Los legisladores en la Asamblea Nacional mandaron a consultas en las Comisiones Económica y de Asuntos Exteriores los polémicos acuerdos de promoción de inversiones, comerciales y de libre visado que la dictadura de Daniel Ortega suscribió con los regímenes de Irán y Osetia del Sur.
De esa forma inició el trámite para legalizar y formalizar los pactos diplomáticos con Irán y Osetia del Sur, imponiéndose una vez más la voluntad política del régimen quien ignora las advertencias del sector empresarial, grupos de la sociedad civil y políticos opositores de que reforzar las relaciones con esos gobiernos traerá más costos que beneficios a Nicaragua.
Brooklyn Rivera, único diputado por el partido indígena Yatama, consideró “un riesgo innecesario” forzar alianzas políticas con Irán, pues duda que haya un verdadero interés es conseguir inversiones e intercambio comercial “sino que detrás hay una motivación de negocios personales” de los allegados y funcionarios de la dictadura.
El jueves pasado se pasó a la Comisión de Asuntos Exteriores y a la Económica la iniciativa del Decreto Legislativo de Aprobación del Acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones entre el Gobierno de Nicaragua y el Gobierno de la República Islámica de Irán. La próxima semana los diputados de ambas comisiones revisarán el alcance de lo pactado por el régimen e Irán el pasado 13 de agosto, en relación a relaciones comerciales, asistencia e intercambio de bienes.
Blindan negocios iraníes
El dictador Ortega es uno de los principales aliados de Irán en Latinoamérica, ambos regímenes son adversarios políticos de Estados Unidos. La administración estadounidense ha impuesto sanciones a altos funcionarios de Nicaragua por los señalamientos de violaciones a los derechos humanos y al régimen de Teherán lo calificó como “el estado terrorista número uno en el mundo”.
Pese al desinterés del sector empresarial nicaragüense de tener relaciones comerciales con Irán por el riesgo que supone perder a su principal mercado como es EE.UU., en la Asamblea Nacional los diputados orteguistas aceleran la formalización del acuerdo con el estado islámico pues la próxima semana harán la consulta citando solo a funcionarios. Una vez dictaminado el acuerdo será aprobado en el plenario lo que se espera suceda en dos semanas.
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El acuerdo entre el régimen orteguista con Irán otorga amplia protección “legal” a los empresarios y sus inversiones en ambos territorios, sobretodo en propiedades de bienes e inmuebles, acciones de participación en compañías, utilidades y ganancias y dinero por cobrar, derechos sobre propiedad intelectual, marcas y nombres comerciales y hasta derechos de búsqueda, extracción y extracción de recursos naturales.
En el artículo 6 del acuerdo hay cláusulas sobre las expropiaciones y compensaciones de las inversiones iraníes y nicaragüenses cuando existan en el otro país, blindándolas por cuanto “no deberán ser nacionalizadas, expropiadas o sujetas a medidas similares por la otra parte”. Pero de llegar a darse por “interés público”, el acuerdo establece la obligación del Estado a pagar una compensación “equivalente al valor de mercado de las inversión inmediatamente antes de que la nacionalización o expropiación” suceda.
La eliminación de visas, la exportación de servicios de ingeniería a Nicaragua y el establecimiento de empresas iraníes para su exploración de mercados latinoamericanos.
Libre visado con Osetia del Sur
Otra relación diplomática controversial establecida por el régimen orteguista es con el de la región separatista georgiana de Osetia del Sur. En la Asamblea se legalizarán dos acuerdos sobre cooperación y libre visado entre Nicaragua y Osetia del Sur, región con la que Ortega estableció relaciones diplomáticas en 2010.
La independencia de Osetia del Sur sólo ha sido reconocida por Rusia, Nicaragua, Venezuela y Nauru, una pequeña isla del Pacífico.
El acuerdo de libre visado establece que los ciudadanos de Nicaragua y de Osetia del Sur podrán ingresar a esos territorios sin requerir una visa de autorización y permanecer por un plazo de noventa días. Los representantes diplomáticos tendrán libre permanencia en tiempo de su misión.