Los exfiscales organizados en Acción Penal, que defienden a excarcelados políticos del régimen de Daniel Ortega y que son críticos al sistema de justicia del país, fueron víctimas este viernes de la política de asedio que ejerce el orteguismo en Nicaragua contra defensores de derechos humanos y abogados.
Según el abogado Boanerges Fornos, coordinador de Acción penal, una patrulla con tres policías, varios hombres de civil y un perro de la técnica canina se postró frente a la oficinas ubicadas en Los Robles, Managua, durante aproximadamente una hora y media.
“Es parte de la política de asedio que se vive en Nicaragua y darnos el mensaje que ya nos ubicaron, así como lo han hecho con otros grupos de abogados que defienden a presos políticos”, aseguró Fornos.
Los abogados de Acción Penal defienden al menos 21 casos de autoconvocados, entre estos el profesor Ricardo Baltodano, hermano de la exguerrillera Mónica Baltodano. Asimismo representaron a Migueliuth Sandoval, la viuda del periodista Ángel Gahona y recientemente asumieron la representación del caso de la brasileña Rayneia Da Costa Lima Rocha, asesinada en 2018 en Managua.
Además han sido críticos sobre el actuar de los miembros del sistema de justicia penal por no ceñirse a la Constitución Política de Nicaragua y demás leyes penales.
Asedio a Defensores del Pueblo
A mediados de julio el grupo de abogados aglutinados en Defensores del Pueblo y coordinados por Julio Montenegro también fue asediado con tres patrullas con al menos 20 antimotines de la Policía Orteguista (PO) quienes apostaron por tres horas frente a las oficinas del gremio de abogados independientes, también ubicada en Los Robles, Managua.
Las tres patrullas llegaron a eso de las 8:50 de la mañana con oficiales de las fuerzas especiales de la PO. Uno de los antimotines se bajó de uno de los vehículos policiales a realizar fotografías y videos al edificio donde funcionan las oficinas, relató en su momento Julio Montenegro.
Ese día estaban atendiendo a autoconvocados que presentarían denuncias por detención ilegal.
En los últimos años en Nicaragua la labor que realizan los defensores de derechos humanos se ha visto obstaculizada. Incluso se le canceló la personería jurídica al Centro Nicaragüense por los Derechos Humanos (Cenidh).
También la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tenido que otorgar medidas cautelares a varios defensores de derechos humanos en Nicaragua, entre estos a los miembros de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), por el asedio al que han sido sometidos sus miembros no solo en la oficina sino también en sus casas de habitación en los diferentes barrios y residenciales de Managua.
El asedio también se extiende a los excarcelados políticos en todos los departamentos del país y a todo el que ha manifestado su descontento con el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.