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CONTENIDO EXCLUSIVO.Las regulaciones al programa de sanciones para Nicaragua, designadas por el gobierno de Estados Unidos a funcionarios y entidades del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, son una mancha política para el país, ya que dejan claro que continúan las investigaciones sobre corrupción y violaciones a los derechos humanos y son una mala señal para inversionistas que están en el país y para futuras inversiones, valoró el jurista y exasesor del Congreso de Estados Unidos, Jason Poblete.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), la agencia de inteligencia financiera del Departamento del Tesoro, cuya función es planificar y ejecutar sanciones económicas y comerciales de acuerdo a objetivos en materia de seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos, publicó la regulación de las sanciones del programa creado para Nicaragua este 4 de septiembre.
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“Las regulaciones siempre se publican cuando el presidente (de Estados Unidos) determina que existe una emergencia a nivel nacional e internacional y ha hecho designaciones en el programa de sanciones Nicaragua”, dijo el jurista.
Precisamente el 27 de noviembre de 2018 el presidente Donald Trump, invocó la Ley Internacional de Poderes Económicos en casos de Emergencia (IEEPA, por sus siglas en inglés), a través de la Orden Ejecutiva 13851, que creó el programa de sanciones para Nicaragua y que estrenó la vicepresidenta designada Rosario Murillo y el asesor de Seguridad Nacional del régimen, Néstor Moncada Lau. Otros cinco funcionarios y la entidad Bancorp también son parte del programa de sanciones. Los otros cuatro sancionados se encuentran enlistados en el programa de la Ley Global Magnitsky Act, para sumar un total de 12 los sancionados en la lista OFAC, conocida como la “lista negra”.
La IEEPA permite al presidente estadounidense implementar la Ley cuando considere que existe una amenaza extraordinaria, promulgar decretos para investigar, reglamentar o prohibir transacciones internacionales.
Durante su administración, Trump ha declarado en tres ocasiones esa Ley federal de “emergencia nacional” o IEEPA, una de ellas contra el régimen Ortega Murillo por corrupción y violaciones a los derechos humanos en el contexto de las protestas que iniciaron el 18 de abril de 2018. Las otras dos declaraciones han sido para imponer sanciones a abusadores de derechos humanos y castigar a agentes extranjeros que interfieran en las elecciones de Estados Unidos.
“Esto no es una buena señal para inversionistas, no es bueno para Nicaragua que se estén publicando regulaciones, es una mancha política para Nicaragua”, indicó Poblete.
Las regulaciones establecen la continuidad de las investigaciones a un individuo o entidad que apoye al régimen Ortega Murillo y el rastreo de sus actividades.
“Es el mapa legal del programa de sanciones creado para Nicaragua. Es el mapa legal de las transacciones prohibidas, establece dónde están las excepciones y dónde se deben solicitar permisos al gobierno de Estados Unidos para entrar en negociaciones”, explicó el experto en relación a las regulaciones.
“Esto va más allá de sanciones a un individuo, esto está reforzando la política de Estados Unidos que tiene como objetivo aplicar presión no solamente a individuos sino a sectores de la economía que eventualmente se irá expandiendo (las sanciones a individuos, instituciones y a países que han apoyado en la represión al régimen) si las condiciones en Nicaragua continúan en deterioro y la corrupción continúa”, puntualizó Poblete.
Sanciones a Cuba por respaldo a Ortega
Un ejemplo de la extensión de sanciones podría ser a Cuba si esa dictadura continúa con su política de respaldar al régimen de Ortega, o en el caso de los rusos que han proporcionado recursos y realizan negocios con la dictadura Ortega Murillo.
Y es que la sección C, Definiciones Generales de las regulaciones del programa de sanciones para Nicaragua, establece con detalle cada una de las restricciones.
El inciso 582.304 sobre apoyo financiero, material o tecnológico define que el “término apoyo financiero, material o tecnológico significa cualquier propiedad, tangible o intangible, incluyendo divisas, instrumentos financieros, valores o cualquier otra transmisión de valor; armas o material relacionado, agentes químicos o biológicos, explosivos documentación o identificación falsa, equipo de comunicaciones, ordenadores, dispositivos o equipos electrónicos u otros; tecnologías, alojamiento, casas de seguridad, instalaciones, vehículos u otros medios de transporte o bienes”.
En el caso de apoyo con “tecnologías” al régimen nicaragüense establece que es la “información específica necesaria para el desarrollo, la producción o el uso de un producto, incluidos datos técnicos relacionados, como planos, diagramas, modelos, fórmulas, tablas, diseños y especificaciones de ingeniería, manuales u otras instrucciones grabadas (empleados para reprimir y violar derechos humanos)”.
Nube para Nicaragua
En base a los anterior, el jurista sostuvo que “cualquier país que está bajo una nube de sanciones de Estados Unidos crea dudas en el sector de inversiones privadas porque se convierte en un riesgo país, a ellos habría que sumarse los anuncios realizados por autoridades estadounidenses que si la situación no cambia en el país habrá nuevas sanciones”.
Las recién promulgadas regulaciones de sanciones establecen que las investigaciones continúan. “Eso indica que el gobierno de Estados Unidos sigue estudiando a personas y entidades que podrían ingresar a la lista negra”.
“En mi experiencia y en base a la política que la administración esta aplicando a Cuba y Venezuela, creo que vienen más sanciones para Nicaragua, así lo veo. Así va a continuar sin ninguna duda, para mí es una señal y es bastante serio. Yo diría que están estudiando a cualquier persona o entidad en el sector público y privado que le esté dando apoyo directo o indirecto al régimen, sería en mi opinión parte del análisis de quién y cómo van a focalizar la próxima ronda de sanciones, esa información la saben muy pocas personas, es un proceso que se realiza en varias agencias del gobierno”.
El programa de sanciones solo podría ser eliminado si hay cambios sustanciales en la restauración de la democracia en Nicaragua, “de lo contrario esto (las sanciones) no va a cambiar, tiende a incrementar si Ortega con su política de alineamiento con Cuba, Venezuela, Irán, Rusia”, apuntó el jurista Jason Poblete.