Este jueves comenzará la tercia por un ajuste al salario mínimo, tras permanecer congelado durante la primera mitad del año. Además del estrecho margen para negociar, la mesa de negociación afrontará un contexto económico menos favorable que en el primer semestre de este año, por lo que analistas consideran que si bien el ajuste a la paga mínima sería necesario y justo, la conveniencia del mismo está en entredicho para las empresas y los propios trabajadores.
Son nueve bloques económicos, de diez, que integran la tabla del salario mínimo en Nicaragua, los esperan los resultados de dicha tercia, que si bien, según la Ley del Salario Mínimo, debe darse entre delegados del Gobierno, sindicatos y empresa privada, lo cierto es que en los últimos años ha prevalecido la decisión directa del Ejecutivo, de corte populista.
De ahí ¿qué deben esperar los trabajadores de dichas negociaciones? ¿Cuál es el estado de la economía? ¿Por qué los economistas no están convencidos de que ajustar el salario mínimo sería una política adecuada en este momento? ¿Qué dicen los sindicatos afines al régimen de Ortega de cara a las negociaciones? ¿Qué consecuencias tendrá en el mercado laboral un posible ajuste? ¿Cuál es la posición del Ejecutivo?
Por ahora el sector privado, representado principalmente por Consejo Nicaragüense de Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme)- afín al régimen de Ortega- ha expresado que no conviene un ajuste salarial en este momento, dado al impacto de la crisis económica en las empresas y el mercado del trabajo, no obstante no ha dado por cerrada la posibilidad de abrirse a las negociaciones en la mesa.
Se desconoce si el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) tendrá un delegado en la mesa, luego que fuera excluido de las negociaciones en la primera mitad del año, y hasta hoy mantiene su demanda de un cambio político y democrático en Nicaragua para luego abordar temas de carácter económico, para superar la recesión.
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Funides no ve condiciones
La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) recuerda que en la determinación del ajuste de este salario por ley se deben tomar en cuenta dos variables: inflación y los indicadores de crecimiento económico.
Sobre el primero, hasta julio el Índice de Precio al Consumidor se ubicó en 4.06 por ciento, superior al 1.9 por ciento en igual periodo del año pasado. Y respecto del crecimiento económico, Funides indica que es difícil determinar el estado actual de la economía de manera clara, al recordar que el Banco Central mantiene sin actualizar el Índice Mensual de la Actividad Económica (IMAE) desde febrero, aunque hay indicios de que la economía no anda bien, lo que de entrada pone obstáculo a la posibilidad de mejorar el salario mínimo.
Al respecto, menciona como síntoma negativo sobre el estado de la economía la caída en la circulación de dinero, que hasta junio se había reducido ocho por ciento. “Esto nos da una idea de que probablemente la actividad económica se mantiene en contracción. Funides estima que la variación del PIB estará entre -5.4 y -6.8 por ciento”, precisa.
Funides coincide con el economista Sergio Santamaría de que si bien en la primera mitad del año una espiral alcista golpeó el poder adquisitivo de los trabajadores, lo cierto es que un ajuste salarial de este tipo presionará a un mayor deterioro de la economía, lo que producirá mayor desempleo.
“Se debe considerar que dada esta situación de contracción económica en curso no modificar el salario mínimo es la decisión más adecuada según la situación de crisis en la que se encuentran las empresas en Nicaragua. Esto no solamente por el deterioro económico, si no por las reformas tributarias y de Seguridad Social de 2019 y que generan un aumento directo en los costos de cada sector”, precisa.
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En caso de que se aplique un ajuste, Funides cree que “ vendría a debilitar aún más la situación financiera de las empresas, especialmente de las pequeñas y medianas, lo que se traduciría en mayores despidos y cierres de empresas. Más aún, esta situación de revisión continua del salario mínimo crea incertidumbre para la toma de decisiones del sector privado, lo cual profundiza la crisis en curso”.
