El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) abordará una vez más la crisis en Nicaragua en una sesión ordinaria programada para el próximo miércoles 28 de agosto, a las 8:00 a.m. (hora de Nicaragua), según se dio a conocer este viernes en una aviso de prensa de ese organismo.
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Esta reunión fue programada en la agenda del Consejo Permanente un día después que los embajadores de Canadá y Chile pidieron incluir el tema de la crisis de Nicaragua en el orden del día de la próxima reunión del Consejo. Ambos países son integrantes del Grupo de Trabajo sobre Nicaragua, el cual está pendiente de la situación que se vive en este país desde el año pasado, cuando comenzó la represión policial y parapolicial contra las protestas civiles, y que dejó más de 325 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
También discutirán sobre Venezuela
Además de analizar la crisis política y social en Nicaragua, el aviso de prensa también detalla que en esta sesión discutirán la resolución sobre los derechos humanos en Venezuela. La sesión se celebrará en el Salón Libertador Simón Bolívar y tendrá como objetivo considerar los puntos incluidos en el orden del día adjunto, indica además el aviso.
Desde el pasado 28 de junio, cuando la Asamblea General de la OEA en Medellín, Colombia, aprobó una Resolución sobre Nicaragua, se espera que el Consejo Permanente cree una Comisión para que realice gestiones al más alto nivel, con el objetivo de buscar una solución negociada a la crisis que vive este país y entregue un informe con los resultados en un plazo máximo de 75 días.
La resolución sobre Nicaragua también establece que cuando se haya recibido el informe de esta comisión, el Consejo Permanente debe adoptar las medidas que sean necesarias, incluida, si es el caso, la convocatoria a una sesión extraordinaria de la Asamblea General, para continuar el proceso de aplicación de la Carta Democrática.
La carta se aplica cuando «en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático», según el artículo 20 de la Carta Democrática.