Han pasado 16 días desde que los abogados Julio Montenegro y José López, de Defensores del Pueblo, solicitaron una copia certificada de la resolución donde magistrados de la Sala Civil Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), rechazan el recurso de amparo que pide la nulidad de la entrega de ciudadanía nicaragüense al expresidente salvadoreño Mauricio Funes Cartagena y a su familia, por supuestamente ser improcedente, sin embargo, a la fecha no la han entregado.
Para Montenegro este retraso es intencional, porque las autoridades han resuelto en menos de 24 horas, las solicitudes a favor de Funes, incluyendo el otorgamiento de asilo político, sin embargo, se han tomado todo el tiempo para emitir una simple copia certificada de la resolución.
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“Están obstaculizando el derecho que tenemos de continuar demandando la nulidad de la ciudadanía nicaragüense dada anómalamente a Funes y su núcleo familiar, ante la Corte Suprema de Justicia. Necesitamos esa copia para recurrir de hecho ante la Sala Constitucional de la CSJ, por eso no la quieren dar”, dijo Montenegro.
Funes Cartagena es señalado de corrupción estatal en su país de origen. Además, su hijo mayor también es señalado de corrupción. Este año se hizo público que ambos trabajan como asesores en Cancillería de Nicaragua, con jugosos salarios, que muchos nicaragüenses no llegan a tener.
Magistrados con doble rasero
La Sala Civil Dos del TAM , presidida por el magistrado orteguista Gerardo Rodríguez, rechazó el recurso de apelación contra las autoridades del Ministerio de Gobernación por haber otorgado de forma arbitraria la ciudadanía nicaragüense al expresidente salvadoreño Mauricio Funes Cartagena y su núcleo familiar, por supuesta improcedencia, pero los abogados recurrentes rechazan tal argumentación.
En agosto pasado los abogados Montenegro y López, presentaron el recurso de apelación contra Juan Emilio Rivas, director general de Migración y Extranjería del Ministerio de Gobernación.
“El recurso de amparo que presentamos fue resuelto en menos de 24 horas, creo que ni lo leyeron, solo dijeron que era improcedente, el asilo político se lo otorgaron a Funes en 24 horas y la nacionalidad también fue expedita, pero una simple copia no la entregan”, agregó Montenegro.
Según explicó Montenegro, todo el proceso, desde el otorgamiento de asilo político a Funes Cartagena en septiembre del 2016 «de forma expedita» por el canciller Samuel Santos, según lo manifestó en una entrevista el mismo beneficiado, hasta el otorgamiento de ciudadanía, es arbitrario porque no cumplió con los plazos establecidos en la Ley de Migración. Luego continuaron violando las leyes al otorgarle la ciudadanía en julio de 2019 sin cumplir requisitos, sin embargo fue rechazada por el Tribunal.
Ambos juristas saben que ante un poder judicial controlado por el poder Ejecutivo todas las resoluciones serán falladas en contra, pero deben seguir procedimiento legales para acudir ante instancias centroamericanas.