Alzas asfixian, pero…
El economista Santamaría reconoce que las alzas “están presionando a los trabajadores” , por lo que aún no hay condiciones para que haya ajuste, considera que sería justo que se negocie un porcentaje de alivio para los salarios, aunque advierte que esto tendrá consecuencias en el mercado del trabajo y las empresas.
Por ejemplo, plantea que se puede revisar la posibilidad de al menos restituir el deslizamiento de la moneda, “porque realmente hay un quiebre en la capacidad de compra de los trabajadores”.
Los números del Banco Central indican que hasta julio la canasta básica, que está diseñada para que la adquieran dos trabajadores, ha subido más de 745.08 córdobas desde que entró en vigencia la reforma a la Ley de Concertación Tributaria en febrero pasado. En paralelo, los trabajadores y empresas soportaron un incremento en los costos de las Seguridad Social casi al mismo tiempo del brusco ajuste fiscal.
Pero además hasta junio la tarifa eléctrica acumula un alza de 9.7 por ciento, sin contar con los constantes encarecimientos de los combustibles.
Funides y Santamaría coinciden en que una mejora del salario mínimo para afrontar esas alzas puede tener un resultado contraproducente entre los que aún tienen empleo.
“Un aumento de salario mínimo resulta más bien contraproducente para el trabajador, porque a la larga termina elevando la probabilidad de ser despedido. Esto porque el recorte de personal es una medida por parte de las empresas para lidiar con los aumentos de costos que estas experimentan (por mayores impuestos y pago del INSS y ahora un potencial mayor salario mínimo) y con la reducción en sus demandas, producto de la recesión en curso”, dice el centro de pensamiento.
Reabrir la reforma tributaria una opción improbable
En medio de la disyuntiva que plantea revisar y ajustar la paga mínima en el contexto actual, Santamaría considera que una opción para desalentar la espiral alcista es reabrir la reforma tributaria que impuso el Ejecutivo, para revisar el alcance de la misma y la posibilidad de quitarle presión a los precios de los bienes de consumo.
La posibilidad de que hayan ajustes para reducir carga impositiva a los trabajadores es casi nula. Los números oficiales indican que el régimen, dada la creciente incertidumbre económica, está teniendo graves dificultades para colocar en el mercado bursátil 11,264.2 millones de córdobas en bonos, cuyos recursos servirían para cubrir un déficit presupuestaria que anda por ese mismo orden. Hasta junio solo había conseguir colocar el 2 por ciento.
Es por ello, que la reforma tributaria- que aún no ha sido lo suficientemente eficiente dado a que se impuso en una economía en recesión- es la única opción que tendría el régimen para conseguir liquidez, por lo que reabrirla para corregir medidas excesivamente recaudatorias es improbable.
Tendría un efecto transitorio en el consumo
En el contexto de caída del consumo interno, Santamaría cree que un ajuste de este salario puede ayudar a mejorar la circulación de dinero en el mercado y por ende en la demanda, sin embargo este sería transitorio.
“Habría una mejoría en el consumo, lo que pasa es que obligás a una mayor racionalización de los costos de las empresas”, afirma el economista, quien considera que si hay ajuste este no puede ser general.
Al respecto, menciona que sectores como el cafetalero se verían ahogados por incremento del salario, tomando en cuenta la caída de los precios a nivel internacional, aunque admite que si en esa actividad no se mejora la paga esto desencadenará otra crisis: la disponibilidad de mano de obra, que se iría a Costa Rica u Honduras.
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Sindicalistas van por ajuste
Los que aseguran que insistirán un ajuste son los sindicalistas, los mismos que en los primeros meses de este año avalaron la directriz bajada por el régimen de mantener congelado el salario mínimo para poder aplicar sus brutales reformas tributaria y de la seguridad social, en detrimento de los trabajadores.
