La recesión económica producto de la crisis sociopolítica estaría afectando fuertemente al Estado, que ha comenzado a apretarse la faja para hacerle frente a la situación. Así lo reveló un documento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, donde se explica que las plazas ocupadas y vacantes en el Estado se mantendrán en el 2020 conforme a la nómina fiscal de agosto del 2019, siendo la única excepción el Ministerio de Educación y el de Salud.
El documento detalla qué lineamientos políticos se van a seguir en los próximos tres años.
“Para el año 2020 la base del cálculo de la formulación del Proyecto de Presupuesto de Detalles de Puestos Fijos será estrictamente los puestos fijos y salarios contenidos en la nómina fiscal del mes de agosto 2019, que incluye el total de plazas ocupadas y vacantes, con sus fuentes de financiamiento”, detalla el documento.
Además el texto “Lineamientos de política para la formulación del proyecto de Presupuesto General de la República y del marco presupuestario de mediano plazo 2020-2023” señala que “las plazas vacantes afectadas por la circular MHCP-DM-E-0967-10-18, disposiciones referidas a cargos vacantes a partir del mes de octubre 2018, no deberán ser incluidas”.
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Asimismo, las instituciones cuando presenten su anteproyecto de presupuesto, deben enviar un resumen y listado de la planilla interna de cargos y salarios con su fuente de financiamiento.
El filtro que usó el Estado para despedir a parte del personal
El exgerente de la Superintendencia de Pensiones, Róger Murillo, explica que a raíz de la crisis sociopolítica muchas instituciones del Estado lo que hicieron fue mandar a jubilar a las personas que aún no se habían retirado, pero además usó otros filtros, como la asistencia a actividades políticas y quienes se negaron a participar fueron despedidos.
“Lo que hicieron en algunas instituciones del Estado fue despedir a todas las personas que tenían 60 años a más, salvo algunas excepciones de gente mayor que estaba muy metida en cuestiones políticas, que andaban como activistas fuertes, esos los han dejado, pero al no tener esa cantidad de dinero para pagar esa planilla, han estado despidiendo también a personas que sospechan que no son beligerantes en las actividades del gobierno, en las marchas, en las plazas; han estado haciendo inclusive informe de todas las personas sospechosas que no estaban de acuerdo con el Estado y las han despedido”, sostuvo Murillo.
Estadísticas del Banco Central de Nicaragua indican que en julio de 2018 había 111,588 empleados públicos, pero en enero del 2019 se había reducido a 110,781 empleados, es decir 807 empleados menos, eso sin incluir los empleados del Ministerio de Defensa y Gobernación.
Plazas en el Mined y Minsa
Igualmente, el documento señala que las excepciones serán el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, donde se espera contratar quinientos y 350 nuevos empleados, respectivamente.
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“De conformidad con la política de mayor cobertura de los servicios sociales básicos, se autoriza la contratación de nuevo personal, siendo para el Ministerio de Educación 500 plazas, de docentes de preescolar, primaria y secundaria y para el Ministerio de Salud, 350 plazas para los programas del primer y segundo nivel de atención”, señala.
Para el analista político Eliseo Núñez, la amplia planilla que tiene el régimen de Daniel Ortega no ha servido para mejorar los servicios en las instituciones y, por el contrario, los trámites se volvieron más burocráticos y deficientes.
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“Aquí el Estado se convirtió en el gran empleador, sin embargo los servicios a la población no han mejorado, son igual de deficientes que antes, la calidad educativa y de salud es baja, los servicios que presta el Estado no muestran mejoría, y lo que vemos es una duplicación del aparato estatal, sin tomar en cuenta los policías, que andan en casi veinte mil agentes policiales, ellos solo quieren mantener a su gente más fiel, porque al final el régimen tiene más adeptos a través del empleo”, dijo Núñez.
Por otra parte, Núñez señala que es sorprendente como aumentó la planilla con Ortega. “Cuando pusieron el bono para los trabajadores del Estado, para todos los que ganaban menos de 7,000 córdobas, hace como tres años andaban en 155,000 personas y con don Enrique Bolaños eran 85,000 personas, es decir que hay un supernumerario en el Estado”.
¿Habrá o no aumento salarial?
Otro punto importante es que el documento no deja claro si habrá o no aumento salarial para los trabajadores del Estado.
Sin embargo, el documento dice: “la revisión interna de la estructura organizacional de las instituciones no debe conllevar a un incremento en la masa salarial con base al Presupuesto 2019, para lo cual se deberá priorizar la afectación de asignaciones de créditos presupuestarios de plazas vacantes que disponga el organismo”.
Cada año se daba a los empleados públicos un ajuste del 5 por ciento, equivalente al deslizamiento de la moneda.
De hecho, el informe de ejecución presupuestaria hasta junio 2019 revela que mientras miles de trabajadores del Estado se quedaron sin el ajuste salarial del cinco por ciento, el régimen de Ortega decidió aumentar el gasto por remuneración o servicios personales en la Corte Suprema de Justicia y la Policía Orteguista.
Otro golpe al Seguro Social
El exgerente de la Superintendencia de Pensiones, Róger Murillo, agregó que el congelamiento de las plazas en el Estado también pone más presión al Seguro Social.
“Eso agrava la situación del Seguro Social, porque el Seguro Social va a dejar de percibir esos ingresos por cotización y al congelar la plaza, están inhibiendo que hayan nuevos trabajadores que puedan cotizar, entonces ese golpe lo sentirá el Seguro”, dijo.
Según el documento “Lineamientos de política para la formulación del proyecto de Presupuesto General de la República y del marco presupuestario de mediano plazo 2020-2023”, hasta mayo de este año la cartera de afiliados al INSS sumaba 740,805, inferior a los 853,396 que había en mayo del año pasado (112,591 menos) y menor a los 878,500 en abril del 2018.
Al comparar las estadísticas de mayo con enero de este año, un mes antes de que entrara en vigencia la reforma a la seguridad social el 1 de febrero, el Instituto ha perdido 17,003 trabajadores, lo que representa un golpe para las finanzas que urgen de “oxígeno” para evitar caer en insolvencia total.