Las elecciones libres son indispensables para la democracia. Pero fijémonos en el final de la oración: “para la democracia”. Esto quiere decir que son un medio, no un fin. El fin está en la última palabra: democracia. La lucha contra la dictadura de Ortega no es solo para sustituirla por otro gobernante, sino para restaurar la democracia. Pero esto no ocurrirá si nos limitamos a contar bien los votos sin cambiar el sistema antidemocrático en que se emiten.
En una verdadera democracia representativa el pueblo elige directamente a sus representantes y solo él tiene la potestad de cambiarlos. En ella los electos (diputados o senadores) deben su voto directamente al electorado del distrito o circunscripción al que pertenecen. Por eso deben ganarse su simpatía y responder a sus demandas. Una vez electos saben que se deben a sus electores antes que a su partido. Por eso deben tener plena libertad de conciencia y voto; pueden y deben discrepar de su partido si este le pide algo contrario a su conciencia o al interés de sus representados.
En Nicaragua los candidatos a diputados son electos en una sola plancha o lista por partido, siendo su jefe o caudillo quien determina quién va de primero, segundo, o último. Entre más arriba estén, mayores serán sus oportunidades de ser electos. En las últimas elecciones presidenciales, la convención del FSLN ratificó la autoridad completa de Ortega para que hiciera a su antojo la lista de diputados. Los efectos del sistema son obvios: los aspirantes al cargo no deben ganarse a pulso el respaldo de sus electores locales, sino el favor del caudillo. Entre más fieles le sean mejor serán sus chances de quedar arriba en la lista.
Peor aún; para anular aún más la independencia de los diputados, Ortega y sus secuaces hicieron la abominable ley del transfuguismo político, la cual pena con la pérdida de su escaño al que no vote en la línea ordenada por su partido, es decir, por el jefe o clique que lo controla. En 2016, tras serle arrebatado el PLI a Eduardo Montealegre y traspasado por orden de la CSJ a Pedro Reyes, este privó de sus escaños a 28 diputados; ¡porque no lo reconocieron como presidente! Increíble demostración del poder desproporcionado que el sistema confiere a los jefes de partido, que de un plumazo pueden anular las escogencias del “sagrado” voto popular.
Devolver el poder al pueblo, de forma que sienta que su voto vale y elige, requiere cambiar antes el inicuo sistema que rige actualmente la elección y permanencia de los supuestos representantes, y que fue diseñado precisamente para apuntalar el poder de los caudillos y premiar el servilismo.
El autor es sociólogo. Fue ministro de Educación.