Un año lleva el diario LA PRENSA a la espera que el régimen Ortega-Murillo les libere de la aduana papel, tinta y otros insumos indispensables para la impresión del rotativo. Desde la libertad de expresión, las acciones orientadas a restringir la libre circulación de opiniones, ideas o noticias constituyen censura indirecta, práctica prohibida en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
La censura indirecta viola la libertad de expresión por impedir la labor periodística, pero al mismo tiempo viola nuestro derecho como sociedad a estar informada. El régimen Ortega-Murillo ha aplicado otros mecanismos de censura indirecta tales como: asignación de la publicidad oficial como premio o castigo; concentración de medios de comunicación; despido de periodistas; despojo de frecuencias radioeléctricas; interrupción de señal de televisión de paga para obligar a ver discursos partidarios; procesos penales contra periodistas; y otros abusos de controles oficiales.
Si bien la CIDH ha generado estándares regionales que estipulan criterios en la asignación del espectro radioeléctrico y la configuración legal de instancias reguladoras, aún se encuentran en construcción los criterios para la asignación de publicidad oficial y mecanismos administrativos o jurisdiccionales para hacer frente a la censura indirecta.
Lo anterior no implica que existan buenas prácticas a nivel regional para afrontar los embates del poder. En abril del 2015, un juez federal mexicano admitió un Recurso de Amparo contra el medio MVS por cerrar el espacio informativo de Carmen Aristegui, después de denunciar el llamado caso de “La Casa Blanca” de Enrique Peña Nieto. Los recurrentes alegaron que el cierre del espacio violó la dimensión colectiva de la libertad de expresión, es decir, el derecho a la sociedad de estar informada, aunque finalmente el Recurso de Amparo no procedió. Este litigio estratégico se realizó teniendo en consideración la experiencia y precedentes positivos europeos. Lo que deseo poner en perspectiva es que, cualquier nicaragüense puede interponer un Recurso de Amparo contra las autoridades aduaneras del régimen Ortega-Murillo, porque la negativa de entregar el papel; la tinta; las gomas; y las láminas entre otros insumos, no solo afecta el derecho de los periodistas y de LA PRENSA a informar, sino nuestro derecho como sociedad a estar informados.
Estamos claros que el Recurso de Amparo no prosperará por la falta de independencia judicial, pero el objetivo real es crear las condiciones para someter el caso a la CIDH y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de ser necesario, para generar el precedente de violación a la libertad de expresión por censura indirecta. LA PRENSA no solo ha contado nuestra historia por casi un siglo, sino que es parte de ella y merece la defendamos.