El empresario leonés Ariel Terán fue condenado por una juez de Posoltega bajo las acusaciones de “desvío y aprovechamiento ilícito de agua”, delitos por los cuales fue acusado por la Procuraduría General de la República (PGR), que actúa como abogada del Estado de Nicaragua. La sentencia contra Terán, de un año y seis meses, fue confirmada a LA PRENSA por la abogada del empresario, Jessenia Aguerri.
De acuerdo con la sentencia, al empresario le fue aplicada una multa de 15,167.50 córdobas a favor del establecimiento penitenciario de Chinandega.
Luego de la sentencia la juez también giró orden de captura contra Terán, quien estaba con medidas cautelares antes de la sentencia condenatoria.
“Para mí, la sentencia contra el señor Ariel Terán fue injusta, porque la juez solamente escuchó los alegatos de la Procuraduría y el fundamento de la sentencia tampoco es un fundamento sólido, porque solamente se puso a valorar los elementos probatorios de la Procuraduría. Incluso, hay fundamentos que ni siquiera fueron dichos en juicio y no sé de dónde los sacó”, dijo la abogada Aguerri.
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Cabe recordar que Terán fue candidato a alcalde por la oposición unida en el 2008, en la ciudad de León, y lo despojaron de la comuna a través del fraude electoral del orteguismo.
Junto a Terán fue condenado también por la misma causa el señor Leonel Ernesto Rivas Montealegre, quien ya se encuentra en prisión y, de acuerdo con la abogada de Terán, está detenido en las cárceles del Chipote, en Managua.
Los hechos de la acusación
De acuerdo con la abogada del empresario y expolítico opositor, el Estado le atribuyó a su cliente una responsabilidad social que le compete al mismo Estado, que consistía en garantizar agua potable a los comunitarios que viven a los alrededores de la finca de su representado.
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Aguerri sostiene que Terán durante años ha contribuido con la comunidad Los Ranchos, en Posoltega, no solamente con abastecerla de agua, sino generándole empleo.
Según la defensora del empresario, en la finca La Concepción, ubicada en las faldas del cerro Casitas, Chinandega, y propiedad de Terán, sus antepasados instalaron una tubería de agua que ha beneficiado a los pobladores de comunidades aledañas a la propiedad donde se cultiva café.
Sin embargo, el Estado prefirió acusar a Terán de desvío y aprovechamiento ilícito de agua, una acusación injusta, dijo la abogada defensora.
PGR usa a familias de comunidad Los Ranchos
En la acusación contra el empresario, según Aguerri, la PGR usó como afectados a familias de la comunidad Los Ranchos, pretendiendo calificar de doloso y mal intencionado al empresario, lo cual durante el juicio fue rechazado por la defensa del empresario, al considerar que la familia Terán desde hace más de cuarenta años beneficia a los comunitarios con el servicio de agua.
Durante el proceso judicial, según Aguerri, los pobladores demandan agua las 24 horas, lo cual es imposible ante la escasez de agua del manantial.
LA PRENSA intentó comunicarse en varias ocasiones con el empresario, pero este no respondió su teléfono celular.
Ofreció solución
Durante el juicio, el empresario ofreció a los habitantes de Los Ranchos tubería y un tanque de dos mil quinientos litros para que puedan almacenar agua, un recurso escaso en esa zona de Chinandega. El propio Ariel Terán utiliza tanques y piletas para guardar agua en las horas en que es posible recibirla por tubería. Sin embargo, los pobladores rechazaron la oferta del expolítico opositor.