La sequía de dinero por la cual atraviesa el régimen de Daniel Ortega habría impulsado una mayor venta de bienes en las instituciones del Estado, lo que le permitió obtener 11.29 millones de córdobas, superando lo presupuestado este año.
Entre enero y junio de este año, según el Informe de Ejecución Presupuestaria, el Estado de Nicaragua percibió de la venta de bienes gubernamentales 11.89 millones de córdobas, cuando la meta era recibir 1.8 millones de córdobas, lo que significó una ejecución del 633 por ciento. Mientras que el año pasado para la misma fecha habían percibido de las ventas 1.5 millones de córdobas.
Eliseo Núñez, analista político, expresó que esto indica que el Estado se está deshaciendo de mucha parte de sus bienes y eso tiene un impacto, ¿y por qué sucede esto?, porque el régimen necesita dinero y ellos están haciendo de todo para conseguirlo.
El economista Luis Murillo explicó que todos los años las instituciones del Estado, incluso privadas, hacen subastas de bienes desde mobiliarios hasta vehículos, pero no generan grandes ingresos, como este año.
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“Es evidente que el Gobierno tiene necesidad de dinero y va a buscar todos los medios para conseguir plata”, dijo Murillo.
Pero además el mismo informe detalla que en “venta de otro bienes” se recaudó 9.63 millones de córdobas, eso significó una ejecución de 2,544 por ciento.
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A finales del año pasado, una de la instituciones que hizo pública la venta de bienes fue el Ministerio de Salud, que vendió una vieja flota de vehículos, pero también lo ha hecho la Alcaldía de Managua.
Certificado policial genera ganancias
El informe de ejecución presupuestaria también da a conocer que hasta el primer semestre del 2019 los ingresos percibidos por certificados de antecedentes policial y penal, mejor conocido como récord policial, ascendieron a 11.85 millones de córdobas, cuando la meta era 142,101 córdobas, de tal manera que el grado de ejecución fue de 8,342.6 por ciento.
Murillo señaló que el aumento se da precisamente porque ahorita hay un alto nivel de desempleo y la población está buscando trabajo y uno de los requisitos que piden es el récord, “pero además cuando uno va a viajar, principalmente a Costa Rica, te piden el récord de Policía, entonces eso te refleja que la migración ha aumentado”.
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Para Núñez, ese dato refleja que la gente sigue migrando, ya sea por desempleo o persecución.
En los primeros seis meses del 2018 los ingresos percibidos por certificados de antecedentes penales ascendieron a 12.82 millones de córdobas, de los 22.36 millones de córdobas que se tenía de meta, para grado de ejecución de un 61.8 por ciento.
Seguridad privada
Por otro lado también se observa que tras la inseguridad que se ha generado en Nicaragua, más los continuos abusos de la Policía Orteguista —brazo represivo del régimen de Daniel Ortega—, habría provocado un incremento en el servicio de seguridad privada.
El informe público en el sitio web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público detalla que este año se espera un ingreso de 99 córdobas por el registro de servicio de seguridad privada, sin embargo, los ingresos percibidos por este servicio hasta la primera mitad del año han sumado 899,400 córdobas, lo que equivale a un grado de ejecución del 908,484 por ciento.
El año pasado por este servicio se habían programado ingresos por 21.93 millones de córdobas, pero al primer semestre del 2018 solo se había logrado una ejecución de 4.9 por ciento.
Roberto Cajina, experto en seguridad pública, señala que esto refleja la necesidad de demanda de seguridad que tienen los nicaragüenses, quienes no confían en la Policía, que ahora es un órgano partidario, parcializado al gobierno y que en vez de dar seguridad a la población se ha convertido en el verdugo.
“Primero esto puede ser porque ha aumentado el número de empresas de seguridad privada, por otro lado puede ser que haya un aumento en la demanda de este servicio y por lo tanto tengan que pagar más impuestos, la seguridad privada es normal en cualquier país del mundo, lo que no es normal es que el Estado no sea capaz de garantizar la seguridad de los ciudadanos naturales o jurídicos y a sus bienes”, sostuvo.
Cajina detalla que en los años ochenta no existían empresas de seguridad en Nicaragua, sino hasta inicios del noventa, y quienes conformaron estas empresas de seguridad fueron militares activos o en retiro.