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La Policía Orteguista se ha convertido en un brazo represor del régimen Ortega-Murillo, desde que inició la crisis sociopolítica en Nicaragua, que ha dejado a más de trescientos nicaragüenses asesinados. LAPRENSA/ARCHIVO

La ONU denuncia impunidad en Nicaragua tras graves violaciones de los derechos humanos

Según la ONU, la Policía y elementos parapoliciales siguen cometiendo "graves violaciones" de los derechos humanos en un contexto de crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde el pasado 18 de abril

Los miembros del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas no tendrán que esperar hasta el 10 de septiembre para conocer en detalle la situación de los derechos humanos en Nicaragua: la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Oacnudh) ha revelado el informe que establece que la represión, la impunidad y los abusos siguen más vigentes que nunca.

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En un documento de 18 páginas, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, indicó haber documentado “graves violaciones de los derechos humanos cometidos desde mediados de abril de 2018 en el contexto de las protestas”.

Indefensión judicial, arrestos arbitrarios, desapariciones forzadas, torturas y abusos sexuales y represión, es la política orteguista.

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“Los arrestos y detenciones arbitrarios continuaron siendo un medio de represión de la expresión de la disidencia, y persistieron los casos de torturas y malos tratos a personas privadas de libertad en relación con las protestas”, precisa el documento, que pone en entredicho la actuación de la Policía Orteguista (PO) y los elementos parapoliciales.

La ONU observa que «se ha utilizado el sistema de justicia para criminalizar la disidencia y garantizar la impunidad de los responsables de las violaciones de los derechos humanos, lo que demuestra la falta de independencia del poder judicial respecto del poder ejecutivo».

El informe aborda la situación de los derechos humanos en Nicaragua del 19 de agosto de 2018 al 31 de julio de 2019 y toma como base la información recopilada por la Oacnudh en Nicaragua, Panamá y Costa Rica, con 187 entrevistas a víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos y otras fuentes, entre las cuales figuran abogados, periodistas y profesionales de la salud (96 hombres y 91 mujeres).

La oficina asegura que además realizó 96 entrevistas a distancia y 91 presenciales, más 128 reuniones con varios actores, entre ellos funcionarios gubernamentales.

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Oacnudh asegura que antes de realizar su informe envió al Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua 37 comunicaciones solicitando información detallada sobre denuncias de violaciones a los derechos humanos, recibiendo respuestas únicamente a seis consultas.

Dictadura niega sus crímenes

Una de las primeras observaciones del informe es que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo niega toda responsabilidad en la matanza de 328 personas y las heridas a más de dos mil, así como en la comisión de delitos de lesa humanidad señalados en los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

“Las autoridades consideran que la represión de las protestas en todo el país fue una respuesta legítima a un golpe de Estado fallido, negando toda responsabilidad por la violación de derechos humanos”, señala el texto.

Según el documento, el Estado de Nicaragua siguió violando el derecho a la reunión pacífica de los ciudadanos, utilizando para ello la represión policial y terceros armados que actúan como parapoliciales en contra de los manifestantes.

Policías orteguistas y delincuentes juntos

“La Policía Nacional recurrió al uso excesivo de la fuerza contra quienes intentaban manifestarse, detuvo arbitrariamente a personas que protestaban pacíficamente (en algunos casos por llevar la bandera de Nicaragua por la calle o por cantar el himno nacional), y profirió amenazas para disuadir a los manifestantes”, reza el documento.

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Del mismo modo, el informe revela la coordinación policial con los parapolicías, a quienes las Naciones Unidas identifican como “elementos progubernamentales” que actúan en misiones de persecución religiosa y de otro tipo.

“Algunos de los ataques perpetrados por elementos progubernamentales se llevaron a cabo con el consentimiento de agentes de la policía. Por ejemplo, el 15 de junio de 2019, elementos progubernamentales intimidaron, golpearon y lanzaron piedras contra las personas que asistían a un servicio religioso católico en conmemoración del primer aniversario de la muerte de un muchacho de 15 años asesinado en el contexto de las manifestaciones en 2018. La policía, desplegada fuera de la catedral, no hizo nada para impedir este ataque (en León)”, dice el texto.

Ataques a periodistas

El demoledor informe señala, además, que persiste la persecución, amenaza y ataques en general contra periodistas, medios de comunicación y defensores, entre otros: “Trabajadores de los medios de comunicación, periodistas, defensores de los derechos humanos, campesinos, personas LGBTI, estudiantes y miembros del clero católico siguieron siendo objeto de ataques, criminalización, incautación de sus bienes, intimidación, amenazas, acoso y campañas de difamación por parte de las autoridades y/o de elementos progubernamentales. Las autoridades competentes no adoptaron medidas para prevenir, investigar, procesar ni sancionar dichos actos. En algunos casos, las autoridades estatales culparon públicamente a los defensores de los derechos humanos de haber contribuido al ‘intento de golpe’”.

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Secuestros, torturas y criminalización

El documento revela, además, la comisión por parte de la dictadura de secuestros, torturas, criminalización de las protestas, juicios viciados y todo tipo de abusos contra las personas y sus derechos.

“La Oacnudh tiene motivos razonables para creer que, desde agosto de 2018, un número considerable de mujeres y hombres privados de libertad en el contexto de las protestas y luego acusados de delitos comunes, fueron sometidos a tortura y/o malos tratos, tanto físicos como psicológicos, tales como golpizas, registros corporales ilegales, amenazas de muerte y amenazas a las familias”, asevera el documento.

Abusos sexuales y  otras aberraciones

Oacnudh también documentó casos de violencia sexual y de género contra mujeres, incluso tocamientos inapropiados y amenazas de violación. “La policía y los funcionarios penitenciarios perpetraron, presuntamente, torturas y malos tratos en el momento de arrestar a personas consideradas de la oposición o durante su detención en las comisarías de policía y en el centro de detención de Managua conocido como El Chipote”.

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