Medios de comunicación críticos siguen bajo la censura de la dictadura de Daniel Ortega

Sector empresarial de Nicaragua reiteró su respaldo a los periodistas Carlos Fernando Chamorro y Miguel Mora.

Managua 08 de Agosto del 2019. Mario Arana, presidente de Amchan, Jose Adan Aguerri presidente del Cosep y Miguel Mora,periodista. Conferencia de prensa conjunta Cosep, Ancham,en relacion a los medios de comunicacion 100 por ciento noticias,y confidencial.LA PRENSA.Roberto Fonseca

Desde hace ocho meses el régimen de Daniel Ortega recrudeció la censura contra los medios de comunicación críticos, siendo el Canal 100% Noticias y el semanario Confidencial dos de los casos más emblemáticos en el país.

Este jueves, en conferencia de prensa, el presidente de Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, y el presidente de la Cámara de Comercio Americana (AmCham), Mario Arana, reiteraron su apoyo a los periodistas Miguel Mora, director de 100% Noticias, y Carlos Fernando Chamorro, de Confidencial, cuyos medios fueron saqueados y siguen invadidos por la Policía Orteguista (PO) hasta el día de hoy.

Arana manifestó que la censura a estos dos medios de comunicación es también una violación a la libertad de empresa y una violación al derecho de propiedad.

Régimen justifica su ilegalidad

Chamorro, quien se encuentre en el exilio por la persecución y las amenazas de los simpatizantes de Ortega, participó en la conferencia a través de una videollamada, en la que reveló que el Estado de Nicaragua, a través del jefe de la Policía Orteguista, Francisco Díaz, mandó un informe a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el que intenta justificar el asalto a la redacción de Confidencial, como respuesta a los recursos de amparo que ha interpuesto Chamorro, para recuperar sus bienes.

La Policía Orteguista asaltó la redacción de Confidencial la madrugada del 13 de diciembre de 2018, bajo el argumento de que era parte de una allanamiento a la organización no gubernamental Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco), pero Chamorro asegura que no tienen relación.

«El informe está fechado el 19 de febrero de 2019 y fue recibido en la Corte (CSJ) el 21 de febrero. Es un informe de ocho páginas y en la parte medular, en la página cinco, dice el comisionado Díaz: que el 13 de diciembre de 2018 entró en vigencia el decreto 8513, emitido por la Asamblea Nacional, cancelando la personería jurídica de la entidad no gubernamental Cinco, que ese mismo día, 13 de diciembre, el comisionado general Alberto Pérez Olivas, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, recibió una solicitud de la licenciada Frank Yacurey Blandón, directora auxiliar del departamento de registro y control de organismos sin fines de lucro del Ministerio de Gobernación, para que gestione ante la autoridad judicial la clausura, registro, allanamiento de morada, secuestro, ocupación de bienes de las oficinas del Cinco, que según la Policía, estaban ubicadas, del Casino Farahos de Carretera a Masaya, dos cuadras abajo, dos cuadras al Sur. En consecuencia, dice el comisionado Díaz, tomando en cuenta la urgencia de la solicitud, la Policía procedió a allanar el local de Cinco, ocupando bienes y clausurando el local», leyó Chamorro.

Mario Arana, presidente de Amcham, José Adán Aguerri, presidente de Cosep y Miguel Mora, periodista. LA PRENSA/Roberto Fonseca

Para Chamorro, ese informe de Díaz es una confesión de la ilegalidad que cometieron. «En realidad lo que hizo la Policía fue allanar con una orden administrativa, las instalaciones de tres empresas que no son la ONG Cinco, ni son propiedad de la ONG Cinco, ni están relacionadas con Cinco, sino que son empresas legalmente constituidas e inscritas en el registro mercantil, cuyos bienes, documentos legales y también bienes de sus trabajadores han sido ocupados y además, han usurpado y confiscado un inmueble que tampoco pertenece a la ONG Cinco. Lo que está demostrando la Policía con esta confesión es que asaltaron y están realizando una confiscación de facto de un medio de comunicación sin ningún sustento de legalidad», manifestó Chamorro.

Mora, quien estuvo preso por ejercer el periodismo crítico y también la Policía allanó las oficinas del medio que dirigía, denunció que los procesos en su contra y en contra de la periodista y jefa de prensa, Lucía Pineda Ubau, siguen abiertos.

«La situación de Carlos Fernando, los medios de comunicación Esta Semana, Confidencial y 100% Noticias no son un caso exclusivo de los medios de comunicación en Nicaragua, es un atentado y una violación flagrante a la libertad de empresa y a la propiedad privada. Y cuando se violan estas libertades, sumada a la libertad de expresión y de prensa, cualquier otra libertad, inclusive la vida, está expuesta a ser violada», dijo Mora.

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Confidencial, el Canal 100% Noticias y otros medios de comunicación informaron sobre la represión policial contra las protestas ciudadanas desde el 18 de abril de 2018, lo que cobró 328 vidas humanas, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El régimen también quemó las instalaciones de radios críticas por informar esos hechos y a los medios escritos les tiene retenida la materia prima.

Violaciones a la libertad de prensa

Desde el 18 de abril de 2018 se han reportado más de 712 violaciones contra el ejercicio de los periodistas, según la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh).

Entre los eventos más graves que han ocurrido está el cierre del canal 100% Noticias y encarcelamiento de su director y de su jefa de prensa, Miguel Mora Barberena y Lucía Pineda Ubau; el asalto de las oficinas de los medios de comunicación que dirige el periodista Carlos Fernando Chamorro; la retención del papel de los diarios LA PRENSA y El Nuevo Diario; la quema de Radio Darío, en León; asedio, agresión y robo a los periodistas independientes en plena cobertura.

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Según la FVBCh, 54 periodistas abandonaron el país por las amenazas del régimen orteguista. El hecho más lamentable hasta ahora es el asesinato del periodista Ángel Gahona, el 21 de abril de 2018, cuando reportaba en vivo la represión policial en la ciudad de Bluefields, Caribe Sur del país.

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