Gremio de abogados independientes hará plantón en solidaridad con la activista de la CPDH, María Oviedo

Mientras la abogada Oviedo se presentó hoy a los juzgados a firmar por segunda vez a la Oficina de Presentación del Procesado en los Juzgados de Managua, para cumplir con  medidas cautelares impuesta por la judicial en audiencia preliminar

María Oviedo, abogados.

La doctora y activista Maria Oviedo, sale de juzgados de Managua FOTO/LA PRENSA/Uriel Molina

La Unión Nacional de Abogados y Notarios de Nicaragua (Unanic) realizará mañana un plantón en solidaridad con la abogada María Oviedo, acusada arbitrariamente de obstrucción de funciones en perjuicio del teniente de la Policía Orteguista Oscar Danilo López López, quien la agredió física y verbalmente en Masaya el 26 de julio. El apoyo se hará mientras se realiza la audiencia inicial del caso, en el Juzgado Tercero Local Penal de Managua.

Según Giovanny Silva Cruz, representante de Unanic, la represión contra los abogados en el ejercicio de su profesión viene aumentando desde hace unos cinco años atrás con la aprobación de leyes y reformas inconstitucionales que los afectan en el ejercicio de la defensa, así como la prohibición de dejarlos entrar a las delegaciones policiales y al sistema penitenciario para hablar y acompañar a sus representados.

Unanic desde que se dio la detención arbitraria de Oviedo, el 26 de julio, se pronunció en rechazo al actuar de los oficiales que la agredieron verbal y físicamente al empujarla y aplicarle una llave al cuello y arrastrándola hacia las celdas.

La presión desde la CSJ

Otra situación que enfrenta Oviedo es un proceso administrativo, disciplinario por una queja interpuesta por el teniente Oscar Danilo López ante el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde también han violado el procedimiento debido, plasmado en el Acuerdo 97-2018, aprobado por el mismo Consejo.

Por ejemplo, abrieron un proceso informativo de forma expedita en un mismo día (30 de julio) obviando la etapa conciliatoria entre las partes y redujeron de 6 a 3 días el término para rendir informe a la supuesta infractora.

Al respecto, el gremio de abogados también señalan grandes debilidades jurídicas de ese instrumento o Acuerdo 97, puesto que no define, de acuerdo al principio de legalidad, en qué consiste las irregularidades disciplinarias que serán conocidas en ese trámite administrativo.

“De acuerdo al principio de legalidad lo primero que debe definir es el tipo de faltas o irregularidades que serán objeto de investigación. Esto es definir cuáles son las faltas leves, graves y muy graves. Luego falla este instrumento porque no hace una graduación de las sanciones a imponer en atención a la falta cometida. Cada sanción debe estar de acuerdo a la presunta infracción”, explicó el abogado Elton Ortega.

En la queja, el teniente Oscar Danilo López pide inhabilitación de la abogada Oviedo,  porque esta le dio una cachetada, pero este omite en manifestar el maltrato físico y verbal que sufrió la abogada en la estación policial de Masaya.

“Al no establecer las sanciones se podría castigar severamente actos irregulares mínimos o sancionar levemente actos irregulares graves. Las sanciones deben quedar expresamente establecidas para que no haya excesos en el ejercicio de la potestad sancionatoria”, recalcó Ortega.

El abogado Boanerge Fornos también coincide con Ortega y dijo que el procedimiento no está acorde a las directrices establecidas.

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CSJ sería juez y parte

Otra debilidad que ven los abogados en el proceso administrativo contra la doctora Oviedo es que ninguna de las dos partes ( sujeto quejado o presunto infractor y el quejoso) no tienen derecho al recurso de apelación o revisión de la resolución emitida, se niega el derecho de acceso a una segunda instancia y ello vulnera el derecho al recurso.

“La resolución que ahí se dicta no es de carácter jurisdiccional, sino administrativa y entonces la parte no conforme con la resolución sea el quejoso o el infractor, a la hora de agotar la vía administrativa tendrían que recurrir de amparo contra un acto de autoridad y ahí la CSJ se convierte en juez y parte”, explicó Ortega.

Mientras la abogada Oviedo se presentó hoy a los juzgados a firmar por segunda vez a la Oficina de Presentación del Procesado en los Juzgados de Managua, para cumplir con  medidas cautelares impuesta por la judicial en audiencia preliminar.

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