¿Obstrucción de funciones?

El texto de la acusación carece del requisito de circunstanciación del llamado hecho punible, porque omite los acontecimientos previos y posteriores al “hecho culminante” de la imputación

He aquí algunas consideraciones respecto al proceso penal seguido contra una colega abogada, a quien se acusa de ser presunta autora del delito de obstrucción de funciones.

El artículo 460 de nuestro Código Penal tipifica este delito así: Obstrucción de funciones. El que empleare intimidación o violencia para impedir u obstruir a una autoridad, funcionario o empleado público el cumplimiento de un acto propio de sus funciones, será sancionado con prisión de uno a cuatro años. Según el escrito de acusación, los hechos ocurrieron en la ciudad de Masaya, por lo tanto el juez natural competente para conocer este proceso sería el de esa jurisdicción y no el juez de Managua. Radicar el proceso en Managua trae consigo una violación a la garantía del juez natural (el del lugar de ocurrencia del hecho acusado) establecida en el artículo 34, numeral 2 de nuestra Carta Magna, lo que hace que este proceso esté viciado de nulidad absoluta según lo dispone el artículo 163, numeral 1, del Código Procesal Penal.

Sujeto activo del delito (autor del hecho) según la descripción de este tipo penal puede ser cualquier persona. El sujeto pasivo del delito (víctima) tiene que ser necesariamente una persona revestida de autoridad, ser funcionario o empleado público. En atención a ello la acusación está mal formulada porque establece como víctima del delito a la institución policial representada por el jefe de la delegación departamental en donde los hechos ocurrieron.

Según la estructura típica del delito acusado, se exige que el sujeto activo (persona acusada) haga uso de la intimidación o violencia “para” impedir u obstruir (se exige un dolo específico, así lo define el artículo 460 del Código Penal) el cumplimiento de un acto propio de sus funciones (del sujeto pasivo o víctima), de manera que el texto de la acusación por imperio del principio de legalidad debe señalar cuál es el acto funcional propio que el sujeto pasivo debía realizar y de qué manera la conducta de la persona acusada “impidió” u “obstruyó” la realización de este por parte de la presunta víctima.

El texto de la acusación carece del requisito de circunstanciación del llamado hecho punible, porque omite los acontecimientos previos y posteriores al “hecho culminante” de la imputación. Esta circunstanciación es básica no solo para un adecuado ejercicio del derecho de defensa y para alcanzar el esclarecimiento de los hechos (finalidad del proceso penal según arto. 7 CPP), sino para determinar y apreciar un elemento de la tipicidad importante a como lo es la legitimidad y legalidad de la actuación del agente de la autoridad. Si no se describen la idoneidad de la conducta de la persona acusada para una efectiva lesión del servicio público ni el acto legítimo propio de las funciones del agente, entonces el hecho imputado no representa un comportamiento típico, o sea no constituye delito.

El autor es abogado y notario.

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