El lunes pasado un equipo de expertos constitucionalistas de la Alianza Cívica, encabezado por el doctor Gabriel Álvarez, visitó el partido Ciudadanos por la Libertad (Ciudadanos) para exponer el proyecto de reformas electorales para que las próximas elecciones, sea cuando fueren, sean limpias, transparentes y reconocidas nacional e internacionalmente.
El partido Ciudadanos también fijó su posición sobre las reformas que son más urgentes con el fin de devolver a los nicaragüenses el derecho a elegir y revertir la tendencia fraudulenta y cada vez más abstencionista, que ha caracterizado a los procesos electorales recientes.
Por medio de su presidenta Kitty Monterrey, Ciudadanos reiteró su posición de que este partido no va a prestarse a avalar la reforma electoral que pretende imponer Daniel Ortega con el apoyo de partidos satélites. El partido sostiene que las reformas electorales no deben ser producto de una negociación entre grupos políticos, sino que deben ser reformas técnicamente necesarias para que el sistema recupere la transparencia y el voto ciudadano se respete, por tal razón, la implementación de dichas reformas debe realizarse bajo la asesoría y supervisión de la OEA, organización que tiene la experiencia y la imparcialidad necesaria para hacerlo.
Desde hace tiempo, la OEA ha venido pidiendo aportes a los partidos y el partido Ciudadanos por la Libertad hizo pública su propuesta de reformas el 5 de marzo del 2018, poco antes que estallara la crisis sociopolítica de abril.
La propuesta de la Alianza Cívica coincide con la propuesta de Ciudadanos en lo esencial: se debe reformar el Consejo Supremo Electoral para darle mayor credibilidad, se debe ampliar la participación ciudadana estableciendo un solo padrón activo que incluya a todas las personas que tienen derecho a votar y que a nadie se le castigue por no haber votado en otros comicios.
Restablecer la segunda vuelta para cuando un candidato no consiga la mitad más uno de los votos, que todas las etapas del proceso sean transparentes, con irrestricta fiscalización y observación electoral, la prohibición absoluta del uso de los bienes del Estado con fines partidarios, que los resultados electorales se publiquen a junta por junta y en tiempo. Que exista la trazabilidad del voto desde la JRV hasta su publicación definitiva como se puede trazar el recorrido un paquete de Amazon o de DHL.
Lo más elemental es restablecer la seguridad jurídica y facilitar la participación política de los ciudadanos con la garantía que su voto cuenta. Una vez recuperada esta, se podrán ir haciendo otros ajustes para su perfeccionamiento, pero como dijo Rodolfo Quintana, secretario general de Ciudadanos: “No le podemos pedir a una señora que está en coma, que sea operada de todos los males a la vez y que se levante de la sala de operaciones y salga corriendo a un maratón”.
El autor es periodista, exministro y exdiputado.