CPDH: Ley de Amnistía cercena derechos de los nicaragüenses

La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) presentó este miércoles 13 recursos por inconstitucionalidad contra dicha ley, ante la secretaria general de la CSJ.

Marcos Carmona, director de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH). LA PRENSA/Jader Flores

Dos meses después de entrada en vigencia la Ley de Amnistía (también conocida como Ley de Autoamnistía) y lejos de aplicarse a favor de los excarcelados políticos para cerrar sus causas judiciales a través de sentencias de sobreseimiento, el régimen solo archivó algunos expedientes, lo que no da seguridad jurídica a los autoconvocados, confirman abogados defensores.

La Ley de Amnistía fue aprobada el 8 de junio de 2019 en sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional dominada por el oficialismo y entró en vigencia el 10 de junio pasado, cuando fue publicada en La Gaceta, diario oficial.

Más de 30 recursos contra dicha ley

La Ley 996 fue ampliamente rechazada por diversos sectores sociales y estudiantiles, quienes presentaron más de treinta recursos por inconstitucionalidad ante la secretaría general de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por violar derechos fundamentales y humanos.

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Este viernes, un día antes de vencerse el término de sesenta días, para recurrir por inconstitucionalidad contra dicha norma, una vez entrada en vigencia, la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) presentó 13 recursos por inconstitucionalidad contra dicha ley, ante la secretaria general de la CSJ.

Piden la declaren inconstitucional y nula

Semanas antes, diferentes movimientos sociales y estudiantiles presentaron recursos por inconstitucionalidad contra dicha norma, entre los abogados de Defensores del Pueblo —coordinados por el litigante Julio Montenegro—, diferentes líderes estudiantiles —entre estos Nahiroby Olivas—, la Asociación de Madres de Abril —representadas por Francis Valdivia—, la Articulación Feminista de Nicaragua y la Unión de Presos Políticos de Nicaragua.

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Según Marcos Carmona, secretario ejecutivo de la CPDH, dicha ley cercena el derecho de las madres de las víctimas asesinadas durante las protestas contra el régimen de Daniel Ortega en el 2018 a acceder a una verdadera justicia y pedir condena para los responsables de las muertes.

“Como nicaragüenses estamos comprometidos a que estos crímenes cometidos durante las manifestaciones no queden impunes, que se restablezca la no repetición y reparación de daños”, dijo Carmona.

En el mismo sentido, la líder feminista Juanita Jiménez expresó que “el país no puede seguir repitiendo el ciclo de impunidad y es fundamental que los crímenes cometidos en el marco de la crisis política a partir del 18 de abril de 2018 deben ser debidamente investigados y sancionados”.

Tanto Carmona como Jiménez coinciden en que actualmente en Nicaragua no hay un verdadero Estado de Derecho y ni se puede confiar en que la CSJ falle a favor del pueblo y contra los recurridos Gustavo Porras como presidente de la Asamblea Nacional y Daniel Ortega Saavedra como presidente de la República, pero es necesario agotar las vías internas para poder acceder a las vías internacionales.

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“Esta ley tiene serios roces con derechos fundamentales y tratados internacionales sobre tortura, solo CPDH tiene ochenta casos de tortura (denunciados) y no pueden quedar en la impunidad”, dijo Carmona.

Liberaron a exempleado público

Mientras excarcelados políticos siguen sin sentencia de sobreseimiento, magistrados orteguistas del Tribunal de Apelaciones de Managua utilizaron la Ley de Amnistía para liberar y archivar de forma definitiva el expediente del extrabajador público Pierson Gutiérrez Solís, quien confesó haber asesinado a la médico brasileña Raynéia Da Costa Lima, “con una arma de guerra”, según nota de prensa publicada por la Policía Orteguista en su momento.

En este caso no cabía la amnistía, porque esta muerte no se dio en medio de marchas ni tranques sino que fue un delito común en la zona de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), explicaron en su momento algunos penalistas.

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En este caso se resume el verdadero trasfondo o propósito de la Ley de Amnistía orteguista, que era cubrir a sus paramilitares”, dijo una madre de los jóvenes asesinados durante las protestas cívicas en 2018, quienes aún siguen esperando acceso a la justicia.

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