En septiembre se espera que el régimen de Daniel Ortega presente, por medio de una comisión nacional integrada por al menos catorce instancias de su dictadura, un diagnóstico sobre los casos de femicidio; sin embargo, la instauración de dicha comisión no es un elemento nuevo, sino que está contemplado en el artículo 51 de la Ley 779 o Ley integral contra la violencia hacia las mujeres, lo que demuestra que, una vez más, la dictadura no cumple con la ley, señalaron organizaciones feministas.
Ante el repunte de femicidios en el 2019, la vicepresidente Rosario Murillo anunció, como si fuesen respuestas inmediatas por parte del Estado ante la violencia contra las mujeres, la creación de dicha comisión y aseguró que además del diagnóstico se trabajará en una hoja de ruta, como parte de una estrategia de prevención y atención a las familias.
Lo que no dijo es que en la Ley 779, que está vigente desde el 2012, se establecía “la creación de la Comisión Nacional Interinstitucional de Lucha Contra la Violencia Hacia la Mujer”.
La instancia tiene entre sus objetivos “gestionar la creación del fondo especial del Estado para reparar daños a las víctimas de violencia en los servicios de recuperación y restitución de derechos”. Eveling Flores, de la Red de Mujeres Contra la Violencia, explica que las instituciones públicas no cumplen con la Ley 779, si lo hicieran, no tendrían que crear una comisión, que ya está por ley. Agrega que hay policías que no investigan, que no reciben las denuncias, que revictimizan a las mujeres.
Otra de las deudas pendientes de la comisión es la promoción y la adopción de medidas para la asignación presupuestaria enfocada en los programas de prevención, atención y sanción de la violencia hacia la mujer en los presupuestos institucionales. Para la activista del Movimiento Feminista de Nicaragua, Mirna Blandón, la formación de dicha comisión es un acto irresponsable, populista y clientelista de Murillo, quien busca moralizar a su gremio, que también está afectado como ciudadanía no solo por la violencia machista, sino por la estatal.
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Populismo con femicidio
Seylit Jackeline Parrales Sevilla estuvo a punto de morir, sobrevivió a las heridas en la yugular y seno izquierdo propinadas por su expareja Yerol Josué Álvarez. Es una de las últimas víctimas de femicidio en grado de frustración. Esta semana, personas afines al régimen visitaron a la víctima a quien le llevaron una cama, según publicaciones en la cuenta oficial de las redes sociales de un medio oficialista. Además, dijeron que darían seguimiento a su recuperación física y psicológica.
Para Blandón el acto “es una falta de respeto total y un abuso de poder, en el sentido de aprovecharse de la pobreza, de la necesidad”, a la vez, cuestionó que existe más de 50 femicidios en grado de frustración y niños y niñas que han quedado huérfanos por los 44 femicidios contabilizados hasta la fecha, y es responsabilidad del Estado resarcir el daño, proteger y garantizar condiciones para los menores.
Por su parte, Flores dijo que así como actuaron en ese caso, expresando algún tipo de solidaridad, la cual está bien, también es necesario que se haga con todas las víctimas, pero además que se castiguen a los culpables.
Exclusión de organizaciones
Pese a que las organizaciones feministas han abanderado la lucha por los derechos de las mujeres, el régimen de Daniel Ortega las ha excluido y ha dejado solo a organizaciones afines a su línea política-partidaria, señaló la feminista Mirna Blandón. Durante la crisis sociopolítica que inició el 18 de abril, las mujeres también han sufrido agresiones físicas y verbales por parte de operadores del régimen.