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CONTENIDO EXCLUSIVO.José Alberto López es un antiguo profesor de matemática. Durante 20 años se dedicó al magisterio y en marzo de este año cumplió 60 años, lo que le permitió por fin aplicar ante el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) para obtener su ansiada pensión.
Antes no había aplicado antes, es decir a los 55 años años como se lo permite la Ley de Carrera Docente, porque no había completado los 25 años de servicio que establece dicha ley para retirarse antes de los 60 años, que es la edad estipulada para la jubilación en Nicaragua.
El bajo salario promedio que devengó durante los últimos años siete años de ejercicio profesional (antes era el salario promedio de los últimos tres años), más los cambios en la fórmula de las pensiones que se puso en marcha a partir de febrero de este año tras una disposición administrativa aprobada por el Consejo Directivo del INSS, ocasionaron que la pensión a devengar resultara menor que el salario mínimo de la industria manufacturera vigente.
Es por ello que el INSS decidió otorgarle una pensión de 5,615.75 córdobas, que es el salario mínimo vigente en la industria manufactura. José dice que tenía cinco años, desde que decidió dejar la docencia y dedicarse a otro oficio en el mercado informal, contando los días para llegar a obtener su retiro, que le ha caído “como agua de mayo” para su deteriorada economía familiar.
Jubilación pudo ser mejor
Lo que José ignora es que su pensión mínima hubiese sido mayor si este año, a como se hacía cada año, el salario mínimo se hubiese ajustado, lo que le hubiese permitido hacer frente a las constantes alzas que desde principio de este año sufren los hogares a raíz del impacto de la reforma a la Ley de Concertación Tributaria, el combustible y los tarifazos eléctricos, que hasta junio superaban el nueve por ciento.
José no podrá gozar del subsidio que reciben los jubilados en las facturas eléctricas, porque la casa en la que habita no está a su nombre y tampoco el servicio eléctrico, por lo que debe asumir las alzas en la factura eléctrica.
Mal año para jubilarse
Y es que el 2019 ha sido un mal año para las nuevas pensiones no solo por el ajuste drástico a la baja que se hizo en la fórmula de cálculo de la cuantía a recibir, sino también por la decisión de mantener congelado el salario mínimo.
El pasado jueves la mesa de revisión del salario mínimo, integrada por organizaciones en su mayoría afines al Gobierno de Daniel Ortega, decidieron que en 2019 no se mejoraría la tabla salarial para más de 300 mil trabajadores, lo que tendrá un efecto en las pensiones que están próximas a aprobarse.
Según la Ley que concede beneficios adicionales a las personas jubiladas, ninguna pensión en curso de pago podrá ser inferior al 100 por ciento del salario mínimo industrial urbano vigente, determinado por la Comisión del Salario Mínimo más las asignaciones familiares.
Además el artículo 107 del Decreto 974 Ley de Seguridad Social señala que “… las pensiones cuyo salario de referencia que sirvió para su calculo fuere inferior al salario mínimo vigente en la actividad ocupacional respectiva, se procederá a su reajuste con base a dicho salario..”.
Al respecto, Róger Murillo, especialista en temas de Seguridad Social, explica que efectivamente la decisión de congelar el salario mínimo ocasionó que los que hoy estén aplicando para el retiro y caigan en la pensión mínima serán afectados por la medida estatal, porque recibirán como retiro el equivalente al salario mínimo vigente deteriorado por las constantes alzas este año.
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“Cuando una persona se jubila, si la pensión calculada sobre su salario promedio de los últimos siete años, (el monto como pensión) le da por debajo del salario mínimo, la ley le obliga al Seguro Social subir esa pensión al salario mínimo y como el salario mínimo se dejó congelado por todo este año hasta el año 2020, todas las personas que se jubilen con pensiones por debajo del salario mínimo van a tener que conformarse con el salario mínimo congelado”, explicó Murillo.
