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El territorio estadounidense de 3,2 millones de habitantes y que está sumido en una crisis económica, sigue dividido sobre quién debería gobernar la isla. Voz de América/AP

Puertoriqueños preparan protestas contra nueva gobernadora

Vázquez, ha sido nombrada para terminar el mandato iniciado por Rosselló. Su período en el cargo estaría previsto hasta las próximas elecciones, programadas para noviembre de 2020.

Luego de que la secretaria de Justicia de Puerto Rico, Wanda Vázquez, rindiera juramento el miércoles como nueva gobernadora de Puerto Rico, ciudadanos del país se preparaban para protestar en su contra, en momentos en que se agudiza la crisis política.

El nombramiento de Vázquez es el tercero para el cargo en una semana, tras la renuncia del anterior gobernador Ricardo Rosselló.

Vázquez, exfiscal de 59 años, es la segunda mujer que ocupa este tipo de cargo en la historia de Puerto Rico y ha sido nombrada para terminar el mandato iniciado por Rosselló. Su período en el cargo estaría previsto hasta las próximas elecciones, programadas para noviembre de 2020.

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De antemano se esperaba que su juramentación como gobernadora reactivara las protestas, ya que muchos puertorriqueños ven su nombramiento como una extensión de Rosselló, quien dejó el cargo luego de semanas de movilizaciones callejeras exigiendo su renuncia.

Sus detractores afirman que como secretaria de Justicia, no fue lo suficientemente agresiva para abrir investigaciones por corrupción a miembros del Partido Nuevo Progresista, al que pertenece, y que no dio prioridad a los casos de violencia de género.

Vázquez trató de calmar el malestar en una declaración televisada el miércoles en la noche, donde señaló que siente el dolor que han sufrido los puertorriqueños en las últimas semanas.

Se comprometió además a unificar la isla y a lograr la necesaria estabilidad: “Todos hemos vivido la ansiedad que provoca la inestabilidad y la incertidumbre”, dijo.

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“Ante este enorme desafío y con Dios por delante, doy un paso al frente sin ningún otro interés que no sea servirle al pueblo como lo hecho toda mi vida”, agregó.

Vázquez, quien tiene más de 30 años de experiencia en el gobierno, asumió el cargo luego de que el Tribunal Supremo de la isla declaró como “inconstitucional” el nombramiento de Pedro Pierluisi, el elegido de Rosselló.

“Puerto Rico vive la coyuntura más importante de su historia democrática”, escribió la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz, en su opinión. “El verano del 2019 será recordado como el momento sin precedente en el que los puertorriqueños _ de todas las edad, ideologías, trasfondos y credos _ se lanzaron a la calle para exigir más de su gobierno”.

La decisión judicial resolvió la disputa sobre quién debía quedar al frente del territorio, después de que el gobernador anterior y varios de sus principales colaboradores se vieron forzados a renunciar tras semanas de protestas y acusaciones de corrupción, malversación de fondos y la filtración de mensajes.

Antes de su nombramiento como secretaria de Justicia en enero de 2017, Vázquez fungió como fiscal de distrito durante dos décadas en el Departamento de Justicia de Puerto Rico, llevando casos de violencia doméstica y abuso sexual. En 2010 fue designada al frente de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres.

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La nueva gobernadora no habló con reporteros tras la ceremonia de juramentación, en la que estuvo acompañada por su hija y su esposo, el juez Jorge Díaz. Pero en su discurso televisado, Vázquez dijo que trabajará para todos los puertorriqueños.

“La historia me ha traído hasta aquí sin aspiración política alguna”, afirmó. “Reconozco que no fui electa por el pueblo para este cargo (…) pero vengo de ese mismo pueblo. Soy producto de escuela pública (…) sé lo que es venir de abajo. Sé lo que es el trabajo fuerte”.

Los detractores de la nueva gobernadora alegan que la Oficina de Ética del Gobierno recibió en noviembre una denuncia sobre posibles violaciones éticas cometidas por Vázquez, quien fue acusada de participar en un caso con un sospechoso de robar propiedad del gobierno en una casa en la que vivía su hija.

Compareció ante el tribunal para enfrentar los cargos incluyendo dos violaciones de la ley ética, pero un magistrado decretó en diciembre que no había evidencias para su detención.

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