Orteguismo mantiene discrecionalidad para que Corte Suprema reporte a la UAF informes de los abogados

El jefe de la bancada del PLC, Jimmy Blandón, expuso que el mayor peligro es que los abogados y notarios quedan ante la discrecionalidad de que los funcionarios de la CSJ decidan que un informe que se les presente el cliente tiene vinculación con el narcotráfico

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Los diputados orteguistas aprobaron este miércoles la reforma a la Ley contra el lavado propuesta por el régimen. LA PRENSA/ARCHIVO

La aplanadora de los diputados orteguistas aprobó en la Asamblea Nacional la reforma a la Ley contra el lavado de dinero donde se incorpora a los abogados y notarios públicos como sujetos obligados a realizar reportes sospechosos de actividades vinculadas a dicha ley, sin embargo, se mantiene el vacío jurídico de cuál será el procedimiento para que se presenten los reportes a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quien posteriormente los remitirá a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

La reforma a la Ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva (Ley 977) la aprobaron este 7 de agosto con 73 votos de los setenta legisladores orteguistas y tres de sus aliados del Partido Liberal Independiente (PLI) y de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN).

El argumento del régimen es que al incorporar a los abogados y notarios como sujetos obligados de la Ley 977 el Estado de Nicaragua cumple con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) quien en su evaluación de 2017 sobre el cumplimiento del país para prevenir el lavado de dinero.

Hubo 15 votos en contra de la modificación que fueron de los diputados de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) más el de la suplente del Partido Conservador (PC), Wendy María Guido.

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Uno de los reclamos más fuertes lo hizo el jefe de la bancada del PLC, Jimmy Blandón, al exponer que en la Ley 977 no se especifica el mecanismo para hacer los reporte. El parlamentario alegó que el mayor peligro es que los abogados y notarios quedan ante la discrecionalidad de que los funcionarios de la Corte Suprema decidan que  en un informe que se les presente, por ejemplo sobre la inscripción de una escritura de una propiedad, el cliente tiene vinculación con el narcotráfico, por lo que se pasará a la UAF y entonces también el jurista será involucrado en el delito. «El abogado y el notario público en estos casos puede ser acusado de estar involucrado en esa actividad delictiva solo porque hizo la escritura», dijo Blandón.
 
Otra debilidad señalada es que no existen condiciones técnicas investigativas para que los notarios puedan determinar cuándo están frente a una actividad sospechosa, al momento de registrar propiedades, negocios y asociaciones jurídicas.
«No existe tampoco  el acceso a información de las entidades como la Policía que pueda ayudar a determinar si un sujeto que se presenta a que le elabores una escritura pública es sospechoso o ha participado en actividades o procesados por delitos. Es necesario para establecer umbrales de las cantidades económicas para que pueda facilitar herramientas que le permita al notario considerar una alerta», dijo Blandón.

Otro que reclamó fue el liberal Paul González por el hecho que el Gafilat hizo cuarenta recomendaciones en su última evaluación a Nicaragua para que mejore su capacidad institucional para combatir el narcotráfico y lavado de dinero, pero el régimen orteguista, decide sin tomar en cue ynta a los sectores afectados, a quiénes coloca en la lista de sujetos obligados y conforme a criterios políticos, y no técnicos.

«Lo que se debió hacer es presentar una reforma integral a las recomendaciones hechas por el Gafilat, como bancada del PLC, no nos oponemos a contribuir al combate a los delitos, sino al hecho que si se va a reformar la Ley 977, debe ser integral para no estar no estarla parchando, según le conviene al gobierno», dijo González.

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Diputados orteguistas se enredan

Cuando les tocó defender la reforma a la Ley 977 propuesta por la dictadura, la parlamentaria orteguista y presidenta de la Comisión de Justicia, María Auxiliadora Martínez, dijo que las reformas responden a las recomendaciones del Gafilat «donde se orienta a los países miembros que adopten medidas para que los profesionales del derecho sean sujetos obligados» de reportar actividades sospechosas vinculadas al delito del lavado de dinero y el narcotráfico.

Aunque Martínez primero dijo que es «falso» que los abogados y notarios se convierten en espías de sus clientes, luego aceptó que en base a los informes que esos profesionales suministren a la Corte Suprema de Justicia «se analizarán y determinarán qué es actividad sospechosa y ellos serán los que reportarán a la UAF».

Martínez intentó descalificar el señalamiento de que se deja este vacío en la Ley, pero no aclaró ante que instancia de la CSJ se presentarán los reportes de actividades sospechosas y cuáles serán los parámetros que utilizarán los funcionarios para decidir si deben pasar a la UAF.

La diputada orteguista solo dijo que ya existe una Oficina de Control de Abogados y el Consejo de Administración en la CSJ ante los que los abogados y notarios rinden cuentas, por lo que esperaría que sean «los encargados designar lo que corresponda para la supervisión efectiva» sobre la Ley contra el lavado de dinero.

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