Los diputados orteguistas aprobaron la reforma a la Ley de la Unidad de Análisis (UAF) este 4 de septiembre, en una sesión en donde se repitieron los descalificativos del diputado orteguista, Wálmaro Gutiérrez, contra los liberales por oponerse a la medida que acaba con la obligación de los abogados y notarios públicos de mantener el sigilo con la información de sus clientes.
La bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) con sus setenta diputados y dos de sus aliados de la bancada PLI-ALN, aprobaron la reforma a la Ley de la UAF impuesta por el régimen de Daniel Ortega, oficializando así que los notarios públicos y los abogados quedan como sujetos obligados a rendir informes de operaciones sospechosas ante la UAF, conforme la Ley contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Fueron 16 diputados que votaron en contra de la reforma, los 14 del Partido Liberación Constitucionalista (PLC) más el del Partido Conservador (PC), Alfredo César y Brooklyn Rivera, del indígena Yatama.
“El PC votó en contra de la reforma a la UAF porque en el país no hay Estado de derecho ni independencia de poderes del Estado, y estas facultades pueden ser utilizadas para reprimir a los notarios y sus clientes”, afirmó César.
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Miguel Rosales, del PLC, defendió la negativa de la reforma a la Ley de la UAF reclamando a los orteguistas que solo promueven las medidas que les convienen usar políticamente contra los sectores opositores, pero que “manipulan” la información porque el régimen “no tiene un real interés de combatir el crimen organizado”, por cuanto el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) hizo 33 recomendaciones a Nicaragua para que fortaleza el sistema de prevención estando pendientes 24 de cumplir desde el 2012.
“Hay muchos que no les gusta que les estemos diciendo esto, pero como Estado no estamos cumpliendo al Gafilat, por tanto no vengamos a mentir y a engañar al pueblo porque no estamos avanzando. En lugar de agarrar las 24 recomendaciones y aprovechar esta reforma e incorporarlas lo que prefieres es solo agarrar a los profesionales del derecho. ¿Por qué no las cumplimos todas?”, reclamó Rosales.
Los abogados y notarios deberán presentar reportes sospechosos sobre actividades que violen la Ley contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en una unidad especializada que debe ser creada en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde también está pendiente de establecer el procedimiento.
Será la CSJ quien discrecionalmente decida cuáles informes remita a la UAF para que inicie investigaciones y promueva acciones penales contra los ciudadanos que se les señale de cometer delitos de lavado de dinero.
Uno de los temas más controversiales es que el régimen con esta reforma a la Ley de la UAF limita el sigilo profesional de los abogados y notarios únicamente cuando representen legalmente a un ciudadano en un juicio, pero ya no será obligado a mantenerlo protegida la información en otras situaciones.
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Molestos porque les recuerdan que son un régimen violador de DD.HH.
El diputado Rosales cuestionó que con estas reformas lo que se crea es “un elefante blanco de estructuras” burocráticas que “en la realidad no tienen solidez, no funcionan”.
Como previendo de la reacción que tendría el orteguista Gutiérrez como presidente de la Comisión Económica quien dictaminó favorablemente la propuesta de reforma del régimen, el liberal Rosales dijo en el plenario que su colega “preparaba el vaso de agua, el jabón y la talla viene a darse baños de pureza, diciendo que somos un país que estamos combatiendo, que por eso nos van a dar una medalla por la meritocracia”.
“Primero que expliquen por qué Nicaragua sigue estando en la categoría del Gafilat como país en seguimiento intensificado porque no tenemos el sistema técnico listo y estamos a años luz de que nos empiecen a evaluar sobre la efectividad de las instituciones al combate al lavado de activos”, retó Rosales.
Sin embargo el orteguista Gutiérrez no hizo la aclaración sobre el incumplimiento de las 24 recomendaciones pendientes con el Gafilat. Una vez más el legislador oficialista ofendió a los liberales para intentar descalificar los planteamientos técnicos.
Para Gutiérrez el voto razonado de rechazo del PLC “ni vale ni el papel en el que fue presentado”, pues para él es “contradictorio, lleno de vergüenza legislativa”. “Está bien que haya oposición, pero una seria, responsable, que se prepare con datos y contenidos. Antes de venir aquí y abrir la boca primero hay que prepararse, no hablar con la mente vacía”, les dijo.
En el voto razonado en contra del PLC además se expone que Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han opinado en contra de las leyes contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo así como de la UAF, porque han sido usadas por el régimen de Ortega para criminalizar a los ciudadanos que desde abril del 2018 protestan exigiendo el adelanto de las elecciones.
Los PLC señalaron también que los organismos internacionales en sus informes sobre la represión a los nicaragüenses han servido de base para que gobiernos como Estados Unidos y Canadá sancionara a once funcionarios de la dictadura señalados por abusos de derechos humanos, “sanciones que inhabilitan moralmente a funcionarios de este Gobierno”.
Uno de los sancionados es el presidente de la Asamblea, el orteguista Gustavo Porras.