La abogada y activista de derechos humanos, María Oviedo, fue remitida ayer miércoles a juicio por la juez Nalía Úbeda, titular del Juzgado Tercero Local Penal de Managua, para el próximo 19 de agosto, por supuesta obstrucción de funciones en perjuicio del teniente Oscar Danilo López López, oficial orteguista que la agredió física y verbalmente en la estación policial de Masaya el 26 de julio.
“Es lamentable la decisión de la juez porque debió atender el sobreseimiento que mis colegas solicitaron por hechos atípicos, es decir que los acontecimientos denunciados por el teniente no constituyen delito. No impedí ningún acto legítimo en sus funciones, solo me defendí de una agresión y la cachetada no es proporcional a la arrastrada que me dieron dos oficiales por órdenes de él”, explicó Oviedo, al salir de los juzgados.
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La audiencia se realizó a puertas cerradas en la sala de buzón de jurado, sin acceso a medios independientes, incluso un guarda de seguridad del complejo judicial empujó al periodista Alejandro Flores, del periódico HOY, para impedirle hacer su trabajo.
Mientras en los pasillos de los juzgados un grupo de abogadas de la Unión Nacional de Abogados y Notarios de Nicaragua (Unanic) mostró su respaldo a la abogada.
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“Remitir a juicio a Oviedo, violando las garantías constitucionales y procesales, es una transgresión más a los derechos humanos en relación a nuestro derecho de trabajo que es prestar la atención debida a nuestros representados. El gremio ha sido agredido no desde ahorita y se ha maximizado en el contexto del país y con la acusación de Oviedo se pasaron”, dijo Nohemy Guerrero, miembro de la junta directiva de Unanic.
Pruebas sin sustento
Entre los elementos de prueba ofrecidos por la Fiscalía contra Oviedo, están las testificales de la supuesta víctima, la del policía que gravó el video de la agresión contra Oviedo y las dos oficiales que le practicaron una llave por la espalda y la arrastraron hasta llevarla a la celda.
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“La prueba ofrecida no logra sustentar que estamos ante un delito, ante esto solicitamos una sentencia de sobreseimiento, pero la juez la rechazó. Hay graves violaciones al debido proceso, todas la peticiones pedidas por la defensa han sido negadas. Promovimos incidente de nulidad porque Oviedo fue sustraída de su juez competente, ya que los hechos se dieron en Masaya y no en Managua, pero también fue rechazado”, explicó la abogada Leyla Prado.
Según Marcos Carmona, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), la remisión a juicio evidencia la falta de institucionalidad que existe en el país, pues no hay delito en el actuar de Oviedo ni prueba que lo sostenga, más bien fue ella la agredida.
Unidad gremial
Giovanny Silva, representante de la Unión Nacional de Abogados y Notarios de Nicaragua, expresó que el gremio no puede seguir “adormecido”, pues desde hace años les vienen limitando su derecho a ejercer su profesión en las instituciones estatales.
“Rechazamos el maltrato a las abogadas, es necesaria la verdadera unidad gremial. La doctora Oviedo no ha cometido ningún delito en funciones”, dijo Silva.