“Aquí en Nicaragua las madres no quieren que sus hijos crezcan, ¿me oye? Una no quiere que el chamaco llegue a los 17 (años de edad), porque sabe que tendrá que irse al servicio militar, a la línea de fuego. Y que tal vez no regresará nunca. Una sabe que un día se lo pueden traer al hijo en una bolsa de plástico, ¿me oye? Sólo para enterrarlo”.
Así se expresó una madre nicaragüense a principios de 1990 cuando la entrevistó el periodista del medio mexicano Proceso, Francisco Ortiz Pinchetti, y todavía existía el servicio militar obligatorio o “patriótico” en Nicaragua, el cual fue derogado hasta el 25 de abril de ese año.
Desde septiembre de 1983, cuando el Consejo de Estado (la Asamblea Nacional de ese entonces) aprobó la ley del servicio militar obligatorio para los hombres entre los 18 y los 40 años de edad, disfrazado como “patriótico”, las madres nicaragüenses comenzaron a sufrir porque veían salir a sus hijos de las casas pero no sabían si iban a regresar.
A partir de enero de 1984, los jóvenes que tenían entre 18 y 22 años de edad comenzaron a ser perseguidos por las autoridades militares y también por los miembros de la Juventud Sandinista (JS) y otras organizaciones del Frente Sandinista (FSLN). Los perseguían en sus casas, colegios, universidades, discotecas, estadios o cuadros de beisbol, en las canchas o cualquier otro centro de diversión. Hasta en las carreteras que dan acceso a los departamentos.
Los jóvenes eran retenidos y se les pedía la tarjeta de inscripción para el servicio militar y el que no la portaba iba preso o se lo llevaban a oficinas de reclutamiento. En Managua, la oficina estaba por donde hoy es Ineter. “Prevención” le llamaban. Este tipo de oficinas existían en todo el país.
De esa manera el sandinismo de los años ochenta inició las “redadas” para obligar a los jóvenes a cumplir el servicio militar. Además de los jóvenes, lo sufrían las madres.
Huir era la única opción
Arturo Martínez tenía 14 años de edad cuando abandonó el país en un bote, escapando del servicio militar obligatorio.
Cerca de las 9:00 de la noche del 12 de enero de 1985, zarpó de la comunidad Aserraderos, en Chinandega, junto a otros veinte muchachos que también huían del conflicto armado entre el “gobierno de reconstrucción nacional” y la Contrarrevolución. “Nadie quería pelear una guerra con la que no teníamos nada que ver”, recuerda Martínez, hoy de 48 años de edad.
Para entonces, asegura, a Corinto ya habían regresado muertos muchos jóvenes reclutados para la guerra, y era preferible echarse al mar que dejarse llevar a las Fuerzas Armadas Sandinistas. Luego de sufrir un naufragio en el golfo de Fonseca y salvar la vida de milagro, el grupo continuó su travesía de El Salvador a Estados Unidos; pero en el camino varios decidieron quedarse en México o Guatemala. Algunos nunca volvieron.
Como Martínez, miles de jóvenes huyeron del país para evitar el servicio militar obligatorio.
En septiembre de 1988, un total de 8,364 profesionales habían abandonado el país desde 1980, informó la Secretaría de Planificación y Presupuesto del gobierno sandinista.
La viceministra de esa entidad en ese momento, Ligia Elizondo, también indicó que desde que se había activado el servicio militar en 1983, había aumentado la cantidad de gente que salió del país. “Hemos visto que en muchos casos son padres con hijos en edades prontas al servicio”, dijo Elizondo.
“Al principio no fue así”
El general en retiro Hugo Torres señala que al principio, cuando se instauró el servicio militar, “no todo mundo iba forzado”, sino que “muchos iban con su gusto” porque sus padres y ellos mismos apoyaban a la revolución.
Ese pudo ser el caso de Henry Aguilar, quien al principio creyó que había que defender la revolución, según le enseñaron. Antes de que se promulgara la Ley del Servicio Militar Patriótico y de que ofrecer la vida se convirtiera en una obligación, entró como voluntario a un batallón de reserva y fue movilizado a la Costa Caribe Norte, propiamente a la región del Triángulo Minero. Sin embargo, afirma, estando ahí vio que no habían llegado a “conquistar” a los campesinos, sino a masacrarlos.
