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Las sangrientas consecuencias del pacto

Con motivo de haber publicado en LA PRENSA el artículo El pacto de la corrupción, fui objeto de denuestos, de personas que se identificaban liberales.

El pasado 18 de agosto de 2019, cuando se cumplieron 20 años del asesinato de mi hijo Julio, del diputado conservador José Alfonso Cuadra y de Selino. Su acompañante, me pareció el momento para contestar a los liberales reales y fingidos que alegan que aquel asesinato fue un crimen común y no un delito político.

Me consta lo que afirmaré porque personalmente acusé a los delincuentes confesos, no así a los autores intelectuales.

El trabajo de José Cuadra en la Asamblea Nacional y su éxito conquistando votos contra el pacto, tiene muchos testigos.

Que el pacto era indispensable para que los sandinistas llegaran al poder con el solo 35 por ciento de los votos, es innegable.

Que la corrupción de Arnoldo Alemán durante su mandato permitió el chantaje, está documentado.

Que todo lo que pone en peligro la estabilidad del sandinismo en el poder desaparece, es de público conocimiento.

A las 8:30 a.m. del 17 de agosto de 1999 recibí llamada del jefe de Policía de La Dalia, en la que me comunicó que Julio Enrique había sido asesinado junto a José Alfonso. Contesté que salía inmediatamente y al llegar a la propiedad de Cuadra, vi su camioneta tiroteada por ambos lados, bajo ella estaban los cadáveres. Con mi conductor y policías, sacamos los cuerpos, tuve el cuidado de contar los orificios de entrada que presentaba Julio y había recibido treinta y tres tiros de AK 47, José Alfonso tenía una cantidad mayor. El jefe de la Policía constató que en los asientos no había una sola gota de sangre y que había bastante dinero en los bolsillos de ambos, por lo que descartó que los hubieran matado dentro del vehículo y el robo como móvil.

Durante las diligencias de instrucción se me informó que un individuo de apellido Vargas, que estaba capturado, había facilitado el fusil AK a Modesto Pérez, el asesino confeso, pero se negaba declarar. Fui a Rancho Grande y cuando me encontraba conversando con Vargas, vi entrar a un oficial de la Policía quien se dirigió a la juez y le mostró los papeles que llevaba en ambas manos, diciéndole: “Aquí traigo los documentos para que me extienda la orden de libertad de Modesto Pérez Blandón”. Cuando oí el nombre me dirigí y pregunté al oficial que si defendía al reo, me contestó que era el comisionado mayor de la Policía del Departamento de Matagalpa. En ese momento la juez le contestó: estos documentos no son prueba de nada y además usted cometió abuso de autoridad, ya que trasladó al reo que está a mi orden, a Medicina Legal de Managua. El comisionado se retiró sin despedirse. Me pareció sospechoso que la máxima autoridad policial del departamento hiciera gestiones para liberar a un reo.

Ya durante el juicio, interrogué a Modesto Pérez, quien confesó el triple asesinato y que lo hizo para robarles agregando que no había robado porque le dio miedo.

Testigos de la zona manifestaron que, tras Modesto, pasó una patrulla de uniformados, compuesta de seis elementos y que cuando atacaron se oyó como un combate en tiempos de guerra, lo que justifica las más de 150 cápsulas que recogió la Policía.

Como dije, el asesinato causó la deserción de los que votarían contra el pacto, por lo tanto son culpables junto a Arnoldo Alemán y la bancada del Partido Liberal, de la instalación de la nueva dictadura y de la grave situación política, social y económica porque atraviesa Nicaragua.

El autor es abogado, fue dirigente del Partido Conservador de Nicaragua.

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