De cara a las negociaciones, Luis Barbosa, sindical sandinista, empieza a desempolvar su viejo discurso contra el sector privado. Y aunque cuando se aplicaron las severas reformas no alzó su voz para cuestionarlas pese a la severidad de las mismas contra los trabajadores, ahora Barbosa asegura que defenderá una mejora para los trabajadores y califica como “cuento” el impacto que un ajuste pueda tener el empleo.
Sobre la mesa en el semestre pasado ya quedaron las propuestas, asegura Barbosa, quien señala que en esta ocasión solo irán a revisar la posibilidad de un ajuste. “Ese día, según el acuerdo, nos vamos a reunir los sindicatos y ver cuál es la mejor propuesta”, dice el sindicalista, que esta vez califica a los delegados del sector privado como “ serios y responsables”, dada la afinidad de estos con el régimen.
Entre las propuestas que quedaron en la mesa, Barbosa, dice que hay cuatro planteamientos, con ajustes que van desde tres por ciento hasta el 10 por ciento. Al ser consultado por LA PRENSA, el sindicalista esquiva hablar sobre aspectos técnicos que plantean los economistas del impacto en el empleo que tendría un ajuste en una economía en crisis e insiste en buscar responsables sobre la falta de condiciones.
“Los empresarios nunca ven condiciones para los trabajadores y siempre nos amenazan de que si hay equis incremento corren a los trabajadores, esa ha sido la posición de los empresarios toda la vida”, afirma Barbosa, quien recurre a la retórica para esquivar una discusión técnica sobre la viabilidad de un ajuste salarial en el contexto actual.
“No lo provocaron los trabajadores, verdad, usted ya sabe quiénes son los culpables, sabemos que hay desempleo, hay problema, pero nosotros no nos vamos a detener, tenemos que buscar una negociación y punto”, afirmó. “Siempre hay diez mil excusas de los empresarios para no aumentar a los trabajadores”, enfatizó.
Lo que Barbosa intenta ignorar es que la crisis política estalló el 18 de abril del año pasado, como consecuencia de una brusca reforma a la Seguridad Social, que desencadenó en una represión sangrienta que le costó la vida a más de 328 nicaragüenses, lo que ocasionó que la población ahora demande una salida del poder de Daniel Ortega, aliado de los sindicatos sandinistas.
La crisis política derivó de una inestabilidad económica que ocasionó que el Producto Interno Bruto cayera el año pasado 3.8 por ciento por la ida de la inversión extranjera, caída del consumo, mayor desempleo, golpe al turismo y creciente incertidumbre dada la negativa de Ortega de volver a la mesa de negociación con la oposición.
El sindicalista Nilo Salazar, secretario general de la CGT-Independiente, es de la postura que debe haber un ajuste en la paga mínima, aunque admite que “el crecimiento económico anda mal… pero el desgaste del poder de compra ha empeorado”, principalmente por el impacto de la reforma tributaria.
Salazar dice que el costo de dicha reforma tributaria se ha trasladado a los trabajadores, por lo que considera que es justo un ajuste tras un semestre de alzas constantes. “Debería haber un incremento mínimo en el salario de los trabajadores”, enfatiza.
Ambos sindicalistas se alinean al discurso que por años el sector privado se benefició de crecimientos económicos, lo que les generó ganancias que no compartieron con los trabajadores y que ahora es momento de que estos de los ahorros que hayan creado con esa riqueza desembolsen a favor de los salarios, golpeados por la crisis económica.
Lo cierto es que no está claro cuál será la decisión del régimen de Ortega, cuya imagen está deteriorada por la represión que aún mantiene. Pero lo cierto es que la misma crisis en sus finanzas le ha impedido aplicar a los más de 180 mil trabajadores del Estado el ajuste del cinco por ciento en el salario, en concepto de mantenimiento de valor por el deslizamiento de la moneda. Esto es a criterio de Santamaría un indicio de que la probabilidad de que haya un ajuste en la paga mínima es mínima.