contra el lavado de activo para incorporar como sujetos obligados a los notarios y abogados, a pesar de la oposición del gremio por considerar que se les convierte en espías de sus clientes.

Este martes 6 de agosto la Asamblea Nacional retoma las sesiones plenarias, luego del receso de un mes. Lo primero en la agenda es aprobar la reforma a la Ley contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (977), que fue propuesta por el régimen de Daniel Ortega para que los abogados y notarios públicos rindan informes a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

Jimmy Blandón, jefe de la bancada liberal, dijo que votarán en contra de la reforma.

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“Las instituciones del Estado no comparten información que permita al notario saber si un cliente ha tenido relación con el narcontráfico, pero ahora obligarán a rendir informes a la UAF, a los notarios y a los abogados. Los exponen a ser vinculados al delito, eso lo rechazamos”, afirmó Blandón.

A pesar de ser los afectados, ninguna de las asociaciones de abogados y notarios fue tomada en cuenta por el régimen para adoptar los cambios en la Ley contra el lavado de dinero. En la Comisión de Justicia del Legislativo solo participaron las entidades públicas que fueron los impulsores de la reforma a la Ley 977.
En el dictamen a la reforma la misma presidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea, la orteguista María Auxiliadora Martínez, confirmó que no escucharon al sector afectados sino únicamente al Ejército, la Policía,  Superintendencia de Bancos, a la UAF), la Procuraduría, la Corte Suprema y el Ministerio Público.
Los reportes sospechosos de actividades ilícitas vinculadas a la Ley 977 serán remitidas por los notarios y abogados a través del Poder Judicial. En la propuesta de reforma, como en el dictamen de los cambios a la Ley contra el lavado, existe el vacío de cuál dependencia específica de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) será la que supervise el cumplimiento de las nuevas obligaciones de los notarios y abogados con la UAF y tampoco se aclara cuáles serán los mecanismos a seguir para presentar los reportes sospechosos.
El diputado Blandón refirió que se estiman alrededor de 30 mil notarios en Nicaragua. «No hay capacidad para determinar cuando se hace una escritura de una casa, por ejemplo, si el dueño de esa casa la está adquiriendo con dinero ilícito. No es función del notario saber la procedencia del origen del dinero y tampoco puede quedar expuesto a ser sancionado, incluso involucrado en un delito si a futuro la propiedad es utilizada para fines delictivos», dijo Blandón.

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