CIDH reporta más de 120 presos políticos en Nicaragua y eleva a 328 los asesinados por la represión orteguista

La CIDH en su reciente boletín sobre la situación de Nicaragua mantiene la denuncia de que continúa la represión y el estado policial, que al 31 de julio del 2019, deja un saldo de 328 personas asesinadas al incluir a Byron Murillo López (de 23 años), quien fue asesinado por la policía orteguista cuando sin orden judicial ingresó disparando a la casa del joven el pasado 17 de julio. en León. 

de 23 años, y quedaron heridos de gravedad su hermano Kenner Murillo López y Javier Feliciano Cortés Castillo, este último primo político.

Estudiantes protestan en la UCA mientras son asediados por policías. LAPRENSA/Jader Flores

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) registra más de 120 presos políticos en Nicaragua, certificándose así que el régimen orteguista incumplió el acuerdo suscrito con la oposición de que todos las personas que habrían participado en las protestas suscitadas desde el 18 de abril del 2018 sería liberadas.

La CIDH en su reciente boletín sobre la situación de Nicaragua mantiene la denuncia de que continúa la represión y el estado policial, que al 31 de julio del 2019 deja un saldo de 328 personas asesinadas al incluir a Byron Murillo López (de 23 años), quien fue asesinado por la policía orteguista cuando sin orden judicial ingresó disparando a la casa del joven el pasado 17 de julio. en León.  En ese ataque quedaron heridos de gravedad su hermano Kenner Murillo López y Javier Feliciano Cortés Castillo, este último primo político.

Las cifras de represión del régimen de Daniel Ortega contra los nicaragüenses 328 asesinatos entre ellos 24 niñas, niños y adolescentes así como 21 policías. También  permanecen privadas de libertad más de 120 personas por su involucramiento en las protestas ciudadanas, indica en su reporte el organismo que es parte de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Más de 400 profesionales de la salud despedidos,  144 estudiantes expulsados de las universidades como represalia por su participación en las protestas que desde hace casi 16 meses exigen la salida del poder de Ortega, es parte de los abusos documentados por la CIDH.

A través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), el órgano internacional denunció la persistencia de los patrones de la represión como mecanismos de censura indirecta en contra de medios de comunicación, la ocupación desproporcionada del espacio público y la prohibición de las protestas sociales.

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«En particular, el Meseni constató actos de hostigamiento policial en contra de quienes realizaron eventos en memoria de las personas asesinadas durante la operación limpieza, la negativa de la Policía para autorizar la marcha del Día del Estudiante así como la represión contra quienes intentaron manifestarse», son parte de los eventos que muestran las violaciones de los derechos humanos por parte del régimen de Daniel Ortega.

Una nueva etapa de la represión dirigida contra los organismos defensores de derechos humanos en Nicaragua es parte de la denuncia mundial por parte de la CIDH quien afirma en su boletín que «constató la intensificación del seguimiento policial y hostigamiento en contra de defensores de derechos humanos, entre ellos, integrantes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), organizaciones beneficiadas con medidas provisionales por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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Incremento de la violencia política en el interior del país

Movimientos sociales y de los campesinos han denunciado un incremento de la persecución en las zonas rurales por parte de la Policía Orteguista (PO) y los grupos paramilitares del régimen contra los opositores.

«En julio, la CIDH recibió información sobre un incremento de la violencia en las zonas rurales al interior del país y en la frontera con Honduras, lo que incluye el reporte de asesinatos de personas identificadas por la sociedad civil nicaragüense como opositoras al Gobierno», indica el informe del organismo.

La CIDH advirtió que en el país las familiares de las víctimas de la represión desconfían de las instituciones del Estado porque además temen sufrir represalias si acuden a denunciar el crimen donde la víctima es un opositor.

«La falta de independencia del Poder Judicial, el limitado acceso geográfico para medios de comunicación independientes y organizaciones de derechos humanos son factores que dificultan contar con información precisa sobre las circunstancias en que ocurren estos hechos», lamenta el organismo.

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«Al respecto, la Comisión recordó que la investigación debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. La obligación del Estado de investigar debe cumplirse diligentemente para evitar la impunidad y que este tipo de hechos vuelvan a repetirse», reclamó la CIDH.

El asedio, la censura y los ataques contra los medios de comunicación independientes también es expuesto por la organización como parte de los delitos a los derechos humanos que ha forzado a más de 90 periodistas y trabajadores de medios independientes a exiliarse. Desde el inicio de la represión se calculan que más de 76, 000 nicaragüenses huyeron a países vecinos, de acuerdo a la CIDH.

La impunidad de los crímenes cometidos por la Policía Orteguista (PO), fuerzas de choque y los paramilitares que impulsa el régimen de Ortega y su vicepresidenta designada y esposa, Rosario Murillo,  también lo señala la Comisión Interamericana en su último boletín exponiendo la liberación del paramilitar que asesinó a Rayneia Da Costa Lima, estudiante brasileña, con la aplicación de la Ley de Amnistía, conocida como autoamnistía.

 

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