La detención del autoconvocado Ulises Rivas Pérez, originario de Santo Domingo, municipio de Chontales, y quien había regresado a Nicaragua de Costa Rica hace aproximadamente tres meses, es el caso más reciente, pero no el único, de exiliados que retornan al país y son detenidos por la Policía o civiles armados. La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) registra al menos cinco casos similares.
Sin embargo, la CPDH advierte que el número de casos podría ser mayor, pero en muchas ocasiones la víctima y sus familiares no realizan la denuncia porque temen sufrir represalias por parte del régimen de Daniel Ortega.
Las denuncias que registra este organismo de derechos humanos son de exiliados que regresaron al país pensando en que la situación estaba “normal”, pero se toparon con una realidad diferente.
Pablo Cuevas, asesor legal de la CPDH, dijo que las denuncias que ha recibido la CPDH incluyen detenciones con torturas por parte de la Policía. En uno de los casos la víctima continúa en la cárcel y en otro, el exiliado que regresó se encuentra desaparecido.
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Posterior a las liberaciones, los exiliados que retornaron sufren amenazas de cárcel y muerte y el constante asedio de los CPC de sus barrios.
“Quieren (el régimen) que la gente les tengan temor y se les someta por terror. Quieren tener estricto control de todo”, argumentó Cuevas.
Desesperados por volver
Desde abril de este año, el régimen de Daniel Ortega promueve un programa “sobre el retorno voluntario asistido de los nicaragüenses en el exterior”, sin embargo diferentes voces han dicho que el programa no da garantías para que los nicaragüenses que salieron del país por la violencia regresen.
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Una de las causas que llevan a los exiliados a regresar a Nicaragua es porque “están desesperados” por volver, no tienen dinero y se dejan llevar la campaña del retorno seguro. “Ellos hablan que extrañan su Patria y aquí está su familia… y están escuchando el mensaje del gobierno de que pueden regresar, que todo está tranquilo, entonces ellos le dan el mérito de la duda”, expresó Cuevas.
Los exiliados originarios de la zona rural son las principales víctimas que se dejan llevar por la retórica del régimen.
En el caso de Ulises Rivas Pérez, amigos y familiares han dicho que el joven se fue por las amenazas de cárcel y de muerte que recibía de parte de fanáticos orteguistas y policías, ya que él se manifestó en contra de la dictadura orteguista. Pero regresó para acompañar a su papá, quien estaba en etapa terminal de cáncer, y decidió quedarse por la promesa de un trabajo y con la esperanza de que la situación se había calmado. La mañana del 1 de septiembre fue detenido por la Policía luego de jugar béisbol con sus amistades. Actualmente está siendo juzgado por los supuestos delitos de robo agravado y lesiones leves en perjuicio de tres personas.
Diomedes Reyes Hernández fue otro que también creyó en el retorno seguro. Él fue secuestrado el 27 de mayo por paramilitares y antimotines en la comunidad La Palanca, en el municipio de Quilalí, en Nueva Segovia. Aún sigue en la cárcel pese a tener suspensión de pena.