Ortega denuncia por «delitos de lesa humanidad» a Costa Rica por muerte del nicaragüense Henry Ruiz López

La Cancillería de Costa Rica y juristas independientes coincidieron en que la dictadura pretende distraer la atención de sus crímenes contra la población

Daniel Ortega y Rosario Murillo

El dictador Daniel Ortega incuba bomba de tiempo por sus castigos sociales y económicos. LA PRENSA/ TOMADO DE LA PRESIDENCIA

La Cancillería de Costa Rica y juristas independientes coincidieron en que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo pretende distraer la atención de sus crímenes contra la población, con su campaña contra el gobierno costarricense, al que denunció por “delitos de lesa humanidad” ante organismos internacionales de derechos humanos por la muerte del nicaragüense Henry Ruiz López, de 45 años.

La Cancillería orteguista denunció al Gobierno de Costa Rica por la muerte de Ruiz López y la detención de otros cinco ciudadanos por parte de la policía costarricense, ante la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y ante la Secretaría General de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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En la denuncia el régimen expresa a la CIDH y a Naciones Unidas que la muerte de Ruiz López es una “grave violación de los derechos humanos”, por lo que exige “un llamamiento público instando al Gobierno de Costa Rica que realice las investigaciones correspondientes y sancione a los responsables de este crimen”. Además de que se requiera un “informe sobre los derechos humanos violados y las medidas necesarias y urgentes para que este tipo de violaciones no se repitan en el futuro”.

“Desviar la atención”, dicen ticos

El gobierno de Carlos Alvarado reaccionó en un comunicado de su Cancillería rechazando “que hubo exceso de la fuerza durante un incidente registrado la noche del 12 de agosto” en territorio tico, así como que se trate de un asesinato la muerte del nicaragüense Ruiz López y que fuese ilegal la detención de Elmer Ruiz Ramos, Henry Ruiz Ramos, Francisco Ramón García, Francisco Javier Ramos Cárdenas y un menor de edad.

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“El Gobierno de San José no considera apropiado que Nicaragua se valga de esta situación para iniciar una nueva campaña mediática en contra de Costa Rica, tal como en el pasado reciente ha recurrido como medio para distraer la atención de los problemas internos en ese país”, reclamó la nación vecina.

Experto desenmascara trama del dictador

El jurista experto en derechos humanos Uriel Pineda afirmó que la muerte de Ruiz López es manipulada con el objetivo político de “crear en el ámbito interno confusión y tratar de ralentizar la gravedad de los delitos de lesa humanos”.

“Hay que tener claridad de que ni la CIDH ni la oficina de la alta comisionada Bachellet pueden tomar en serio los señalamientos del régimen, porque son instancias que saben que este caso no es delito de lesa humanidad. Ambos organismos son competentes para conocer de violaciones a los derechos humanos, pero no delitos de lesa humanidad. Ellos se limitan a hacer recomendaciones”, explicó Pineda.

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El régimen orteguista expulsó del país a las misiones de la CIDH y de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, porque en sus respectivos informes desnudaron la crueldad de la represión contra las protestas ciudadanas que, desde abril del 2018, han dejado al menos 328 asesinatos, torturas, violaciones, ejecuciones extrajudiciales, cientos de presos políticos y la suspensión de facto de las libertades en Nicaragua.

Aunque, precisó Pineda, los informes de la CIDH y Naciones Unidas pueden servir para que las víctimas o terceros países acusen a un Gobierno ante la Corte Penal Internacional (CPI) o se abran juicios en otros países bajo el principio de justicia universal. Nicaragua no ha ratificado los estatutos que reconocen la jurisdicción de la CPI, pero si el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas decide que un caso vaya a la CIP, no importa si el país ha ratificado los estatutos, dijo el experto.

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Pineda refirió que el régimen de Ortega y Murillo se presenta con “profunda ignorancia jurídica”, porque en su denuncia contra Costa Rica no cabe la figura de delito de lesa humanidad pues para “que ocurra debe haber una política gubernamental para atacar a un grupo determinado de personas para desaparecerlas por parte de fuerzas del Estado”.

“Sería un delito de lesa humanidad en la medida que hay una estrategia de Costa Rica de aniquilar a nicaragüenses en su territorio, lo cual es una estupidez porque más bien ha dado refugio a los miles que huyen de la represión del régimen de Ortega”, afirmó Pineda.

El incidente con los nicaragüenses

La muerte del nicaragüense Henry Ruiz López, el 12 de julio pasado, ocurrió en aguas del río Niño, en el lugar conocido como Parcelas de Villa Hermosa, en Upala, Alajuela, a dos kilómetros de la frontera con Nicaragua. Según la versión de las autoridades costarricenses, los seis nicaragüenses fueron detenidos en su territorio porque realizaban “actividades ilegales ligadas a posible contrabando de mercancía”. Se mantiene que los sujetos abrieron fuego contra la policía tica, por lo que estos respondieron. Se sostiene que a Ruiz López se le encontró herido en una de sus piernas, por lo que los agentes llamaron a la Cruz Roja, “pero cuando llegaron los socorristas determinaron que el herido ya se encontraba sin vida”.

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La versión del régimen orteguista es que los policías ticos dispararon “sin justificación alguna” contra la embarcación de los nicaragüenses y a Ruiz López lo dejaron desangrarse.

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«Que terrible tener que estar lidiando con un problema que de verdad representa delitos de humanidad», dijo Murillo esta tarde, insistiendo en culpar a la policía costarricense por haber disparado a la embarcación en la que iban los nicaragüenses.

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