El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, descartó la posibilidad de convocar a un nuevo paro nacional, esta vez de 72 horas, como lo exigen algunos sectores de la oposición.
Aguerri habló en Guatemala sobre este tema y recordó que los empresarios han hecho cuatro paros nacionales desde el estallido social de abril de 2018 y el comienzo de la sangrienta represión del régimen orteguista. Pero ahora, dijo, “la situación socioeconómica del país está cada vez más deteriorada, tenemos más gente que está quedando sin empleo”. De manera que según se desprende de lo dicho por Aguerri, no es al régimen que le causaría daño otro paro empresarial, sino a la misma empresa privada, a los trabajadores, a la población en general y a la deteriorada economía nacional.
Antes de esta opinión del presidente del Cosep, el político de la Alianza Cívica que participó en las negociaciones con el régimen, José Pallais, dijo a los periodistas que no se rechazaba la posibilidad de un nuevo paro nacional, pero es algo muy delicado que deben decidirlo todos los sectores de la oposición.
Ciertamente, el paro nacional o huelga general es una forma de lucha muy seria y compleja que no se puede decidir a la ligera y mucho menos por impulsos emocionales. Ninguna forma de lucha por el poder político se debe improvisar, pues se trata de acciones estratégicas para fortalecer al movimiento que las ejecuta y debilitar al enemigo. No tiene sentido una acción que perjudica a quienes la realizan y fortalece al adversario.
Históricamente la huelga general surgió como una forma de lucha revolucionaria contra el capitalismo. Pero en algunos casos ha sido utilizada por los empresarios para defender sus intereses, como ocurrió en Chile durante el régimen socialista de Salvador Allende.
En las condiciones actuales de Nicaragua no se puede hablar de un verdadero paro nacional o huelga general. Es apenas parcial, porque los empresarios independientes son solo una parte del empresariado nacional. La otra parte la constituyen los capitalistas sandinistas, los que se formaron con la piñata de los años ochenta y a la sombra del capitalismo de compinches promovido por la nueva dictadura de Daniel Ortega. Estos empresarios sandinistas no participan en paros contra su régimen político.
Tampoco los trabajadores y funcionarios del sector público se suman a los paros, porque están controlados sindical y políticamente por la dictadura. Y aquellos sectores que son determinantes para la fuerza y eficacia de un paro nacional, como los servicios públicos, transporte y energía, en los cuatro paros que se han realizado estuvieron con el régimen orteguista.
En realidad, en las condiciones de estancamiento político que hay en el país y la precaria situación económica que afrontan los empresarios privados independientes, como lo ha señalado el presidente del Cosep, un paro nacional que en todo caso solo puede ser parcial y tendría un valor más bien testimonial de oposición, sería como dispararse un tiro a la rodilla para causarle dolor al enemigo.