El problema es que una vez que al nuevo pensionado se le establece su cuantía de retiro mensual, el ajuste que se haga a partir de ahora será menor que los incrementos que se hagan en los salarios mínimos vigentes en los próximos años para los trabajadores, lo que ocasionará fuertes rezagos.
Desde el 2013, luego de una reforma a la Seguridad Social que también impulsó el régimen de Daniel Ortega, las pensiones mínimas se ajustan según la evolución del salario promedio de los cotizantes del Instituto Nicaragüense de Seguridad (INSS), cuyos porcentajes son menores que los ajustes anuales del salario mínimo.
Ajuste será más lento
Es decir que a partir de ahora la pensión mínima de José se ajustará según el movimiento del salario promedio de los cotizantes al INSS y no con los futuros incrementos que se hagan en el salario mínimo. Esto ocasionará un rezago en la pensión mínima de este nuevo jubilado, que recibió un retiro basado en un salario mínimo que no recuperó los más 700 córdobas que ha sufrido en incremento la canasta básica hasta julio, sin incluir lo que resta del año, principalmente diciembre que suele ser inflacionario.
El año pasado, por ejemplo, el salario promedio de los cotizantes al INSS subió 9.69 por ciento en promedio, mientras que el salario mínimo 10.40 por ciento, según reflejan cifras oficiales.
Debido a los bajos salarios en Nicaragua, más del 60 por ciento de las personas que se jubilan obtienen pensiones mínimas, lo que refleja el impacto que dicha decisión de congelar el salario mínimo ha tenido entre los pensionados de 2019 y los apliquen en los primeros meses del 2020.
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Hasta el año pasado, los 216,470 pensionados que tiene el INSS en sus distintos programas recibían una cuantía promedio mensual de 5,703.29 córdobas, lo que refleja que la mayoría de pensiones que se aprueban en el instituto están en el rango del salario mínimo.
El salario mínimo actual estará vigente hasta el 29 de febrero del 2020.
No es momento para jubilarse
“Aquí que lo tienen que hacer los trabajadores que pueden evitar jubilarse es no jubilarse. Es preferible seguir trabajando hasta morir que jubilarse, porque si usted está recibiendo un salario de 10 mil córdobas mensuales y se va a jubilar y le van a dar 4,000 pesos o el salario mínimo, mejor sigo trabajando hasta morirme para que no me castiguen con mi pensión”, afirma Murillo, quien señala que otra opción es esperar hasta que se revierta la draconiana reforma a la Seguridad Social que se implementó este año.
Según el anuario estadístico entre 7,655 y 44,046 trabajadores estarían en la edad de retiro este año. En el rango de edad de entre 55 y 59 años el año pasado habían al finalizar diciembre 44,046 trabajadores cotizantes; otros 14,510 tenían entre 60 y 64 años; y más de 7,655 tenían 64 años.
Murillo dice que los únicos que no tienen esa opción de decidir cuándo jubilarse son los trabajadores del Estado, debido a que estos están siendo obligados a pensionarse debido al problema de liquidez que sufren las finanzas públicas como consecuencia del impacto de la crisis economía tras el estallido de la inestabilidad política el año pasado.
“En el Estado con esta iliquidez que tiene para pagar, todos los gastos que necesita hacer, están obligando al trabajador, que no está politizado, que no participa mucho, que no es de la gente más beligerante de ellos, los están obligando a jubilarse. Todo el que tiene 60 años, lo manda a jubilarse, lo manda a su casa, está sufriendo porque le están dando una pensión miserable”, afirma Murillo.
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La esperanza del especialista es que la decisión política que se impuso en la reforma a la Seguridad Social, que achicó fuertemente las futuras pensiones, se revierta una vez que haya un cambio político en Nicaragua. Cuando haya un cambio político en Nicaragua “lo primero que debemos hacer es ir a revisar esta mala reforma que hizo este Gobierno y volverla a su estado original, para no afectar al trabajador”, indicó.
Murillo recuerda que la única forma para salvar al INSS de su quiebra es generando empleo formal, y esa deberá ser la apuesta tras un proceso de transición democrática.