La Guardia Civil desmanteló este miércoles en España a una red formada por siete personas de una misma familia, de entre 19 y 41 años de edad. Este grupo contrataba a personas desde Nicaragua para obligarlos a cuidar ancianos en España, personas con enfermedades graves o con algún tipo de dependencia.
Según la Guardia Civil, los familiares directos del grupo criminal residente en Nicaragua se encargaban de buscar a las víctimas, principalmente mujeres jóvenes y sin estudios, con hijos a su cargo y en riesgo de exclusión social o en condición de pobreza.
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Les prometían un trabajo digno y bien remunerado en España.
Si aceptaban, les compraban el billete de avión y les entregaban mil euros en efectivo para justificar la estancia inicial en España, con visa de turista limitada a noventa días.
Una vez en España, las víctimas se contactaban con un miembro de la misma red que las trasladaba a las viviendas en Logroño, Alfaro y Huesca.
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Seguidamente, les retiraban el pasaporte y el dinero entregado advirtiéndoles de que habían contraído una deuda de seis mil euros con la organización y que tenía que ser pagada en un corto plazo.
Clan familiar de Nicaragua
Las dos cabecillas son hermanas. Todos son nicaragüenses, de la misma familia. Solo dos disponían de permiso para residir en España.
La jefa del grupo criminal usurpaba la identidad de las víctimas para poner anuncios en internet y redes sociales.
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Cuando cerraba el trato con los demandantes de estos servicios, enviaba a las víctimas para llevarlos a cabo, no sin antes aleccionarlas bajo nuevas amenazas.
Les advertían de las consecuencias a las que se enfrentarían sus familiares en Nicaragua si llegaban a denunciar los hechos.
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A final de mes, las víctimas entregaban a la organización el 85 por ciento del dinero como pago de la deuda contraída, quedándose el resto para poder subsistir en España.
Cuando descansaban o se quedaban sin trabajo, la organización las alojaba en sus viviendas y les cobraban por todos los servicios.
En caso de no poder pagarlos, les prestaban dinero a un veinte por ciento de intereses, lo que suponía que la “deuda” no disminuyese sino todo lo contrario, se convertía en una cifra astronómica difícil de saldar, quedando las víctimas más atadas a la organización.
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La Guardia Civil identificó a un total de cincuenta mujeres que han sido víctimas de esclavitud desde 2016 de esta organización, con las que habrían obtenido unos beneficios económicos superiores a los 750 mil euros.
Cobros exagerados
Además, la red recibía productos básicos de primera necesidad de diferentes organizaciones de ayuda humanitaria, sin embargo, la responsable del grupo se los vendía a sus víctimas a precios abusivos llegándoles a cobrar por un comprimido de paracetamol entre 20 y 30 euros, incrementando así sus beneficios.
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Un grupo de víctimas fueron interceptadas en el aeropuerto de Madrid y las trasladaron a Logroño. La Guardia les informó de sus derechos como víctimas de trata, poniéndoles a su disposición todos los recursos asistenciales para garantizarles un alojamiento conveniente y seguro, ayuda material, asistencia psicológica, asistencia médica y asesoramiento jurídico.
“Es un entorno muy cerrado. Hay casos y hemos llevado operaciones similares. Pero esta es la mayor”, cuenta el capitán Vicente Calvo, de la unidad técnica de la policía judicial de la Guardia Civil, que reconoce la dificultad para detectar estas situaciones y conseguir probarlas.
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La operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Calahorra, comenzó en mayo, tras un aviso a la Guardia Civil en Alfaro. Una de las cabecillas fue arrestada en Madrid el 28 de julio, en el aeropuerto, cuando intentaba introducir en España a tres nuevas víctimas.
El resto fue detenido en La Rioja y Huesca. A los siete se les considera presuntos autores de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales.
Aumentan casos de trata
Un reporte sobre la situación de trata de personas de la Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas (ONU-OIM), sede en Nicaragua, reveló que en 2018 se reportaron 32 víctimas de este delito, siendo la mayor cantidad de casos reportados desde 2014.
En el marco del Día Nacional contra la Trata de Personas, que se conmemora a nivel nacional e internacional cada 30 de julio, LA PRENSA entrevistó a Carmen Paola Zepeda, jefa de oficina de OIM-Nicaragua, para analizar el estado del país frente a flagelo mundial, considerado como una nueva forma de esclavitud en pleno siglo XXI.
Zepeda explicó que entre 2014 y 2017, las autoridades reportaron 73 víctimas del delito de trata de personas, según su clasificación de acuerdo a la Ley 896, Ley Contra la Trata de Personas. Sin embargo solo en 2018 la cantidad de víctimas se cifró en 32, en un contexto de aumento de la migración nicaragüense por la crisis sociopolítica que se sufre desde el 19 de abril de 2018.
Tratantes son seres cercanos
Según el informe de Acciones del Estado de Nicaragua contra la trata de personas, entre el 14 de enero de 2014 y diciembre de 2017, se registraron 30 casos de trata de personas, los cuales fueron investigados y judicializados.
Se reportaron 73 víctimas y todas conocían a sus agresores. Se determinó que, en todos los casos, existió un vínculo directo, dado por una relación de parentesco, amistad, vecindad o relación laboral.
Las víctimas fueron identificadas, rescatadas, asistidas y protegidas.
Según la información oficial, los agresores emplearon amenazas, coacción, chantaje, intimidación contra la vida e integridad física de la víctima, como mecanismo para retenerlas.