“Una de las experiencias fue ver gente asesinada, encontrarme con cementerios de personas que habían sido capturadas por las TPU (Tropas Pablo Úbeda). ¿Qué es lo que sucedía…? Que cuando nosotros capturábamos a un campesino, tal vez era un chavalo de 15 o 16 años, por el hecho de que alguien dijo que era un contrarrevolucionario, se le entregaba a las TPU y se encargaban de desaparecerlo”, relata Aguilar a la revista Domingo.
Regresó a Managua y se reintegró como empleado del Ministerio de Educación, pero después que se promulgara la Ley de SMP en la oficina de recursos humanos no paraban de exigirle que presentara su carné. Finalmente, un día llegó a buscarlo Prevención. Una secretaria le avisó que afuera estaban esperándolo las patrullas y Henry escapó, pero pasó escondiéndose los siguientes seis años, casi sin salir de Managua y mudándose de barrio con frecuencia para que no lo reportaran los Comités de Defensa Sandinista (CDS).
Llevaba un buen tiempo en esas cuando lo atraparon en Matagalpa. Lo bajaron de un bus de civiles, junto a otros muchachos, una técnica de “reclutamiento” bastante practicada por el Ejército. “Todo varón que se mirara crecido era carne de cañón”, recuerda. Sin embargo, dice, un militar lo dejó ir “por pesar”, porque vio que tenía esposa y que la muchacha estaba embarazada.
El general en retiro Hugo Torres explica que al principio sí había un porcentaje de padres que no estaban de acuerdo con la revolución, pero lo que más había era “fervor patriótico revolucionario”. Eso habría sido entre 1983 y 1985, porque después fue diferente, refiere Torres.
Cuando comenzaron a llegar los ataúdes con los jóvenes muertos a los barrios, “eso fue golpeando cada vez más la conciencia de la población, en el sentido de lo que significó la guerra, el horror de la guerra”, indica Torres. Fue entonces cuando las madres comenzaron a sacar a sus hijos del país y a pedir el fin de la guerra.
Las redadas
El servicio militar fue una necesidad que tuvo el ejército sandinista cuando vieron que la Contrarrevolución inició un proceso de organización y de creación de un ejército, explica el mayor en retiro Roberto Samcam.
Antes de eso a los contras se les llamaba “bandas” porque eran grupos armados disgregados que se oponían a la revolución y el sandinismo los combatía con “milicias”, hombres y mujeres de todas las edades mal armados y mal entrenados, indica Samcam. Para 1983 eso ya no podía ser. “Había que dar un salto de calidad”, expresa el exmilitar. La decisión fue tomada por la comandancia del ejército y se creó la ley.
Para obligar a los jóvenes a ir al servicio militar, los sandinistas les enviaban una citatoria. Debían ir a los centros de salud a hacerse chequeos médicos.
Para lograrlo, el sandinismo se apoyaba en la Juventud Sandinista en los barrios y en los colegios.
Las crónicas periodísticas de la época cuentan que afuera de los centros de inscripción ponían a las bandas de guerra de los colegios y con altoparlantes animaban a los jóvenes a inscribirse en el servicio militar. También les ponían música testimonial alusiva a la revolución para tocar los sentimientos patrióticos de los jóvenes. El que no iba a la cita podía caer entre tres meses y cinco años preso, además de que se le podía imponer una multa máxima de 50 dólares. Para las mujeres era voluntario el servicio.
Cuando los sandinistas vieron que las convocatorias no tenían éxito, comenzaron a buscar a los jóvenes en todos los lugares. Hasta los seminaristas eran llevados a la fuerza, a pesar de que había arreglos entre el Estado y la Iglesia para que no ocurriera eso, revelan notas periodísticas de la época.
Comenzaron a ser reclutados hasta los jóvenes que todavía no habían cumplido los 17 años pero parecían de esa edad debido a su contextura física. Las madres comenzaron a entregarles a sus hijos menores las partidas de nacimiento para que las mostraran cuando fuesen detenidos.
A todo joven que agarraban fuera de su casa le pedían la tarjeta de inscripción. Los esperaban fuera de los cines. O al que no la portaba le prohibían la entrada a clases. Y cerca de los colegios pasaban centros de inscripción móviles para facilitar las inscripciones.
Los “arriados”
En el ejército se sentía la diferencia entre el “cachorro”, que era como se les llamaba a los cumplidores del servicio militar, que iba por su voluntad y el que iba en contra de la suya.
Samcam dice que el alistado voluntario era “disciplinado, tenía un proceso de integración, cumplía sin problemas las misiones”. No había problemas con ellos.
En cambio, con los “arriados”, a como se les llamaba a los que eran reclutados por la fuerza, había muchos problemas.
Siempre presentaban problemas de indisciplina y la mayoría de las veces andaban “capeando el bulto”.
“Yo tuve casos de jóvenes que se pegaban un balazo en el pie, ya estando en el entrenamiento, para no ir al campo de batalla. Había que sacarlos al hospital. O desertaban. Hubo gente que desapareció porque se iban por caminos desconocidos”, dice Samcam.
Para el general en retiro Hugo Torres, no hubo mayores problemas con los que iban obligados al servicio militar. “Ya enlistado se integraba al entrenamiento. Ya estaban enlistados. La reacción era más de la madre”, recuerda.
El fin del Servicio Militar
En 1989 se acordaron elecciones libres en Nicaragua. Los nicaragüenses estaban cansados de la pobreza en el país. Pero principalmente de la guerra. De los muertos. Del servicio militar.
Los sandinistas fueron a elecciones creyendo que ganarían y así lo pensaron cuando hicieron el cierre de campaña. Llenaron la plaza de la revolución o de la República.
Por el otro lado, los opositores, con doña Violeta Barrios de Chamorro al frente, fueron a las elecciones prometiendo el fin de la miseria en el país, especialmente del servicio militar.
El 25 de febrero de 1990 ganó la oposición y Barrios de Chamorro se convirtió en presidente de Nicaragua. Cuando tomó posesión, el 25 de abril de ese mismo año, derogó el servicio militar patriótico. Fue un día histórico. Ese día se suspendió todo tipo de reclutamiento. Fue el fin de las redadas.
Cuando ir a la guerra es ley
De acuerdo con la Ley del Servicio Militar Patriótico (SMP), “los ciudadanos nicaragüenses del sexo masculino comprendidos entre las edades de 18 a 40 años” estaban “obligados a cumplir Servicio Militar Activo y/o de Reserva”; mientras que las “ciudadanas nicaragüenses del sexo femenino” lo cumplirían voluntariamente.
El Servicio Militar Activo iniciaba “al incorporarse el ciudadano a una Unidad o Dependencia Militar permanente para recibir instrucción militar” y “a partir de ese momento los incorporados” eran considerados “militares para todos los efectos”.
Según la ley, el período del servicio militar activo era de dos años, pero “en casos especiales” podía ser “prorrogado o reducido por el Ministro de Defensa hasta por seis meses” si las condiciones del servicio así lo requerían.
El artículo 10 del capítulo III establecía que podían ser llamados a cumplir el Servicio Militar Activo “todos los nicaragüenses a partir del primero de enero” del año en que cumplían 18 años de edad, hasta el 31 de diciembre del año en que cumplían 25 años de edad.
El SMP comprendía el Servicio Militar Activo y el Servicio Militar de Reserva. Los jóvenes en el Servicio Militar Activo eran “militares” y los ciudadanos en el Servicio Militar de Reserva, “reservistas2. Este último era conformado, entre otros, por antiguos combatientes y miembros de las milicias populares sandinistas.
La ley ordenaba que “los militares” que cumplían su Servicio Militar Activo también se incorporaran al Servicio Militar de Reserva.
El costo de la guerra
Estas son cifras que muestran el alto costo en sangre y dinero de la guerra fratricida que Nicaragua vivió de 1979 a 1990.
30,000 muertos es el mejor estimado de muertes militares de ambos bandos durante la guerra de los años ochenta en Nicaragua, de acuerdo con el documento Battle Deaths Dataset, 1946-2008, Versión 3.0, del Instituto de Búsqueda para la Paz de Oslo, Noruega.
18,963 fallecidos entre 1980 y 1986 es la única cifra oficial conocida, por un informe de 1987 del gobierno sandinista que fue desclasificado por la Oficina de Contraespionaje de la extinta Seguridad del Estado (Stasi) de la República Democrática Alemana.
17 mil millones de dólares fue el costo total de la guerra en concepto de destrucción de infraestructura y consecuencias para la economía de Nicaragua.
Además hubo 1,647 civiles muertos, 13,336 heridos, 6,990 secuestrados por la Contra y 1,350 personas desaparecidas, según registros de la época, según el general en retiro Hugo Torres.